La AEE planificaba cambiar en diciembre los interruptores en los que se originó el apagón

El área de interruptores donde ocurrió el incendio de la Central Costa Sur, que provocó el gran apagón del pasado miércoles, debió estar renovada hace cuatro meses, en diciembre de 2021. Así estaba pautado en el plan de trabajo original con el que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) accederá a $10.7 mil millones en fondos federales de recuperación. Pero, tras la entrada de LUMA en junio de 2021 para administrar el sistema de transmisión y distribución, los procesos se retrasaron y la fecha para completar las reparaciones en la central se pospuso para febrero de 2023, según se desprende de documentos del Negociado de Energía y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), revisados por el Centro de Periodismo Investigativo.  

Avería en breaker de salida de Unidad #5 de Costa Sur al 230kv ocasionó la salida de las unidades 5 y 6 de la Central. El sistema de protección del sistema eléctrico sacó de servicio el resto de las unidades que estaban generando. pic.twitter.com/ZFAR6GocY2— Autoridad de Energía Eléctrica (@AEEONLINE) April 7, 2022

Las labores de recuperación en Costa Sur, Guayanilla, incluían reemplazar cuatro interruptores de las líneas de transmisión de 230 kilovatios, porque ya cumplieron su vida útil y están obsoletos.

Pocos cambios para que la población acceda a servicios de salud cuando llegue otro huracán

El Departamento de Salud (DS), responsable de inspeccionar y aprobar los planes de desalojo de emergencia de todos los hospitales del país, solo los hace disponibles para los tres hospitales que la agencia administra.  

La Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) de la agencia no conserva copia de los planes de desalojo que se supone haya evaluado previamente y que podrían representar la diferencia entre la vida y la muerte para pacientes y empleados. La información surgió como parte de una demanda en la cual el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) le solicitó al DS varios documentos y protocolos relacionados a eventos de emergencia. “Como parte de las inspecciones que se realizan, el personal de la SARAFS revisa que dichos planes cumplan con todos los requisitos establecidos. Sin embargo, copia física, en papel, digital o de cualquier otra manera almacenada en dispositivo(s) electrónico(s) de estos planes no se le entrega al personal de la SARAFS, ni se recibe por dicho personal, ni se retiene en el expediente de las facilidades que obra en la SARAFS, por lo que el Departamento de Salud no cuenta con los mismos”, lee la certificación sometida por el DS ante el Tribunal Primera Instancia en San Juan. 

Ante la solicitud del CPI, el DS se limitó a entregar los planes de desalojo para los centros de salud que administra: el Hospital Pediátrico Universitario, el Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Universitario Ramon Ruiz Arnau. 

“Los demás hospitales públicos mencionados en la moción NO pertenecen al Departamento de Salud, estos son administrados por Corporaciones Públicas con personalidad jurídica aparte y distinta a la del Departamento de Salud, por lo que la documentación solicitada se le debe requerir a estos directamente”, expresó el DS con relación a hospitales que son administrados por otras entidades públicas tales como la Universidad de Puerto Rico y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.  

La Organización Panamericana de la Salud indica que el acceso a la información es   fundamental para mejorar la gestión pública y confianza de la ciudadanía en la preparación para eventos de emergencia. 

Falta de información sobre el acceso a los hospitales durante emergencias

Más de cuatro años después del huracán María, el DS solo cuenta con un mapa de puntos en el que se especifica la ubicación de todos los hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, centros de salud primaria y centros de diálisis en Puerto Rico. El director de Sistemas de Información Geográfica de la Junta de Planificación (JP), Rogelio González Sánchez, indicó al CPI que los mapas de rutas prioritarias en caso de emergencia, que incluyen las vías alternas que conectan con los hospitales de ocurrir colapso de carreteras y puentes, tampoco están listos y que la JP, junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras agencias, trabajan con el Centro de Operaciones de Emergencias para producir esa información.

Los niños a los que el machismo les arrebató la madre

“¿Dónde está mamá?”, pregunta el sargento Roberto Mercado a la entrada de la casa verde claro, ubicada en la urbanización La Fuente, en el municipio de Florida. 

Detrás de la ventana, un niño de 2 años responde dirigiendo la mirada hacia el suelo, a su lado. 

“Fue, para mí, una señal de que mamá estaba muerta”, cuenta el negociador de la Policía de Puerto Rico sobre el feminicidio que le tocó atender la tarde del 30 de junio de 2018. 

Emmanuel Córdova Vendrell había asesinado de un disparo a su pareja Loren Figueroa Quiñones, de 30 años, frente al hijo menor de ella, tras horas de haberla mantenido como rehén. Otro hijo de la mujer, de 8 años, había escapado corriendo de la residencia durante la discusión. Luego de cometer el crimen, el asesino se suicidó. Todo ocurrió frente al más pequeño, que fue quien, con sus pies mojados en la sangre de su mamá, vestido con pantalón corto y sin camisa, abrió la puerta de la casa a los agentes. Mercado lo cargó al hombro, mientras lloraba, y lo entregó a su abuela materna.

Cómo el mayor bufete de Estados Unidos canaliza la riqueza global hacia paraísos fiscales

Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para gestionar empresas en la capital, Kuala Lumpur, y en Hong Kong. Los fiscales afirman que este asesor y sus socios utilizaron las empresas para desviar cientos de millones de dólares procedentes de un fondo de desarrollo económico del Gobierno. Un fabricante ruso de rifles Kalashnikov, sometido a sanciones internacionales por conducta indebida, quería vender sus acciones en una gran mina de cobre a una turbia empresa de Mongolia. La venta desató una investigación por corrupción contra el entonces primer ministro de Mongolia. El gigante tecnológico Apple estaba buscando un paraíso fiscal para depositar su montaña de dinero en efectivo en el exterior.