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Mientras se prepara la celebración en marzo de 2026 del Clásico Mundial de Béisbol en suelo boricua, son varias las comunidades a lo largo y ancho del país que todavía esperan que se habiliten los parques donde se desarrollan los niños y jóvenes en esta disciplina deportiva.

A ocho años del huracán, la administración de Jenniffer González insiste en mantener el mismo protocolo de emergencia para personas electrodependientes que fracasó en las pasadas tres administraciones.

El Departamento de Educación pierde estudiantes, en parte, por un patrón de cambios continuos de escuela para los alumnos, planteles deteriorados y horarios de 12 pm a 5 pm, que resultan ser parchos para el problema de fondo: una infraestructura sin reparar, aunque hay dinero disponible.

El panorama no es alentador, pues ahora la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional supervisará personalmente cualquier subvención o adjudicación de contrato que sobrepase los $100,000 antes de obligar los fondos, dijo la agencia al CPI.

El uso del fondo expiró en junio. Esa reserva, que la Legislatura aprobó en 2020 bajo la promesa de darles liquidez a los municipios, no funcionó. El plan de Jenniffer González es usarlo para proyectos energéticos que pueden beneficiar a “otras entidades” no exclusivamente gubernamentales.

En medio de una madeja de conflictos se encuentra Eduardo Soria Rivera, quien desde enero dirige la principal oficina a cargo de la recuperación de Puerto Rico y preside la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.

El COR3, la agencia a cargo de la recuperación en Puerto Rico, le adjudica a FEMA la responsabilidad de excluir ese costo multimillonario por la metodología que usó para estimar los costos de los daños al sistema eléctrico tras los huracanes Irma y María.

Las asesorías deficientes de las empresas contratadas, combinadas con cambios de plataformas web de trabajo y enmiendas del Gobierno a las guías del programa, son las principales razones del retraso en los proyectos del PRC, a juicio de funcionarios de 10 municipios entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo.

Una investigación del CPI había evidenciado que, cuando el programa federal Disaster Case Management terminó, muchos damnificados seguían con las mismas necesidades.

Los residentes de Puerto Rico quedaron en un evidente rezago en la cantidad de fondos asignados y el tiempo en recibirlos, concluye un informe de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos al evaluar los esfuerzos de socorro y respuesta a los huracanes Harvey en Texas y María en Puerto Rico en el 2017.

Muchos centros comunales continúan en desuso tras el huracán María por falta de liquidez de los municipios para comenzar su reparaciones, o porque no hay claridad sobre las agencias de gobierno a cargo.

El proceso para que los acueductos comunitarios legalicen sus franquicias y mantengan su operación es tan enredado, burocrático y privado de apoyo técnico que desalienta a las comunidades a formalizar el sistema que les lleva agua a sus hogares ante la incapacidad de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de proveerles el servicio.

Para el titular de Agricultura, cualquier conflicto real o aparente fue resuelto con su inhibición en asuntos que la agencia tenga ante su consideración sobre sus empresas agrícolas: Agro Power Corp., AG Agro y Agriart LLC.

Un reciente estudio realizado por la Universidad de Toronto encontró que la tasa de muertes de puertorriqueños en Estados Unidos también se disparó tras el paso del huracán María.

Un 31% de los 242 sistemas de acueductos comunitarios registrados legalmente como franquicias no han solicitado los fondos de recuperación por los daños causados a la infraestructura por los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.

Ante denuncias de grupos ambientales, la empresa comenzó hoy a cambiarlas nuevamente por unas rojas LED, que son las que no afectan a la especie en peligro de extinción.