Elías Sánchez, cabildero y abogado cercano al gobernador Ricardo Rosselló, y Zoraida Buxó, exsecretaria del Departamento de Corrección y actual vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, mencionados en la historia El saqueo a los fondos públicos detrás del chat, publicada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), reaccionaron por escrito a la investigación.
En el caso de Sánchez, este alega que el reportaje “está plagado de información falsa y difamatoria”, y amenaza con demandar al CPI. “Estaré tomando las acciones legales que corresponden con el fin de proteger mi reputación y evitar que se continúe divulgando información difamatoria sobre mi persona”, advierte en su comunicación.
El CPI ofreció a Sánchez la oportunidad de una entrevista para ir sobre cada uno de los hallazgos de la investigación un día antes de la publicación de la historia, pero el cabildero rechazó esa oportunidad aduciendo que estaba de vacaciones. Las únicas y breves expresiones enviadas por Sánchez fueron publicadas en el reportaje de manera íntegra. Incluso, el CPI incluyó expresiones de Sánchez hechas en otros medios, en las que él rechaza toda alegación de corrupción de forma categórica.
En particular, Sánchez reclama que: “De ninguna manera ‘controlo’ el proceso de contratación alguna en el Gobierno de Puerto Rico… Tampoco he contado con información confidencial de ningún tipo para beneficio de clientes”. Seis fuentes vinculadas a las operaciones del Gobierno de Puerto Rico y del Partido Nuevo Progresista dijeron lo contrario al CPI. Tras la publicación de la investigación, múltiples fuentes adicionales con conocimiento directo han corroborado distintos aspectos la historia al CPI.
Sánchez presidió el Comité de Transición del gobierno entrante de Rosselló y además es participante del chat de 889 páginas revelado por el CPI, en el cual continuamente se discuten asuntos de política pública de la administración Rosselló Nevares y se intercambia información identificada por los mismos funcionarios como confidencial.
El también exdirector de campaña del gobernador alegó que “nunca me he ‘presentado sin invitación’ a dependencias a presentar ninguna propuesta ni ‘cazar’ propuestas con clientes”. Sin embargo, el Secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, indicó al CPI que: “Sí se presentó en mi oficina y pidió hablar conmigo… Me expuso que yo, en referencia a la agencia, había cometido un error en escoger el licitador que había escogido para Tu Hogar Renace”.
“En cuanto a la licitación de Tu Hogar Renace, no participé de la misma ni intervine de ningún modo en ella. Así lo constatan las propias declaraciones del Secretario de la Vivienda, quien reconoce que sostuvimos una reunión después de adjudicado el proceso. Dicha reunión fue coordinada con él y no como se expone en el artículo. El único propósito de dicha reunión, en la que acudí como abogado, fue para notificar que habría una impugnación oficial del proceso, la cual ocurrió y la Junta Revisora de Subastas nos dio la razón”.
Pero, cuando el CPI preguntó a Gil Enseñat sobre la intervención de Sánchez como cabildero, no como abogado, este fue enfático en su respuesta:
¿Considera este tipo de intervención de cabilderos apropiada?, se le preguntó. “No, no es apropiado, y te lo digo”, contestó el funcionario.
En su lista de alegaciones, Sánchez alega que: “Nunca he representado a Gila Corporation, tal declaración es también totalmente falsa”.
Pero, varias fuentes del CPI indicaron lo contrario. Y el secretario de Hacienda, Francisco Parés, confirmó a NotiCel que Sánchez llevó de la mano a la empresa MSB subsidiaria de GILA al Departamento de Hacienda para que la agencia la contratara para el cobro de deudas.
Según Parés, Sánchez estuvo presente en la primera reunión y tuvo interacción suficiente durante el proceso de selección de la empresa.
“Mira sí. En la primera reunión que yo tuve con MSB, Elías Sánchez era la persona que estaba con ellos”, afirmó Parés.
En su comunicación, Sánchez indica que: “El señor Alberto Velázquez no tiene vínculo alguno con mi familia como insinúan en su artículo. Tampoco representé a ninguna entidad en la licitación de Vital, como falsamente insinuaron”.
El CPI tiene dos fuentes que sostienen que la suegra de Sánchez, Katherine Erazo y Velázquez Piñol tienen una relación cercana que inició a mediados de los años 90 cuando ambos fueron subdirectores – uno de Finanzas y la otra de Administración – de la Compañía de Turismo, mientras Fortuño fue director de dicha agencia. El CPI constató que ambos ocuparon las mencionadas posiciones en el Gobierno de Puerto Rico.
El CPI tiene tres fuentes que ubican a Sánchez como cabildero de Triple-S y como persona cercana al principal oficial legal de la compañía, Carlos Rodríguez Ramos, quien estuvo vinculado a la administración de Luis Fortuño y aparece en fotos con Sánchez. Triple-S fue confrontado con la pregunta directa de si Sánchez o alguna de las personas vinculadas a sus negocios estaba representando a la empresa, y si los representaron en alguna manera durante la licitación de Vital, y las premisas no fueron rechazadas. Triple-S se limitó a decir que no comentará sobre investigaciones federales.
Por su parte, Zoraida Buxó indica que “no tiene como cliente a la aseguradora Triple-S o a ninguna de sus afiliadas”. Afirma, además, que “tampoco soy ni he sido socia del Lcdo. Elías F. Sánchez Sifonte, ni de ninguna de las entidades con las cuales se le ha vinculado”.
En un material promocional de WP Group, se identifica a Buxó y a Sánchez como integrantes del equipo de trabajo. La coincidencia de clientes de Sánchez y Buxó también ha sido documentada en la prensa, debido a que están, o estuvieron juntos en la firma de cabildeo WP Group.
Pero además, tres fuentes consultadas por el CPI indican que la oficina de Sánchez y Buxó ubican en el mismo lugar y que se ha visto a Sánchez en reuniones pautadas con Buxó. Igualmente, hay fuentes que ubican a Buxó haciendo visitas a las oficinas centrales de Triple-S con frecuencia.
Por su parte, sobre la empresa Carolina Catering, la cual es parte del conglomerado de Empresas Santana, Sánchez Sifonte reiteró: “No tengo y nunca he tenido relación alguna con dicha entidad ni conocimiento alguno en cuanto a este tema. A pesar de la clara negativa del Secretario de Corrección y de la Empresa en referencia, los periodistas y el medio optan por menospreciar la verdad y difamar”.
En el caso de Carolina Catering, como consta en el reportaje, varias fuentes ubican a Sánchez haciendo gestiones a favor de esta empresa.
Se indica que, según dos fuentes, en el Departamento de Corrección ocurrió una intervención indebida de Sánchez cuando la compañía Carolina Catering obtuvo un contrato de $300 millones para manejar las comisarías, lavanderías y comida en las cárceles. El contrato fue adjudicado a esta compañía a pesar de que pujó por un costo mayor al de otro competidor, Trinity. Dos fuentes dijeron al CPI que la persona responsable de intervenir en la subasta y lograr que Carolina Catering consiguiera el contrato fue Sánchez.
En la historia se consignan sin embargo, las expresiones del presidente de Carolina Catering Corporation, José Algarín. A pesar de esto, Carolina Catering envió una comunicación en la que de nuevo niega rotundamente la relación con cabilderos. Algarín indica que ni su empresa ni sus afiliadas tienen o han tenido alguna relación con el cabildero Elías Sánchez.
“Jamás hemos acudido a esta persona o algún otro cabildero a la hora de competir por un contrato, ya sea del gobierno o en el sector privado. Al igual que el pueblo de Puerto Rico, condenamos cualquier acto de corrupción venga de donde venga. Creemos en la libre empresa, y como tal, somos fieles creyentes de la transparencia en los procesos de subastas y adjudicación de contratos. Ese siempre ha sido nuestro norte,” dice la comunicación.
Añadió que, a través de los años, Carolina Catering ha participado en un sinnúmero de subastas del gobierno “sin la necesidad de hacer uso de cabilderos o personas que influyan a nuestro favor. A través de los años se nos han adjudicado algunas y otras no, en distintas administraciones. Nuestros recursos, experiencia y resultados han sido siempre nuestra carta de presentación al momento de aspirar a un nuevo negocio. No tenemos la necesidad de recurrir a terceros para lograr la adjudicación de nuevos contratos”.
Algarín exigió al CPI que revelara de inmediato los nombres de sus fuentes.
Omaya Sosa Pascual y Luis Valentín Ortiz colaboraron en esta historia.
