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¿Qué le hubiera preguntado Leopoldo a Domenech?
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¿Qué le hubiera preguntado Leopoldo a Domenech?
Pasaron cinco horas antes de que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, contestara que solo había dos personas en la junta de directores de la compañía de cabildeo Politank cuando se vendió la empresa: él y Manuel Torres Nieves. Lo dijo ya cansado y molesto, y pidió un receso.
En total, fueron casi siete horas de preguntas y respuestas dentro de un salón frío del Capitolio que lleva por nombre Leopoldo Figueroa. Días antes, en un programa de radio AM decían que a este lugar también se le conoce como “el salón de los muertos” porque suelen celebrarse allí los velatorios de figuras importantes. Ese martes, 24 de marzo, “el Leopoldo” albergó una Comisión Total en la que cada uno de los 28 senadores pudo cuestionar bajo juramento al Jefe de Gabinete de la Gobernadora, Jenniffer González Colón.
El evento se promovió como una cartelera estelar tipo pay per view. De un lado, Domenech, un abogado y cabildero que estuvo vinculado a su empresa Politank hasta literalmente el día antes de ocupar la Secretaría de la Gobernación. Del otro, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, un exfiscal y peso pesado dentro del Partido Nuevo Progresista. La expectativa alrededor de la Comisión Total creció como la espuma con cada mensaje que subió Rivera Schatz a sus redes sociales, con cada entrevista radial y televisiva que concedió, y con un interrogatorio de 15 páginas que le anticipó a Domenech y que “se filtró” a los medios de comunicación como fuego en pasto seco.
El Presidente del Senado anticipó que como resultado de la Comisión Total, habrá referidos a varias agencias.
Fotos por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
Politank ha sido uno de los flancos de la administración de Jenniffer González. Son más las preguntas que las respuestas en torno a Domenech y su salida de la compañía de cabildeo que fundó en 2009. En octubre, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reconstruyó la transacción de venta de la firma, según la versión de quien asegura ser su único dueño: Manuel Torres Nieves. Pero hubo preguntas que no contestó, como el precio de venta ni quiénes estaban en la compañía cuando ocurrió la transacción. Tampoco quedó claro cómo la compañía de repente quintuplicó su capital en 2024, el mismo año en que Politank “compró” las acciones de Domenech. Y el mismo año de las elecciones.
Aunque durante la vista pública Domenech tampoco aclaró del todo estos detalles, sí alcanzó a revelar que al momento de vender Politank había solo dos personas en la junta de directores: él y Manuel Torres Nieves.
El ambiente en el Capitolio era parecido al de la juramentación de un gobernador. Poco antes del mediodía, cuando faltaba más de una hora para iniciar, el Salón Leopoldo Figueroa ya estaba lleno. Este espacio, originalmente conocido como el Salón de Actos del Senado, lleva el nombre de Leopoldo Figueroa desde 1994, cuando el entonces presidente senatorial Roberto Rexach Benítez decidió nombrarlo así en honor a un político independentista que terminó siendo estadista. Es una especie de ballroom amplio, frío, con piso en parquet y candelabros en el techo. Para la Comisión Total, ubicaron a la prensa a un lado del salón, con sus cámaras de televisión apuntando hacia una sola silla, la de Domenech. De frente estaban los senadores en sus bancas ubicados en una plataforma alta de cuatro niveles. Detrás de la silla de Domenech, estaba el público: asesores legislativos, empleados públicos y un séquito de jefes de agencia.
Detrás de los periodistas, en un mezzanine cuyo acceso estaba acordonado, había un espacio para empleados y asesores de la Presidencia, y allí estaban la recaudadora del PNP, Katherine Erazo, y el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, quien ha sido cabildero desde que renunció al Gobierno después del Verano de 2019. En la mayoría de los recesos, Rivera Schatz entraba a ese mezzanine.
Mientras los senadores terminaban de orar antes de la vista, sonaron aplausos fuera del Leopoldo. Era el grupo que acompañaba al Secretario de la Gobernación, quien hizo su entrada agarrando con fuerza la mano de su esposa, Verónica Ferraiuoli, seguido por varios asesores.
Domenech se acercó a su silla, le tomaron juramento, se sentó, pidió 20 minutos para una exposición, Rivera Schatz le dijo que tenía 10, él insistió, y finalmente tuvo 15.
Foto por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
Después de insistir en que está totalmente desvinculado de Politank, Domenech habló de lo que, para él, era lo más importante: la democracia y cómo esta no se pierde de golpe, sino que “poquito a poquito”, “desde adentro”. Mientras Rivera Schatz escuchaba recostado hacia atrás en su silla, Domenech lo acusó de intentar usurpar la gobernación desde la Legislatura bajo distintos gobernadores, de “debilitar al Ejecutivo”, de “intimidación institucional” y de “alterar la toma de decisiones y el funcionamiento” del Gobierno con “controversias inventadas”.
El mismo jefe de gabinete de un Gobierno que actualmente intenta llevar ante el Tribunal Supremo al CPI para restringir el acceso a periodistas y que aprobó restricciones al derecho de acceso de información, se atrevió a decir que “una democracia fuerte requiere una prensa que cuestione y que fiscalice sin miedo”. Y recordó cómo el Presidente senatorial ataca a quienes lo cuestionan.
“Los sistemas democráticos no colapsan de la noche a la mañana. Cambian cuando alguien logra inclinar el balance de poder sin romperlo formalmente. Así le pasó a Venezuela después que en 1999 eligieron democráticamente a Hugo Chávez; así pasó en la Alemania de 1933 cuando Adolfo Hitler asumió de manera legítima el cargo de canciller”, continuó.
Al terminar Domenech, Rivera Schatz hizo referencia a una consulta a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) realizada el verano pasado por su esposa, Verónica Ferraiuoli, cuando decidió inhibirse de la contratación de una compañía en la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones que dirige, por ser la empresa cliente de Politank. Domenech dijo que esta consulta era extensiva a él, algo que no es cierto.
Foto por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
Rivera Schatz sacó una carta y pidió a un empleado del Senado que le entregara una copia a Domenech y también distribuyera copias a los periodistas. Le temblaba la mano al Presidente del Senado mientras le extendía la carta al empleado. Hacía frío en el Leopoldo. La carta venía de Ética Gubernamental y, contrario a lo que pensaba Domenech, decía que la consulta que realizó Ferraiuoli no era extensiva al Secretario de la Gobernación.
“Así que se equivoca licenciado Domenech. Aquí no venga a mentir ni a confundir. Aquí está la contestación de la OEG. Segundo, no estamos persiguiendo socialistas, sindicalistas ni a nadie. Lo que no vamos a permitir es el pillaje ni la corrupción de nadie, por más soberbia y prepotencia que quiera exhibir. Tan simple como eso”, dijo Rivera Schatz.
Esta fue la primera ronda de careo de varias que habría a lo largo de la tarde.
Mientras Domenech leía su mensaje inicial, Verónica Ferraiuoli exigía en la entrada del Leopoldo que dejaran pasar una caja llena de documentos y carpetas, similar a la que llevó a una entrevista con Luis Francisco Ojeda hace casi 40 años el entonces presidente de la Juventud PNP, Ángel Cintrón, y que le ganó el mote de Kid Cajita. Cintrón defendió a su amigo a capa y espada en varias entrevistas antes de la Comisión Total. ¿Sería él quien propuso a Domenech que llevara una caja de documentos?
Ferraiuoli insistió con varios empleados de seguridad del Senado hasta que finalmente entró un asesor con la caja de documentos en mano.
Más allá de acompañar a Domenech como su esposa, Ferraiuoli jugó ese día un rol protagónico de asistente. La abogada de profesión y funcionaria conoce bien el proceso de una Comisión Total, pues el año pasado, enfrentó una cuando intentó, sin éxito, ser confirmada como Secretaria de Estado. Durante el transcurso del día, Ferraiuoli se acercaba a Domenech, le hablaba al oído, impartía instrucciones a sus asesores, le entregaba notas y documentos. Cuando salían y entraban al salón Leopoldo Figueroa, ella le agarraba su mano o le ponía la suya sutilmente en la espalda mientras caminaban. Los gestos contrastaban con la imagen con la cual hace ocho años Domenech llegó al ojo público: su esposa le puso una querella de violencia doméstica. Ella luego desistió del caso y ambos han dicho que ese episodio quedó atrás.
Foto por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
Debido a que ambos trabajan en el Gobierno, tanto Ferraiuoli como Domenech presentaron ante Ética Gubernamental un recurso de inhibición aplicable a asuntos que estén relacionados a las funciones de uno u el otro. Cuando Rivera Schatz le pidió aclarar hasta dónde se extiende esta inhibición, Domenech rápido contestó que se extendía a “todos los temas”.
“Ella no puede comunicarse conmigo”, dijo.
Pero era tan visible la participación de Ferraiuoli, que el senador independentista Adrián González cuestionó su presencia, al recordar lo que ella misma dijo en su Comisión Total: que en su casa no se habla de asuntos de gobierno.
Domenech adujo que sus inhibiciones son ante la rama ejecutiva, y no la legislativa, y que ella sigue siendo su esposa.
Distinto al mecanismo de inhibición que Domenech mantiene con Ferraiuoli para evitar posibles conflictos, que está por escrito y presentado ante Ética Gubernamental, el proceso que tiene que ver con inhibirse como funcionario de asuntos relacionados con Politank y sus clientes es muy distinto. Casi al filo de la primera hora, a preguntas de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, llegó otra revelación: Ana Delgado, una empleada de su oficina, “pre interviene” cuando llegan contratos para aprobación. Si ella entiende que alguno tiene que ver con Politank o con los clientes de esa empresa, según lo que aparezca en el Registro de Cabilderos, la funcionaria no le habla del asunto, según él. No hay nada por escrito que documente este proceso. Fue una instrucción verbal, según él.
Rivera Schatz intervino y preguntó si existe algún documento que acredite el procedimiento para inhibirse y no participar de asuntos con los clientes de Politank. Domenech comenzó a dar vueltas con su contestación y aseguró que lo que importa son sus acciones al respecto.
“Le estoy preguntando, licenciado Domenech, si hay un documento escrito, y después me explica lo de las acciones porque de las acciones vamos a hablar ya mismo. Dígame si hay un documento escrito, algún procedimiento formal redactado, alguna reglamentación que rija la inhibición suya. ¿Sí o no?”, insistió el presidente senatorial.
“Un procedimiento formal por escrito, no”, contestó el Secretario de la Gobernación.
Durante siete horas, los políticos en el Salón Leopoldo Figueroa realizaron preguntas e intervenciones de todo tipo sobre asuntos bajo la jurisdicción de Domenech: el hospital de Vieques que todavía no abre; los incentivos a maestros y aumentos salariales a policías que no llegan; el futuro de la Antigua Base Roosevelt Roads que no se sabe cuándo llega; las carreteras que no se arreglan; los fondos de reconstrucción que no se distribuyen. Algunas de estas preguntas, aunque desviaban el tema, revelaron problemas mucho más profundos de falta de comunicación entre La Fortaleza y los distritos senatoriales. También hubo turnos de cinco minutos que bien podían haber sido un correo electrónico.
Hubo turnos de preguntas que parecían quedarse a medias. La senadora Joanne Rodríguez Veve preguntó sobre un memorando que nunca llamó por su nombre —memorando de cabilderos— y sobre el cual el CPI publicó ese mismo día que el Gobierno incumple con ese y otras normas que rigen el ejercicio del cabildeo en Puerto Rico.
Hubo turnos revanchistas. Un joven empleado agarró rápido su teléfono que estaba cargando para tomar video del momento en que el senador penepé Juan Oscar Morales usaba su turno para cuestionar por qué Domenech canceló sus “destaques” —empleados de otra agencia que son trasladados, junto a su sueldo, de manera temporera a otra agencia— y si era una represalia por un proyecto de ley presentado por él y que La Fortaleza no favorecía. Domenech invocó el privilegio ejecutivo cuando le preguntaron si habló con la Gobernadora para tomar lo que Morales catalogó como represalia.
Aún así, el asunto de la venta de Politank estuvo presente durante las siete horas que duró la Comisión Total. Domenech contestó que la empresa le compró sus acciones en el momento en que él era el único accionista, y que recibió un cheque de alrededor de $4 millones firmado por una empleada de Politank a quien no nombró ni le pidieron que nombrara.
Habló de algunos clientes de Politank, como Intervoice. Según una declaración jurada del exsecretario de Salud Carlos Mellado y que “se filtró” horas antes de la vista, tanto Domenech como el expresidente del Senado y empleado de Politank, Kenneth McClintock, lo presionaron para cancelar una subasta y así favorecer a esta compañía. Domenech lo despachó como una movida política de Mellado y acusó al exsecretario de mentir bajo juramento.
No fue hasta la sexta hora que llegó la línea de preguntas que reveló quizá la mayor cantidad de detalles. No vino de Eliezer Molina, ni de Joanne Rodríguez Veve, ni de los principales portavoces de minoría. Tampoco vino del presidente del Senado ni de ningún miembro de la delegación penepé. Vino de Marially González Huertas, una senadora popular utuadeña, del distrito de Ponce, quien es portavoz alterna de su partido en ese cuerpo legislativo.
La Senadora preguntó si él era el único miembro de la junta de directores al momento de la transacción de venta. Domenech dijo que no.
La Senadora preguntó si había una resolución que documentara la transacción y si se levantó un acta de esa reunión. Domenech dijo que existe una resolución.
La Senadora preguntó si la compañía tenía un excedente (“surplus”), ya que, de no tenerlo, incumple con la Ley de Corporaciones, según los abogados corporativos que analizarían más tarde los detalles de esta transacción. Domenech dijo que no recordaba.
La Senadora popular utuadeña Marially González Huertas preguntó si Politank tenía estados auditados al momento de la transacción y si alguien certificó la solvencia de la corporación. Domenech dijo que no.
Foto por Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
La Senadora preguntó si al ser el único accionista, la corporación no dejó de existir cuando vendió sus acciones. Domenech dijo que no porque, según él, la ley permite que esto ocurra cuando hay otra persona dispuesta a entrar como accionista, y que eso fue lo que ocurrió con Manuel Torres Nieves, una persona que siempre ha estado ligada al servicio público, en las posiciones de Contralor Electoral y Secretario del Senado.
Rivera Schatz intervino y le preguntó cuántas acciones había comprado Torres Nieves, quien fuera su mano derecha en el Senado en dos cuatrienios distintos. Domenech dijo que no recordaba.
Finalmente, la Senadora preguntó quién más formaba parte de la junta de directores al momento en que vendió sus acciones. Domenech dijo que solo eran él y Manuel Torres Nieves.
“El Doctor Leopoldo Figueroa Carreras, legislador, líder político, servidor público, periodista, médico y abogado, bien merece el título de Decano de los Legisladores Puertorriqueños”, lee el principio de una ley de 2006 que celebra su natalicio.
Comenzó como independentista inspirado en el amigo de la familia, José Martí, uno de los libertadores cubanos, y terminó como anexionista, primero bajo la Alianza Puertorriqueña, luego en el Partido Unión Republicana y el Partido Estadista, y finalmente como militante del PNP. Como legislador fue autor de la ley que creó los hospitales públicos en Puerto Rico. Cuando se intentó detener la inscripción del Partido Popular Democrático a finales de la década del 1930, Figueroa intervino a favor de esta colectividad que no era la suya. Años más tarde, cuando los populares ya eran mayoría, fue él quien criticó y puso nombre a lo que todavía se conoce como la ley de la mordaza. Según el líder popular Jaime Benítez, Leopoldo practicaba “el principio de la oposición leal”.
Desde la izquierda, los legisladores Hernán Padilla, Benny Frankie Cerezo y Leopoldo Figueroa.
Foto tomada del libro La convocatoria de una semilla: fundamentos y dinámicas del desarrollo constitucional de Puerto Rico, por Héctor Luis Acevedo.
La tarja que está en la entrada del salón que lleva su nombre lo describe como “uno de los políticos más sagaces y destacados de su época”.
Quizá Leopoldo hubiera comenzado por preguntarle a Domenech cómo alguien puede manejar exitosamente la campaña primarista y electoral de González Colón a la gobernación, y al mismo tiempo logra quintuplicar el capital de su compañía de cabildeo por más de $4 millones. Tal vez hubiera indagado un poco más sobre cuándo exactamente decidió venderle la empresa a Manuel Torres Nieves y cómo exactamente se dio ese proceso.
Aunque 10 de los 28 senadores presentes son egresados de alguna escuela de Derecho, Leopoldo Figueroa, quien también era abogado, hubiera tenido mucho más claro aspectos de derecho corporativo. Quizá hubiera tenido allí el informe financiero de Politank que está público en el Departamento de Estado, para mostrar el aumento vertiginoso en el capital de la compañía justo antes de que Domenech decidiera desvincularse de la compañía. Con toda probabilidad no hubieran pasado cinco horas antes de que alguien hiciera una de las preguntas más básicas sobre una entidad corporativa: quiénes componen la junta de directores.
De más está decir que Leopoldo hubiera insistido en saber el nombre de cada una de las personas vinculadas a Politank, sean empleados, contratistas o colaboradores. Hubiera querido saber, por ejemplo, cuándo fue la última vez que Domenech conversó con las únicas dos personas que están en Politank: Kenneth McClintock y Manuel Torres Nieves.
Además, tan pronto hubiera visto la declaración jurada del exsecretario de Salud Carlos Mellado en la cual asegura haberse sentido intimidado y presionado durante un encuentro con Domenech para favorecer a un cliente de Politank, quizá Leopoldo hubiera cuestionado con qué otras personas sostuvo reuniones similares a esa, después de que González ganara la primaria en el verano de 2024 y la elección en noviembre, y antes de la toma de posesión en enero.
El “Decano de los legisladores” posiblemente hubiera hurgado en los informes confidenciales de Ética, a los que tienen acceso los legisladores, para cuestionar por qué tanto Domenech como su esposa reportaron parte de los ingresos de la transacción de Politank bajo cuentas por cobrar, si en realidad se saldó todo en un solo cheque.
Preguntaría sobre sus vínculos con otros cabilderos, porque, después de todo, Puerto Rico es pequeño. Tal vez preguntaría por qué se rumoró que el cabildero Alfredo Escalera, estaba vinculado de alguna manera a Politank y qué relación mantiene con él desde que entró al Gobierno.
En una discusión sobre presuntas intervenciones indebidas de parte de cabilderos, Leopoldo incluso podría haber cuestionado al Jefe de Gabinete qué está haciendo su Gobierno para implementar las pocas normas que rigen el ejercicio del cabildeo en Puerto Rico. Nadie le cuestionó cómo puede hacer valer el mecanismo de inhibición que se inventó para casos relacionados a Politank cuando esa firma ni tan siquiera actualiza su registro de cabilderos desde febrero del 2025.
Y quizá hubiera preguntado qué llevó Domenech en aquella caja llena de documentos. ¿El cheque de venta de Politank? ¿La resolución corporativa o el acuerdo de compraventa? ¿Un registro personal de todas las veces que se ha inhibido? Se sabe que el proceso de inhibición con Politank no estaría allí porque, según él mismo admitió, nunca lo puso por escrito. Lo que importan son las acciones.
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What Would Leopoldo Have Asked Domenech?
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What Would Leopoldo Have Asked Domenech?
It took five hours for Francisco Domenech, chief of staff to Puerto Rico Gov. Jenniffer González Colón, to say that only two people sat on the board of directors of the lobbying firm Politank when it was sold: him and Manuel Torres Nieves. He gave the answer weary and irritated, then asked for a recess.
In all, there were nearly seven hours of questions and answers inside a chilly room at the Capitol named after Leopoldo Figueroa. Days earlier, an AM radio show had said the place is also known as “the room of the dead” because wakes for prominent figures are often held there. On Tuesday, March 24, “the Leopoldo” hosted a Committee of the Whole — a hearing before the full Senate — in which each of the chamber’s 28 senators could question the governor’s chief of staff under oath.
The event was billed like a pay-per-view main event. On one side was Domenech, a lawyer and lobbyist who remained tied to Politank until literally the day before taking over as chief of staff. On the other was Senate President Thomas Rivera Schatz, a former prosecutor and a heavyweight within the New Progressive Party. Anticipation around the hearing swelled with every message Rivera Schatz posted on social media, every radio and television interview he gave, and a 15-page questionnaire he sent Domenech that “leaked” to the news media like wildfire.
The Senate president said the Committee of the Whole would lead to referrals to several agencies.
Photos by Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
Politank has become one of the Jenniffer González administration’s biggest vulnerabilities. There are more questions than answers about Domenech and his exit from the lobbying firm he founded in 2009. In October, the Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reconstructed the sale of the firm based on the account of the man who says he is its sole owner, Manuel Torres Nieves. But he left key questions unanswered, including the sale price and who was involved in the company when the transaction took place. It also remained unclear how the company’s capitalization suddenly quintupled in 2024, the same year Politank “bought” Domenech’s shares. It was also an election year.
Although Domenech did not fully clear up those details during the public hearing, he did reveal that only two people sat on Politank’s board at the time of the sale: Domenech and Manuel Torres Nieves.
The atmosphere at the Capitol resembled a governor’s inauguration. Shortly before noon, with more than an hour to go before the hearing began, Leopoldo Figueroa Hall was already full. The space, originally known as the Senate Ceremonial Hall, has borne Figueroa’s name since 1994, when then-Senate President Roberto Rexach Benítez renamed it in honor of a pro-independence politician who later became a statehood advocate. It is a broad, frigid ballroom of sorts, with parquet floors and chandeliers overhead. For the Committee of the Whole, the press was placed along one side of the room, their television cameras trained on a single chair: Domenech’s. Facing him were the senators at their desks on a four-tiered platform. Behind Domenech’s chair sat the audience: legislative aides, public employees and an entourage of agency heads.
Behind the reporters, on a mezzanine cordoned off from the rest of the room, there was a reserved area for staff and advisers to the Senate president. There sat Katherine Erazo, a New Progressive Party fundraiser, and former Public Affairs Secretary Anthony Maceira, who has worked as a lobbyist since resigning from government in the aftermath of the 2019 summer protests. During most of the breaks, Rivera Schatz went up to that mezzanine.
As senators finished praying before the hearing, applause broke out outside the Leopoldo. It came from the entourage accompanying Domenech, who entered gripping the hand of his wife, Verónica Ferraiuoli, followed by several aides.
Domenech walked to his seat, was sworn in, sat down and asked for 20 minutes to make an opening statement. Rivera Schatz told him he had 10. Domenech insisted, and in the end he got 15.
Photo by Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
After insisting that he is completely disconnected from Politank, Domenech turned to what he said mattered most to him: democracy, and how it is not lost all at once, but “little by little,” “from within.” As Rivera Schatz listened, leaning back in his chair, Domenech accused him of trying to usurp the governorship from the Legislature under different governors, of “weakening the executive branch,” engaging in “institutional intimidation,” and “distorting decision-making and the functioning” of government through “manufactured controversies.”
The chief of staff of an administration now trying to bring CPI before the Puerto Rico Supreme Court to restrict journalists’ access — and that has approved limits on the right to public information — went so far as to say that “a strong democracy requires a press that questions power and holds it accountable without fear.” He also recalled how the Senate president attacks those who challenge him.
“Democratic systems do not collapse overnight. They change when someone manages to tilt the balance of power without formally breaking it. That is what happened in Venezuela after Hugo Chávez was democratically elected in 1999; that is what happened in Germany in 1933, when Adolf Hitler legitimately became chancellor,” he continued.
When Domenech finished, Rivera Schatz referred to an inquiry his wife, Verónica Ferraiuoli, made last summer to the Office of Government Ethics after she decided to recuse herself from the contracting of a company at the Puerto Rico Convention Center District Authority, which she heads, because that company was a Politank client. Domenech said that opinion also applied to him, which was not true.
Photo by Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
Rivera Schatz pulled out a letter and asked a Senate employee to hand a copy to Domenech and distribute copies to reporters as well. The Senate president’s hand trembled as he passed the letter to the employee. It was cold in the Leopoldo. The letter had come from the Office of Government Ethics and, contrary to what Domenech believed, it said that the inquiry Ferraiuoli made did not extend to the governor’s chief of staff.
“So you are mistaken, attorney Domenech. Do not come here to lie or confuse matters. Here is the Office of Government Ethics response. Second, we are not persecuting socialists, union members or anyone else. What we will not allow is theft or corruption by anyone, no matter how much arrogance and overbearing behavior they choose to display. It is as simple as that,” Rivera Schatz said.
It was the first of several face-to-face clashes that would unfold throughout the afternoon.
As Domenech read his opening statement, Verónica Ferraiuoli was at the entrance to the Leopoldo insisting that security allow in a box stuffed with documents and folders. It was reminiscent of the one Ángel Cintrón — then president of the New Progressive Party’s youth wing — brought to an interview with Luis Francisco Ojeda nearly 40 years ago, earning him the nickname “Kid Cajita,” a reference to the box he carried. Cintrón had defended his friend fiercely in several interviews before the Committee of the Whole. Was he the one who suggested that Domenech bring a box of documents?
Ferraiuoli pressed several Senate security employees until, finally, an aide walked in carrying the box.
Beyond accompanying Domenech as his wife, Ferraiuoli played a leading role that day as an aide. A lawyer by training and a government official, she knows the Committee of the Whole process well. Last year, she faced one herself when she unsuccessfully sought confirmation as secretary of state. Throughout the day, Ferraiuoli approached Domenech, whispered in his ear, gave instructions to his advisers, and handed him notes and documents. As they entered and left Leopoldo Figueroa Hall, she held his hand or lightly placed hers on his back as they walked. The gestures stood in stark contrast to the image that first thrust Domenech into public view eight years ago: his wife filed a domestic violence complaint against him. She later withdrew the case, and both have said that episode is behind them.
Photo by Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
Because both work in government, Ferraiuoli and Domenech filed recusal requests with the Office of Government Ethics covering matters related to each other’s official duties. When Rivera Schatz asked how far that recusal extended, Domenech quickly replied that it applied to “all issues.”
“She cannot communicate with me,” he said.
But Ferraiuoli’s involvement was so visible that independence Sen. Adrián González questioned her presence, recalling what she herself had said during her own Committee of the Whole hearing: that government matters are not discussed in their home.
Domenech argued that their recusals apply within the executive branch, not the legislative branch, and that she remains his wife.
Unlike the recusal mechanism Domenech has in place with Ferraiuoli to avoid potential conflicts — which is in writing and filed with the Office of Government Ethics — the process he says he follows to recuse himself from matters involving Politank and its clients is very different. Almost an hour into the hearing, another disclosure emerged in response to questions from independence Sen. María de Lourdes Santiago: Ana Delgado, an employee in his office, does a preliminary review when contracts arrive for approval. If she believes any of them involve Politank or that firm’s clients, based on what appears in the Lobbyist Registry, she does not discuss the matter with him, he said. There is nothing in writing documenting that process. It was a verbal instruction, according to Domenech.
Rivera Schatz jumped in and asked whether any document exists setting out the procedure for recusing himself from matters involving Politank’s clients. Domenech began circling around the question and said what mattered was how he acted in practice.
“I am asking you, attorney Domenech, whether there is a written document, and afterward you can explain the actions, because we are about to talk about those. Tell me whether there is a written document, any formal written procedure, any rule governing your recusal. Yes or no?” the Senate president pressed.
“A formal written procedure, no,” Domenech replied.
For seven hours, lawmakers in Leopoldo Figueroa Hall fired off questions and made all kinds of statements about matters under Domenech’s jurisdiction: the hospital in Vieques that still has not opened; incentive payments for teachers and salary raises for police officers that have yet to arrive; the future of the former Roosevelt Roads Naval Station, still in limbo; roads that remain unrepaired; reconstruction funds that have not been disbursed. Some of those questions, although off topic, exposed a much deeper problem: the lack of communication between La Fortaleza, the governor’s mansion, and the Senate districts. There were also five-minute speaking turns that just as easily could have been an email.
Some rounds of questioning seemed to trail off without getting anywhere. Sen. Joanne Rodríguez Veve asked about a memorandum she never referred to by name — the lobbyists’ memorandum — which CPI reported on that same day, revealing that the government is failing to comply with it and with other rules governing lobbying in Puerto Rico.
There were also retaliatory turns. A young staffer quickly grabbed the phone he had been charging to record the moment when New Progressive Party Sen. Juan Oscar Morales used his time to question why Domenech had canceled his detail assignments — employees temporarily transferred from one agency to another, with their salaries following them — and whether it was retaliation for a bill he had introduced that La Fortaleza opposed. Domenech invoked executive privilege when asked whether he had spoken with the governor before taking what Morales described as a retaliatory action.
Even so, the sale of Politank remained a central issue throughout the Committee of the Whole’s seven-hour session. Domenech said the company bought his shares at a time when he was its sole shareholder, and that he received a check for about $4 million signed by a Politank employee whose name he did not disclose and whom no one asked him to identify.
He also spoke about some of Politank’s clients, including Intervoice. According to a sworn statement by former Health Secretary Carlos Mellado that “leaked” hours before the hearing, both Domenech and Kenneth McClintock — the former Senate president and a Politank employee — pressured him to cancel a bidding process in order to benefit that company. Domenech dismissed it as a political move by Mellado and accused the former secretary of lying under oath.
It was not until the sixth hour that the line of questioning emerged that may have revealed the most. It did not come from Eliezer Molina, Joanne Rodríguez Veve or the minority’s main spokespeople. It did not come from the Senate president or from any member of the New Progressive Party delegation. It came from Marially González Huertas, a Popular Democratic Party senator from Utuado who represents the Ponce district and serves as her party’s alternate spokesperson in the chamber.
The senator asked whether he had been the only member of the board of directors at the time of the sale. Domenech said no.
The senator asked whether there was a resolution documenting the transaction and whether minutes had been taken at that meeting. Domenech said there was a resolution.
The senator asked whether the company had a surplus because, if it did not, it would be in violation of Puerto Rico’s General Corporations Act, according to corporate lawyers who would later examine the details of the transaction. Domenech said he did not remember.
Popular Party Senator Marially González Huertas, from Utuado, asked whether Politank had audited financial statements at the time of the transaction and whether anyone had certified the corporation’s solvency. Domenech said no.
Photo by Norenid Feliciano | Centro de Periodismo Investigativo
The senator asked whether, as the sole shareholder, the corporation had effectively ceased to exist when he sold his shares. Domenech said no because, he argued, the law allows that to happen when there is another person willing to come in as a shareholder — and that, he said, is what happened with Manuel Torres Nieves, a man long tied to public service in posts including electoral comptroller and secretary of the Senate.
Rivera Schatz jumped in and asked how many shares Torres Nieves — who had served as his right-hand man in the Senate during two separate four-year terms — had purchased. Domenech said he did not remember.
Finally, the senator asked who else sat on the board of directors at the time he sold his shares. Domenech said it was just the two of them: himself and Manuel Torres Nieves.
“Dr. Leopoldo Figueroa Carreras — legislator, political leader, public servant, journalist, physician and lawyer — is truly deserving of the title Dean of Puerto Rican Legislators,” reads the opening of a 2006 law commemorating his birthday.
He began as an independence advocate inspired by family friend José Martí, one of Cuba’s liberators, and ended as a statehood advocate: first under the Puerto Rican Alliance, then in the Republican Union Party and the Statehood Party, and finally as a member of the New Progressive Party. As a lawmaker, he authored the law that created Puerto Rico’s public hospitals. When an effort was made in the late 1930s to block the registration of the Popular Democratic Party, Figueroa stepped in on behalf of a party that was not his own. Years later, when Popular Democrats were already in the majority, he was the one who criticized and gave a name to what is still known as the Gag Law. According to Popular Democratic leader Jaime Benítez, Leopoldo practiced “the principle of loyal opposition.”
From left, lawmakers Hernán Padilla, Benny Frankie Cerezo and Leopoldo Figueroa.
Photo from the book La convocatoria de una semilla: fundamentos y dinámicas del desarrollo constitucional de Puerto Rico, by Héctor Luis Acevedo.
The plaque at the entrance to the hall that bears his name describes him as “one of the most astute and distinguished politicians of his time.”
Leopoldo might have begun by asking Domenech how someone can successfully run Jenniffer González Colón’s primary and general election campaigns for governor while also somehow managing to quintuple the capitalization of his lobbying firm to more than $4 million. He might have dug deeper into exactly when he decided to sell the company to Manuel Torres Nieves — and exactly how that process unfolded.
Although 10 of the 28 senators present graduated from law school, Leopoldo Figueroa, who was also a lawyer, would likely have had a much firmer grasp of the corporate law issues at play. He might have had Politank’s financial report — publicly available at the Department of State of Puerto Rico — in hand to show the company’s dizzying rise in capitalization just before Domenech decided to cut ties with it. In all likelihood, it would not have taken five hours for someone to ask one of the most basic questions about a corporate entity: Who sits on its board of directors?
Needless to say, Leopoldo would have pressed to learn the name of every person tied to Politank, whether employee, contractor or collaborator. He would have wanted to know, for example, when Domenech last spoke with the only two people at Politank: Kenneth McClintock and Manuel Torres Nieves.
And as soon as he saw the sworn statement by former Health Secretary Carlos Mellado, in which Mellado said he felt intimidated and pressured during a meeting with Domenech to favor a Politank client, Leopoldo might have asked with whom else Domenech held similar meetings after González won the primary in the summer of 2024 and the general election in November, and before the inauguration in January.
The “Dean of Puerto Rican Legislators” might also have dug through the confidential ethics reports available to lawmakers to ask why both Domenech and his wife reported part of the income from the Politank transaction as accounts receivable if, in fact, it was all paid in a single check.
He would have asked about Domenech’s ties to other lobbyists because, after all, Puerto Rico is small. He might have asked why there were rumors that lobbyist Alfredo Escalera was somehow linked to Politank, and what kind of relationship Domenech has maintained with him since entering government.
In a discussion about alleged improper lobbying influence, Leopoldo might even have asked the chief of staff what his administration is doing to enforce the few rules that govern lobbying in Puerto Rico. No one asked him how he could make effective the recusal mechanism he devised for matters involving Politank when that firm has not even updated its Lobbyist Registry filing since February 2025.
And perhaps he would have asked what Domenech brought in that box full of documents. The check from the sale of Politank? The corporate resolution or purchase agreement? A personal log of every time he has recused himself? One thing is certain: the recusal process involving Politank would not have been in that box because, as he himself acknowledged, he never put it in writing. What matters, he says, are the actions.
Noticias CPI
Supremo le dice «No» a la Gobernadora ante pedido de revisar decisión sobre el carnet de prensa
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San Juan, PR — El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó este viernes dos recursos presentados por la Gobernadora, Jenniffer González Colón, que buscaban que este foro se expresara con urgencia en torno a la práctica de restringir el acceso de periodistas a las conferencias de prensa en La Fortaleza. Con esta determinación, los procedimientos continúan ante al Tribunal de Apelaciones en donde aún está pendiente por resolver un escrito de revisión que también presentó la primera mandataria. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó en diciembre a la primera mandataria y a la secretaria de Prensa, Marieli Padró Raldiris, tras prohibir a sus periodistas entrar a conferencias de prensa en La Fortaleza por no tener una certificación del Departamento de Estado. La jueza Iris L. Cancio González del Tribunal de Primera Instancia en San Juan determinó a finales de febrero que exigir a los periodistas tal credencial para acceder a las conferencias en la Mansión Ejecutiva viola la libertad de prensa. Cancio ordenó a la administración de González Colón cesar esta práctica.
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Puerto Rico Supreme Court Rejects Governor’s Bid to Revisit Press Credential Ruling
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The Puerto Rico Supreme Court denied petitions filed by Gov. Jenniffer González Colón seeking review of a lower court ruling that found the requirement that journalists hold credentials issued by the Puerto Rico Department of State violates freedom of the press.
