San Juan, PR — El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó este viernes dos recursos presentados por la Gobernadora, Jenniffer González Colón, que buscaban que este foro se expresara con urgencia en torno a la práctica de restringir el acceso de periodistas a las conferencias de prensa en La Fortaleza. Con esta determinación, los procedimientos continúan ante al Tribunal de Apelaciones en donde aún está pendiente por resolver un escrito de revisión que también presentó la primera mandataria.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó en diciembre a la primera mandataria y a la secretaria de Prensa, Marieli Padró Raldiris, tras prohibir a sus periodistas entrar a conferencias de prensa en La Fortaleza por no tener una certificación del Departamento de Estado. La jueza Iris L. Cancio González del Tribunal de Primera Instancia en San Juan determinó a finales de febrero que exigir a los periodistas tal credencial para acceder a las conferencias en la Mansión Ejecutiva viola la libertad de prensa. Cancio ordenó a la administración de González Colón cesar esta práctica.
El 20 de marzo, el Gobierno acudió ante el Tribunal de Apelación y luego presentó ante el Tribunal Supremo una certificación intrajurisdiccional y una moción de auxilio de jurisdicción. El Supremo puede expedir una certificación intrajurisdiccional en circunstancias urgentes para atender casos pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia o del Tribunal de Apelaciones. Por su parte, una moción en auxilio de jurisdicción busca que un tribunal de mayor jerarquía asuma jurisdicción sobre un caso para que paralice y deje sin efecto las determinaciones de los foros inferiores hasta tanto dicho tribunal resuelva las controversias ahora ante su consideración. La Gobernadora solicitó además que revocara la sentencia de la jueza Cancio. Sus abogados en este caso son los licenciados Ramón Rosario Cortés y Gian Carlo Oliver Martínez.
En su resolución unánime, los jueces y juezas del Supremo declararon este viernes 28 de marzo “no ha lugar” a las solicitudes revisar, en esta etapa, la Sentencia emitida por la jueza Cancio González. El juez asociado Roberto Feliberti Cintrón emitió una expresión, a la cual se unieron los tres jueces asociados Mildred Pabón Charneco, Camille Rivera Pérez y Raúl Candelario López, en la cual instó al Tribunal de Apelaciones a atender “con celeridad” el caso para que luego, “de ser necesario”, el Tribunal Supremo pueda expresarse sobre la controversia.
“Esta decisión del Tribunal Supremo valida la razón por la cual demandamos a la Gobernadora. Exigir una credencial de prensa del Departamento de Estado para hacer el trabajo periodístico es inconstitucional. La administración de González Colón parece que va en una cruzada contra la prensa y quizá esta decisión le puede dar una pista de cuán erradas son sus acciones. El Gobierno debe atender las prioridades del país, en vez de usar los recursos públicos para limitar el trabajo de fiscalización de la prensa”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Por su parte, el juez asociado Ángel Colón Pérez en su voto de conformidad para no atender el caso en esta etapa, explicó que el dictamen de la jueza Cancio González era “a todas luces, correcto” y que “el exigir la certificación previamente mencionada, como condición para permitir el acceso de periodistas a las conferencias de prensa celebradas en La Fortaleza, viola el derecho constitucional a la libertad de prensa”.
Expresó, además, que ante controversias sobre libertad de palabra o de prensa, “estamos llamados a resguardar celosamente las protecciones de estos derechos, por su valor de la más alta jerarquía constitucional”.
El caso ahora regresa al Tribunal de Apelaciones en donde aún está pendiente por resolver el escrito de apelación que presentó la Gobernadora.
Bien hecho. La Fortaleza pretende manipular la opinión pública mediante reporteros que estén afín con sus posturas. Entran en pánico si un reportero le hace preguntas que no le conviene contestar. Entonces tildan al reportero de «irrespetuoso».
Por un lado dicen que no tienen el dinero y por otro lado gastan millones en contratos de publicidad.
La pelicula de pinocho se queda corta, pa los embustes que meta esa senora.