Desprotegidas por el Gobierno las personas mayores LGBTQIA+ para acceder a vivienda

Fabiola, una mujer adulta trans, vivió sola desde sus 18 años. Antes de llegar a la edad de 61 y al centro de cuidado prolongado en el que reside ahora, tenía su apartamento en Río Piedras. “Trabajaba, tenía una vida independiente”, relata. Entre las comunidades LGBTQIA+ fue reconocida por sus presentaciones como transformista. Cuenta que interpretaba canciones de bolero de Lucy Fabery y Ruth Fernández y que con sus espectáculos también recaudaba fondos para la iglesia de puertas abiertas a la que asistía.

Pero sus condiciones de salud, la amputación de su pierna izquierda a la altura de la rodilla y la ausencia de una familia que la cuidara, la obligaron a depender de servicios y asistencia. Ahora se mueve con la ayuda de una silla de ruedas y espera por una prótesis. 

“Cuando pierdes el ser independiente, ese proceso es bien difícil en el sentido de que pierdes tus libertades. El proceso fue tan rápido para mí que no me dio tiempo a procesar”, compartió Fabiola al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y El Nuevo Día. 

Previo a su llegada al hogar ubicado en San Juan, la trabajadora social del Departamento de la Familia — a quien se le encargó identificar un techo para ella y de quien Fabiola no recuerda el nombre — le compartió que hubo centros que no la aceptaron por ser una persona trans, relata. En el lugar donde reside ahora, hace alrededor de un año, Fabiola indica que la llaman por ese nombre y la tratan con respeto, aunque percibe la necesidad de que haya “más educación”.

“Que haya más preparación para las personas que trabajan en los centros y en el Departamento de la Familia, que haya una apertura más acorde a los tiempos”, subraya. Aunque asegura que no ha sufrido discrimen donde reside actualmente, teme que en algún momento eso pueda ocurrir, incluyendo trato discriminatorio de parte de los familiares de otros residentes.  

“Puede haber personas o personal no instruidas hacia el trato hacia nosotras”, plantea Fabiola en entrevista telefónica. 

La administradora del hogar donde reside Fabiola, Ilsa Vargas, expuso que le brindan un servicio atento y que tanto el personal como los residentes “no han opinado en contra de su orientación”, pero expuso que estará “más pendiente” a posibles escenarios de discrimen por identidad de género u orientación sexual que puedan surgir. 

“Somos como ocho o nueve personas; la gran mayoría no le importa y la tratan como tal. Desde luego, voy a hacer una revisión y voy a estar bien al tanto de quién puede ocasionar cualquier comentario o algo que vaya en contra de cualquier orientación. Delante de mí no se atreve el personal a estar en contra de esas cosas”, manifestó Vargas. 

Wilfred Labiosa, director de la organización Waves Ahead, que ofrece servicios para personas mayores de estas poblaciones y otras comunidades vulnerabilizadas, explicó que en el 2015 lideró junto a otras organizaciones un congreso dirigido a identificar las necesidades de las personas adultas mayores de las poblaciones Lésbica, Gay, Bisexual, Trans, Queer, Intersexual y Asexual (LGBTQIA+). Labiosa resaltó que en ese congreso fue evidente la necesidad de un techo en el que estas personas se sientan cómodas.

“[Las personas LGBTQIA+] buscan espacios donde puedan hacer un poquito de su vida, viviéndola a plenitud”, expresó.

Los datos del Censo 2020 arrojaron que Puerto Rico es la jurisdicción de Estados Unidos con el menor porcentaje de personas LGBTQIA+ (0.5%) o parejas del mismo sexo (0.2%) que registraron tener un hogar. De 1,340,534 hogares en pareja en Puerto Rico registrados en el censo, solo el 0.7% corresponden a parejas del mismo sexo casadas o en convivencia.  

La falta de acceso a una vivienda para las poblaciones LGBTQIA+ en Puerto Rico se complica cuando se envejece, expresaron personas que trabajan con estas comunidades entrevistadas por el CPI y El Nuevo Día. 

Aunque en Puerto Rico existen protecciones dirigidas exclusivamente a personas envejecidas, ninguna menciona de forma directa a los adultos mayores que se autoidentifican como persona LGBTQIA+, corroboraron el CPI y El Nuevo Día. 

Por ejemplo, la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores (Ley 121 de 2019) establece derechos generales de “integridad, dignidad y preferencia”, pero no aborda la identidad de género o preferencia sexual. 

Esta ley pone en el Departamento de la Familia la responsabilidad de prevenir, identificar, investigar y supervisar el trato hacia cualquier adulto mayor que sea víctima de negligencia, maltrato institucional, o por parte de su familia. 

La ley también establece derecho a “una vida con calidad, libre y sin violencia o maltrato físico o mental, con la finalidad de asegurarle respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual”; y “vivir en un ambiente de tranquilidad, respeto y dignidad que satisfaga las necesidades básicas de vivienda”. 

No obstante, el cumplimiento de la ley se complica por la falta de estadísticas de las poblaciones LGBTQIA+ y la disparidad en la recopilación de querellas entre el Departamento de la Familia y la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA), señalaron personas expertas en estas comunidades. 

José Acarón Rodríguez, director de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP en inglés), en Puerto Rico explicó que “nunca hay cómo cuadrar las querellas, porque [el Departamento de la] Familia tiene unos números y la Procuraduría [OPPEA] tiene otros y hay veces que la Procuraduría la puede clasificar como tres o cuatro áreas diferentes”.

Sobre esa disparidad, la directora interina de la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia, Bárbara González Nieves, planteó durante la entrevista que se había añadido un módulo de querellas al Sistema Uniforme de Licenciamiento para el Manejo de los Expedientes para resolver el asunto.

Sin embargo, en una petición de información posterior, aclaró que
“el módulo de querellas está en desarrollo” y que no estaría en vigor al menos hasta mediados de agosto. 

“Es un módulo que se está trabajando para añadir a nuestro Sistema Uniforme de Licenciamiento y Monitoreo de Establecimientos. Se han realizado varias pruebas en conjunto con la OPPEA. Será necesario una prueba adicional para adaptar al módulo uno de los formularios que utiliza la OPPEA para contestar las querellas”, planteó por escrito. 

En el limbo proyectos que promueven derechos a adultos mayores LGBTQIA+ 

Entre el 2021 y el 2022, la Legislatura discutió y aprobó el Proyecto del Senado 427, de la autoría de la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño, y los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, para declarar la política pública en contra del discrimen hacia los adultos mayores de las comunidades LGBTQIA+ en la vivienda mediante enmiendas a la Ley 121 y la Ley de Establecimientos de Personas de Edad Avanzada (Ley 94 de 1977). 

Aunque el proyecto fue enviado al gobernador Pedro Pierluisi para su firma, la medida regresó de La Fortaleza en agosto pasado y todavía la Legislatura espera por enmiendas sugeridas por el Poder Ejecutivo.

“La devolución de medidas se utiliza para impedir un veto, cuando desde Fortaleza se ve la posibilidad de llegar a un consenso que permita eventualmente que el gobernador firme la propuesta legislativa”, explicó la senadora. “Al día de hoy no tenemos una explicación clara de qué busca Fortaleza”, apuntó.

El secretario auxiliar de Asuntos Legislativos de La Fortaleza, Carlos Rivera Justiniano, dijo en declaraciones escritas que se identificó un “contrasentido” relacionado con el periodo que propone la medida legislativa para adaptar los reglamentos y una instrucción a la Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia para que emitiera una certificación que enmendara todo currı́culo o protocolo. 

Aunque La Fortaleza informó del presunto error, el asesor reconoció que nunca sometió una enmienda formal. “Hemos estado verificando con qué rapidez se puede trabajar las enmiendas para sugerir un lenguaje específico que, sin riesgo de problemas de interpretación, se pueda cumplir”, añadió Rivera Justiniano.

En una respuesta de seguimiento, Santiago aseguró que fue gracias a la petición de información de esta investigación periodística que se enteró del error señalado por La Fortaleza. “Ahora que conocemos cuál es la enmienda que le interesa a Fortaleza, la estaremos trabajando y se resometerá [la medida]”, indicó Santiago. Al cierre de esta edición, el Ejecutivo no había sometido de manera oficial una propuesta de enmienda. 

De aprobarse el Proyecto del Senado 427, la enmienda a la Ley 94 establecería como requisito cursos sobre la diversidad de problemas que enfrentan las personas adultas mayores LGBTQIA+ para obtener el Certificado de Capacitación para el Desarrollo de Competencias en el Cuidado de Personas de Edad Avanzada, que es requerido para trabajar en un establecimiento de cuidado para las personas adultas mayores. 

Según González Nieves, estos cursos no sustituirán la revisión al Reglamento para el licenciamiento y supervisión de establecimientos para el cuidado de personas de edad avanzada (Reglamento 7349), que añadiría “el tema de sexualidad” a los cursos en el área de socialización.

También exigiría a los centros de cuidado tener una política interna que prohíba el discrimen por orientación sexual o identidad de género, real o percibida, para sus residentes y sus trabajadores.

La medida legislativa aún pendiente establece que las personas LGBTQIA+ son un sector considerable de la creciente población de personas mayores en Puerto Rico “totalmente desatendidas por la política pública del Gobierno”. 

Además, indica que el discrimen contra adultos mayores por orientación sexual o identidad de género en centros de cuidado implica que esta población pueda sufrir “miedo, intimidación, acoso y abuso en dichos establecimientos”. 

Una encuesta del “The National Senior Citizens Law Center”, titulada “LGBT Older Adults in Long-Term Care Facilities: Stories from the Field”, reveló que las personas adultas mayores que se identifican como LGBTQIA+ y residen en establecimientos de cuidado enfrentaron discrimen directamente por su orientación sexual e identidad de género, real o percibida. 

En la Legislatura también está en espera de ser llevada a votación la Carta de Derechos de personas LGBTTIQ+ (Proyecto del Senado 485), de la autoría de la senadora Ana Irma Rivera Lassén. 

Esta medida mantiene la referencia general a “personas” LGBTQIA+, sin abordar de forma específica el grupo poblacional de “adultos mayores”. 

La senadora Rivera Lassén indicó que la orientación sexual y la identidad de género son “intergeneracional[es]”, por lo que “la orientación sexual e identidad de género no tiene que ver con la edad”.

El proyecto de ley — que espera ante la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales desde finales de junio de 2021 — incluye aspectos como “derecho a una vivienda digna, de poder adquirir, arrendar, enajenar sus propiedades muebles e inmuebles sin ser discriminados(as) y viceversa”.

Rivera Lassén aseguró que, desde su radicación, el proyecto se ha fortalecido con revisión de literatura, vistas, memorandos, dependencias y reuniones con organizaciones, como Waves Ahead. “Se ha estado moviendo con mucho cuidado para que sea un proyecto contundente”, expresó.

Falta de vivienda empieza por el poco acceso a centros de cuido y égidas 

Labiosa explicó que en los centros de cuidado prolongado y égidas reguladas por los departamentos de la Familia y Vivienda, respectivamente, se suele disfrazar el discrimen contra personas de las poblaciones LGBTQIA+ al alegar que no hay espacios disponibles, lo que les dificulta el acceso a vivienda. 

Señaló que en ocasiones los elementos de discrimen en estos espacios no ocurren de forma evidente. Ese fue el caso de una mujer lesbiana que residía en la égida Miramar Housing for the Elderly en San Juan y que recibió servicios de Waves Ahead. A modo de orgullo, había colocado en la puerta de su apartamento una bandera de las comunidades LGBTQIA+, un símbolo que la administración le ordenó remover. Luego de removerla de la puerta, como otras personas residentes tenían banderas de otro tipo en sus ventanas, la mujer decidió entonces colocar la bandera en su ventana.      

“Se la mandaron a bajar también”, relató Labiosa. “Las demás están en la ventana y, de hecho, si tú pasas por ahí, vas a ver lo que te estoy diciendo, vas a ver la [bandera] dominicana y las puertorriqueñas”, aseguró. 

Waves Ahead también cuestionó que la administración del lugar tardara un tiempo irrazonable en mudar a la mujer a un apartamento que, desde su llegada, había solicitado dentro del mismo complejo de apartamentos. Para que esa mudanza se concretara, Waves Ahead tuvo que redactar cartas certificando los servicios que recibió la mujer. 

A Labiosa le pareció innecesario el cumplimiento de este requisito para que se aprobara la mudanza pues la persona no era una nueva residente que buscaba admisión. Lo único que quería era cambiar de apartamento. Las acciones de la administración del complejo que tuvieron el efecto de complicar un trámite sencillo le parecieron al director de Waves Ahead manifestaciones de discrimen no verbalizadas. 

“Al fin y al cabo, yo tuve que escribir una carta de apoyo a ella, su persona clínica de aquí tuvo que escribirle otra carta de apoyo que estaba recibiendo servicios, para mudarse a un apartamento en otro piso con el mismo gasto”, manifestó Labiosa. La mujer falleció en medio de la pandemia de COVID-19. 

Unos meses después que ella se mudó al nuevo apartamento, la administración solicitó a Waves Ahead ofrecer su entrenamiento al personal. “Nosotros dimos un entrenamiento que, interesantemente, las personas que tenían más contacto con los clientes no fueron. La trabajadora social nunca entró, el guardia tampoco entró, el jardinero tampoco entró, y la persona que limpiaba los pasillos tampoco”, relató Labiosa. 

El CPI y El Nuevo Día contactaron a la égida Miramar Housing for the Elderly en dos ocasiones vía telefónica, pero no hubo respuesta. 

¿Qué dice la ley federal? 

Además de ser subvencionados por el Programa Estatal de Subsidio de Arrendamiento y de Mejoras para Viviendas a Personas de Edad Avanzada con Ingresos Bajos (Ley 173 de 1996), la mayor parte de las égidas son reguladas y reciben fondos de programas federales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés). “Se supone que todos estos espacios sigan las leyes federales”, destacó el director de Waves Ahead. 

Aunque las leyes locales sobre protecciones para los adultos mayores no abordan específicamente a las comunidades LGBTQIA+, a nivel federal existe la Ley de Vivienda Justa, que se aplica a instituciones que reciben fondos federales para vivienda, como las égidas, y que, entre sus disposiciones, prohíbe la discriminación por sexo, identidad de género y orientación sexual. 

“Cuando esas personas [que administran égidas] reciben el cheque del gobierno federal y lo están depositando, tienen que recordar que esa regla existe y eso es lo que está faltando. Parte del entrenamiento que nosotros le decimos es que eso está en las regulaciones federales”, sostuvo Labiosa. 

La ley provee mecanismos para que las personas LGBTQIA+ puedan querellarse ante HUD y la agencia federal está obligada a investigar la denuncia por discriminación “real o percibida”. El CPI y El Nuevo Día solicitaron a HUD información respecto al número de querellas y sus estatus, pero al cierre de esta edición la información provista no precisaba los datos de la Isla. Desde febrero de 2012 está en vigor, por ejemplo, la regla de “Acceso equitativo a la vivienda en los programas de HUD independientemente de la orientación sexual o la identidad de género”. 

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el 15 de junio de 2020 en el caso Bostock v. Clayton County  — que sostuvo que el Título VII prohíbe la discriminación sexual en el empleo y se extiende a la orientación sexual y la identidad de género —, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para prevenir y combatir la discriminación por identidad de género u orientación sexual, que se aplicó a la Ley de Vivienda Justa. 

Si bien existen las prohibiciones a nivel federal, Acarón Rodríguez señaló que estas disposiciones van dirigidas más bien a los dueños y administradores, por lo que reiteró que son necesarios esfuerzos adicionales de educación para eliminar el discrimen entre los residentes. 

Toman cartas ante escasez de vivienda para personas mayores LGBTQIA+

Ante las escasas posibilidades de viviendas asequibles dirigidas a personas mayores LGBTQIA+, Waves Ahead desarrollará complejos de vivienda inclusiva. Los primeros dos estarán en Cabo Rojo e Isabela, adelantó Labiosa, al tiempo que explicó que estos espacios también estarán disponibles para adultos mayores que no se identifiquen como persona LGBTQIA+. 

“Nosotros no vamos a discriminar, ese es nuestro enfoque”, puntualizó. 

En Isabela, la organización obtuvo el título de propiedad del complejo de vivienda Ciudad Dorada por una solicitud que hiciera el Municipio a Vivienda. El secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, resaltó como un paso a proveer vivienda a estas poblaciones el traspaso a la organización de esta  propiedad que estaba abandonada. 

Labiosa insistió en que, así como la entidad que dirige logró el traspaso de este inmueble, otras organizaciones pueden hacer proyectos de “vivienda justa y digna para toda la comunidad”, si se les da acceso a estructuras en las que se hicieron grandes inversiones de dinero y ahora están sin uso. 

Como parte de la remodelación en Ciudad Dorada, se aumentará de 30 unidades de vivienda a 43, explicó. “Vamos a convertirla en la Ciudad Dorada diversa. Ya tenemos los fondos casi confirmados y vamos a tener un proyecto que no cuesta tanto renovar”, sostuvo Labiosa, quien añadió que Waves Ahead iniciaría el proceso de solicitud de algún tipo de subsidio a través de Vivienda, aunque todavía discuten los detalles administrativos. 

“Nosotros no tenemos ningún problema en otorgar subsidios, tendría que hacer la solicitud. En el caso de sección 8, por ejemplo, son procesos competitivos que se hacen y tendrían que participar del proceso competitivo y entonces solicitar el subsidio correspondiente”, indicó Rodríguez Rodríguez.

El director de la AARP también acogió este tipo de iniciativas porque crea más alternativas de vivienda para los adultos mayores. 

“Lo importante es que debe haber todas las alternativas para que la persona decida qué es lo que quiere y dónde puede vivir cómodo y con dignidad. Ese debe ser el ideal, que la gente pueda tener la decisión final y tener una sociedad donde cada cual decida cómo vivir y dónde vivir”, manifestó. 

Por su parte, González Nieves, del Departamento de la Familia, afirmó que estos proyectos de vivienda serían una contribución positiva para atender tanto a poblaciones diversas como a la falta de vivienda asequible. 

“Va a cubrir quizás una necesidad que tengan los adultos mayores y que elijan vivir en un establecimiento como el que ellos proponen. Así que, es cuestión de que cumplan con la ley y reglamentos, y bienvenido, porque cada vez se necesitan más lugares para adultos mayores”, concluyó.

Esta investigación es resultado de una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del Centro de Periodismo Investigativo y fue posible en parte con apoyo de True Self Foundation.