Catorce de los 42 monitores del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que miden contaminantes de aire nocivos a la salud alrededor de Puerto Rico están fuera de servicio, algunos incluso desde hace cinco años, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El hallazgo lo confirma el borrador más reciente del Plan de Muestreo de Aire 2022 publicado por el DRNA. 

Alrededor de la Isla se localizan monitores que miden seis contaminantes catalogados dañinos para la salud de las personas por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), especialmente para quienes padecen de asma, por sus efectos en los sistemas respiratorios, cardiovasculares y hasta nerviosos. Entre los contaminantes que miden los monitores están el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, así como dos tipos de materia particulada suspendidas en el aire — el polvo, las cenizas, el polen o el cemento — cuya medición varía de acuerdo al diámetro de cada partícula. También miden el ozono, el dióxido de nitrógeno y el plomo. Algunos de estos químicos, como el dióxido de azufre, son atribuidos directamente a la quema de combustible, mientras que otros, como el ozono, surgen por una combinación de emisiones de vehículos, plantas químicas, plantas de energía eléctrica, entre otras.

Los monitores fuera de servicio están en Bayamón, Cataño, Fajardo, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Juncos, Ponce, Salinas y San Juan. La falta de datos debido a las estaciones inservibles no permite conocer el panorama completo de la contaminación del aire en estas ubicaciones y si hay problemas de salud relacionados con los contaminantes que estos miden entre los habitantes de esas áreas.

El Proyecto de Asma de Puerto Rico, manejado por el epidemiólogo Fernando Mercado Ortiz, recopiló datos de asma en 2020 mediante el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento. Los adultos de 55 a 64 años y de 65 o más tienen las prevalencias más altas de la enfermedad respiratoria, con 11.9% y 11.4%, respectivamente, muestran los datos. Entre los niños, el grupo de edad de 5 a 9 años registró una prevalencia de 16%. Según el Código de Regulaciones Federales, si el índice de los contaminantes se excede de 100, estas poblaciones son más sensibles a riesgo, específicamente si están expuestos a ozono, materia particulada, dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno.

La baja del 33% de estos monitores coincide con que Puerto Rico sobrepasó el estándar de dióxido de azufre  y se determinaron zonas de no cumplimiento donde están las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en San Juan, Palo Seco, en Toa Baja y Aguirre, en Salinas. 

El 11 de abril, se realizaron vistas públicas para adoptar un plan de implementación estatal de dióxido de azufre en esas áreas, que propone instalar otros seis monitores de este compuesto en cada zona y reemplazar el combustible existente por energía renovable y gas natural. Los planes de implementación estatal se exigen cuando hay incumplimiento con los estándares federales (NAAQS, en inglés) y también deben ser aprobados por la EPA.

La Red de Muestreo de Aire de Puerto Rico, como se denomina el sistema de 42 monitores de calidad de aire de DRNA, busca que el archipiélago cumpla con los estándares federales para cada contaminante y mantener a la población informada sobre la calidad del aire. 

Falta de personal agrava ineficiencia de la red de muestreo de aire 

Además de los monitores fuera de servicio, la red tiene problemas de operación debido a la falta de personal y de presupuesto, reconoció Lucía Fernández Fontán, jefa de la División de Muestreo de Aire, Validación y Manejo de Datos del Área de Calidad de Aire (ACAi) en el DRNA. 

“Es imposible mantenerlos con poco personal”, expuso la funcionaria, pues solo hay dos técnicos de campo y uno de electrónica que realizan mantenimiento semanalmente o dos veces en semana a los 42 monitores, ubicados en 19 municipios. La recomendación federal es que cada 3 días se ajusten manualmente o se realice un mantenimiento periódico, mientras que para aquellos que se hagan en un periodo distinto, se deben documentar cuáles fueron y cuándo se realizaron los ajustes manuales. Esto no es posible hacerlo con tres empleados. Para subsanar la falta de datos directos de los monitores, el DRNA usa proyecciones de concentraciones mediante un modelaje matemático, encargado por dos estadísticos del ACAi.

Amarilys Rosario Ortiz, gerente del Área de Calidad de Aire del DRNA, explicó que luego de los huracanes Irma y María funcionarios del programa renunciaron, mientras que otros comenzaron a trabajar en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés). Además, las leyes de retiro incentivado provocaron una merma en la plantilla entre 2015 y 2016, indicó. 

“A nivel del programa, hubo un 25% de la plantilla que se fue”, mencionó. Añadió que dependen de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos y la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que aprueben las transacciones y poder reclutar personal. 

El programa funciona con propuestas de fondos federales. “Hasta el momento, los fondos están disponibles, pero el trámite [de aprobación externa] es lo que demora”, dijo Rosario Ortiz.

Carmen Guerrero, directora de la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA, reconoció que la Red de Muestreo de Aire de Puerto Rico no funciona de manera eficiente debido a la reducción en la plantilla laboral en el Programa de Aire del DRNA.“Hoy día hay falta de personal de campo y de laboratorio”, dijo. 

No obstante, Guerrero explicó en declaraciones escritas que no todos los monitores de aire funcionan las 24 horas de los 365 días del año y que también están sujetos a periodos de mantenimiento y reprogramación requerido para el equipo. 

Otras causas para los problemas de funcionamiento de los monitores incluyen uno afectado por un accidente de tránsito en el expreso PR-22 por Guaynabo y la demora en resultados de análisis del Laboratorio Ambiental de Puerto Rico (PREL, en inglés). El plan más reciente explica que, cuando se atrasan los datos del PREL, el análisis se realiza por el laboratorio de Estados Unidos de la EPA. A pesar de que los grupos de control de calidad de la Región 2 de EPA y DRNA reconocen estas deficiencias, los monitores todavía están en proceso de ser corregidos, dijo la EPA.

Asimismo, la red se ha visto afectada debido a la tardanza en instalar monitores en nuevas zonas, como sucede en Salinas, donde ubican dos de las instalaciones más contaminantes del país — la carbonera AES y la planta de Aguirre de la AEE — y en Guayanilla, cuyos monitores están en la agenda del DRNA desde 2020.

“Sí, hay unas estaciones que las hemos tenido fuera de servicio, otras las hemos tratado de mantener, precisamente, porque hay estaciones que tienen propósitos en específico”, confirmó Fernández Fontán. La funcionaria se refirió a monitores que miden materia particulada suspendidas en el aire en Guaynabo como requisito del Plan de Implementación Estatal. 

La funcionaria también indicó que el atraso en la reinstalación de algunos de estos monitores se debe al proceso de solicitar la compra de los nuevos equipos a través de la Administración de Servicios Generales (ASG), la aprobación y desembolso de fondos federales y la importación de equipos desde Estados Unidos, que también aumenta el costo de los monitores o las piezas. La División de Compras y Subastas de ASG indicó que la responsabilidad de darle seguimiento al proceso recae en las agencias que hacen las órdenes. 

Las compañías manufactureras a las que el DRNA les compró — a través de la ASG — los equipos para poner a funcionar los monitores son Met-One, Thermo Fisher Scientific y Teledyne Technologies. Las últimas dos tienen representantes en BioAnalytical Instruments, con sede en Río Piedras.

BioAnalytical Intruments no accedió a una petición de reacción del CPI para explicar las razones por las que se ha atrasado la entrega de equipos y cuáles son las fechas en las recibieron las órdenes de compra.

“Tienes que ser licitador del Gobierno de Puerto Rico para poder comprar; por lo cual, como esas compañías no están en Puerto Rico, yo no les puedo comprar directamente a ellas”, explicó la directora de la División de Muestreo de Aire. “Yo puedo solicitar ahora una compra en marzo, porque necesito esa pieza, la pieza puede llegar posiblemente, si tengo suerte, en noviembre o diciembre”, dijo.

Fernández Fontán añadió que el proceso de reparación de las instalaciones también se ha extendido debido a que cada monitor debe contar con un permiso de instalación de la AEE, que da el visto bueno para la conexión de electricidad. 

Según la funcionaria, la estación propuesta para Salinas, que mediría dióxido de azufre, ya completó esa etapa de evaluación por la AEE y solo falta instalar el monitor. La AEE no respondió una petición del CPI para precisar el estatus del monitor y de los permisos de instalación que están ante su consideración.

La abogada ambiental Ruth Santiago Quiñones, junto a residentes de la comunidad La Margarita, en Salinas, reiteraron su preocupación sobre la pobre calidad de aire que les acecha como consecuencia de las plantas AES y AEE Aguirre. “Esto aquí está lleno de cenizas. En el otro plano de la carretera 701, eso lo rellenaron todo con cenizas”, enfatizó Santiago Quiñones. “Por el aire, hemos visto esas emisiones de las chimeneas de Aguirre y de la carbonera… eso viaja distancias”, añadió.

Diana Dávila Melero tiene 67 años y reside en la comunidad La Margarita. Relató que ha sido testigo de construcciones que usan gomas trituradas que “las hacían polvo” para mezclar con tierra y usar como relleno en la zona.

“Vi cuando rellenaron todo ese pedazo donde estaba Econo. Vi cuando traían los ‘troces’ con esa cosa prieta [gomas]. Venían y lo aplanaban, entonces después es que le tiran la brea”, contó. 

Sobre la estación de Guayanilla, Fernández Fontán dijo que tuvieron que cerrarla porque se encontraba dentro de una escuela elemental que formó parte del cierre masivo de planteles escolares entre 2017 y 2018. Cuatro años más tarde, no se ha seleccionado la nueva ubicación, reconoció.

El plan del 2022 también propone mover el monitor que mide el compuesto ozono en Cataño a un área en el sur o sureste de la Isla; añadir una estación de dióxido de nitrógeno en la misma zona para compensar por falta de datos; y añadir monitores de plomo en San Juan y Guayanilla.  

Lenta la distribución y la aprobación de fondos

Según el informe de ingreso de fondos federales, el Programa de Calidad de Aire del DRNA recibió $1.5 millones en 2021 y, para 2022, se aprobaron $2.3 millones. Esta misma cantidad está propuesta para el 2023. 

Sin embargo, los fondos están sujetos a la asignación y aprobación de agencias federales o de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), así que no están disponibles para uso inmediato, según Fernández Fontán y Rosario Ortiz. 

El CPI presentó un recurso de acceso a la información ante el tribunal contra el DRNA en el que se pidió el desglose del uso de esos fondos y la cantidad actualmente disponible. La agencia no ha respondido.

Aunque el plan del 2020 indica que la EPA consiguió fondos de FEMA para adquirir nuevos equipos y reemplazar los monitores dañados luego del paso del huracán María, cuando el CPI consultó con FEMA en qué estatus se encuentra esa reclamación y a cuánto ascendieron los fondos solicitados, la agencia federal indicó que en sus registros no aparece ninguna solicitud relacionada con sistemas de monitoreo de aire. En el caso de los fondos de la Ley de Aire Limpio, estos se designan para permisos, inspecciones, cumplimiento, control de calidad y gastos relacionados con los planes estatales de implementación. Los usos no incluyen vehículos ni equipos nuevos.

Fernández Fontán estimó que podrían solicitar $240,000 en fondos del Plan de Rescate Estadounidense a través de EPA y, según el plan del 2022, se usarían para sustituir los equipos de muestreo de aire viejos por otros nuevos. Esta propuesta surge de un proyecto de la EPA, que distribuirá $50 millones para el muestreo de aire a través de Estados Unidos y sus territorios.

La secretaria interina de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, no respondió una petición de entrevista del CPI. 

¿Cómo funciona la red?

La red se compone de 42 monitores que miden seis contaminantes en 19 municipios. Se escoge la ubicación de estos monitores de acuerdo con los criterios de cada parámetro para cada contaminante. Por ejemplo, Fernández Fontán explicó que las estaciones que miden la materia particulada se ubican donde hay más población, por su amenaza a la salud. Otros parámetros dependen de las concentraciones químicas emitidas por ciertas industrias. Las concentraciones y ubicaciones idóneas también se estiman según un modelo de dispersión, es decir, calcula cómo y hacia dónde se mueven las emisiones de los contaminantes en la atmósfera.

No obstante, estos estimados de ubicación no se traducen de manera exacta. Puede suceder, según Fernández Fontán, que la métrica establezca la colocación de una estación dentro de un mangle, pero la falta de energía eléctrica impediría una instalación exitosa en ese tipo de topografía. Además de electricidad, las estaciones requieren un acondicionador de aire, el equipo de muestreo adentro y seguridad, tanto para el monitor como para los técnicos que las visitan.

Carl Soderberg, exdirector de la EPA para la región de Puerto Rico y el Caribe, amplió que los contaminantes y sus estándares no son fijos, sino que cambian de acuerdo con las necesidades del ambiente y por revisión de la EPA cada cinco años.

Los datos de aire publicados por EPA en 2022 también reflejan el vacío de información debido a los monitores del DRNA fuera de servicio.

A pesar de reconocer todos los retos que enfrenta la red, Fernández Fontán reiteró que este programa es “la columna vertebral” del Área de Calidad de Aire, porque se determina el cumplimiento con los estándares federales y se detecta si hay contaminantes en exceso. Según la funcionaria, Puerto Rico ha estado en incumplimiento con los límites de plomo en Arecibo, materia particulada en Guaynabo y, recientemente, dióxido de azufre en Palo Seco y Aguirre.

Soderberg coincidió sobre la importancia de la red por la relación directa que tiene con la salud de las personas. Por esa razón, indicó que esa red debe ser considerada un “servicio esencial” en Puerto Rico.

Esta investigación es resultado de una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del CPI y fue posible en parte gracias al apoyo de Para la Naturaleza.