albergues

Siete meses después de que la Unidad Investigativa de Género revelara del riesgo de cierre que enfrentan los albergues, estas organizaciones sin fines de lucro continúan operando en incertidumbre, mientras el Gobierno presenta como solución las alianzas público privadas.

La procuradora Astrid Piñeiro Vázquez celebró la transferencia de $1.6 millones a su oficina, pero no precisó cuánto estaría destinado para cubrir el déficit presupuestario en los refugios que acogen a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos e hijas.

La funcionaria confirmó además que la Junta bloqueó un intento de cubrir parcialmente el déficit.

La reducción de fondos federales que las organizaciones anticiparon desde el año pasado a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no fue atendida y ya provoca crisis fiscal en las organizaciones que son la primera línea de respuesta para mujeres sobrevivientes y sus hijos.

La Ley 88 obliga al Departamento de Seguridad Pública a redactar un reglamento para garantizar que todo refugio tenga fuentes alternas para los servicios de agua y luz. Esto nunca ocurrió.