Directora editorial del CPI. Inició su carrera en la prensa regional en el periódico El Norte y condujo su propio programa en Radio Once (1120 am). Fue corresponsal de la región norte para el periódico Primera Hora y para varias cadenas radiales de noticias. Trabajó y dirigió el periódico de pequeños y medianos negocios El Detallista. Fue reportera investigadora de la Unidad de Investigación de El Nuevo Día y luego la dirigió. Ha publicado en varios medios latinoamericanos a través de proyectos de colaboración con periódicos del GDA. Es una de las coautoras del libro La Noticia y yo 2.0, editado en 2020 por Rafael Matos y Arturo Yépez. En 2018 fue ganadora del Premio Nacional de Periodismo de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) en la categoría de Reportaje Investigativo. En el 2020 recibió la Premiación a la Excelencia Periodística del Overseas Press Club (OPC) en la categoría de Reportaje Investigativo. En el 2021 volvió a recibir el Premio Nacional de Periodismo de la ASPPRO en la categoría de Noticia del Momento y también en la de Reportaje Investigativo.
La experiencia de comunidades en Isabela y en Vega Baja muestra que el Gobierno de Puerto Rico actúa en contra de las recomendaciones de expertos y de su propia política pública, que se supone proteja los recursos costeros.
Uno de los retos más grandes que tenemos quienes ejercemos el periodismo en Puerto Rico es la falta de publicación periódica de datos por parte de las tres ramas de gobierno.
One of the biggest challenges that those of us who practice journalism in Puerto Rico have is the lack of periodic publication of data by the three branches of government.
Asesores legislativos que también han sido miembros de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático son consultores de la empresa referida al Departamento de Justicia por el manejo de sus negocios con los municipios.
Legislative advisors who have also been members of the Popular Democratic Party Governing Board are consultants to the company referred to the Department of Justice for its business deals with municipalities.
In Puerto Rico, 22 municipalities have contracted the services of Universal Properties Realty Government Services.
En Puerto Rico, 22 municipios han contratado los servicios de Universal Properties Realty Government Services para el manejo de estorbos públicos.
Citizens are defenseless before a pattern in which mayors have given free rein to a group of companies to manage declarations of public nuisances, appraisals, legal representation in expropriation processes, and sales of expropriated properties.
