Departamento de Corrección y Rehabilitación

Physician Correctional USA, la subsidiaria estadounidense de la empresa que aún está contratada por el Gobierno de Puerto Rico, mantiene contratos millonarios con la ciudad de San Luis y con un condado en Virginia.

La Oficina del Inspector General señaló que de manera inusual el DCR adquirió los servicios profesionales de esta compañía mediante órdenes de compra, en algunas ocasiones no le hizo las retenciones contributivas y pagó facturas que no detallaron los servicios prestados.

En respuesta a un litigio del CPI, la agencia reconoció que no tiene “ningún informe” de la compañía del comunicador novoprogresista Ramón Alejandro Pabón García. El contratista ha tenido sobre $5 millones en contratos de gobierno individuales y a través de varias compañías.

En tanto, ocho empleados de Corrección pueden ser destituidos en relación con la liberación del feminicida Hermes Ávila Vázquez tras un diagnóstico de salud errado que fue avalado por la compañía de servicios de salud.

La empresa, conocida por autorizar erróneamente la liberación del feminicida Hermes Ávila, enfrenta hace años serias imputaciones, pero se niega a contestar preguntas.

Los menores en alguno de los dos Centros de Tratamiento Social del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) deben recibir a diario seis horas de servicios educativos, al menos dos horas de servicios psicológicos y reunirse con un trabajador social, según estipula un acuerdo entre el Departamento de Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico. […]

Diez mujeres que cumplían sus sentencias en el Hogar Intermedio de Mujeres en San Juan fueron trasladadas la semana pasada a una institución carcelaria en Bayamón como parte del cierre de seis instalaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que […]

Una crisis de salud mental en estas instituciones juveniles, que aumentó en 119% los eventos de ideas, gestos o intentos suicidas o actos de automutilación en el 2020, destapó las múltiples irregularidades y los problemas de fondo de ese modelo para los menores de edad.