“¿Están interesados en nuestra rehabilitación o solo en castigarnos?” 

— Anónimo en una institución juvenil de Puerto Rico

El 15 de octubre de 2020, un joven bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), a quien llamaremos José, intentó suicidarse en su habitación compartida en la cárcel de menores de Villalba. 

No había ningún oficial de servicios juveniles en el área, aunque los menores deben estar siempre vigilados, según se establece en el caso judicial federal vigente por malas condiciones en las instituciones juveniles de Puerto Rico. Otros jóvenes tuvieron que acudir a su auxilio. 

El oficial que debía estar supervisando y no estaba, tampoco tenía un radio transmisor que funcionara para comunicarse, indica un informe de la Oficina de Investigaciones del Sistema Correccional (OISC). El menor recibió atención médica y sobrevivió, pero el incidente no quedó registrado en video, pese a que la institución tiene un sistema de videovigilancia con supervisión las 24 horas que se supone que existe para atender este tipo de emergencias. 

Ese día, José cumplía ocho meses sin poder ver a sus familiares, pues las visitas en las instituciones juveniles fueron canceladas por la pandemia del COVID-19. Habría tenido quizá tres psicólogos distintos por las renuncias masivas de personal de salud mental y poca interacción social, fuera de sus compañeros de celda debido a las medidas contra el virus, estableció en uno de sus informes la monitora federal Kimberly Tandy. Al momento, el jóven tenía entre 14 y 21 años. Los documentos presentados en corte no precisan su edad, pero establecen que ese era el rango de edades de los internados en ese momento.

No sabemos qué ocurrió con José después de este incidente, pues el sistema judicial protege la identidad de estos menores encarcelados. Sin embargo, es posible que, posteriormente, José haya sido vestido con una bata de papel como parte del protocolo antisuicida, en una habitación con un aire acondicionado extremadamente frío y sin la posibilidad de tener una manta para abrigarse, que es la experiencia que relataron al personal de Tandy algunos menores recluidos y que aseguran que el trato es “un abuso”. 

El incidente de José es uno de los 68 casos en que hubo ideas, gestos o intentos suicidas o actos de automutilación registrados en las dos cárceles de menores del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) entre julio y diciembre de 2020, cuando había un promedio de 90 menores transgresores allí. En el 2019, de 110 menores que había en ese momento, el 35% tuvo ideas, gestos o intentos suicidas. Mientras que en el 2020, de 90 menores que quedaban, 76% presentó ese cuadro. Esto ocurrió en plena pandemia del COVID-19 y tras irregularidades en los procesos de contratación de servicios de salud mental para esta población, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) . 

Las cifras de los intentos suicidas y las automutilaciones de los jóvenes surgen de los informes trimestrales de la monitora Tandy ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, donde la funcionaria denuncia la “crisis de salud mental” en las instituciones juveniles.

Para la secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón, la crisis nunca existió, dijo en una entrevista con el CPI. Sin embargo, según los informes federales y los expertos entrevistados, la situación es crítica y refleja problemas estructurales, administrativos y económicos en las instituciones juveniles de Puerto Rico. 

Entre julio y diciembre de 2020, el periodo en el que se evidenció la crisis de salud mental, el DCR incumplió con tener la cantidad mínima de oficiales de servicios juveniles en las dos instituciones de menores y tuvo serias deficiencias en el ofrecimiento de servicios de salud mental, detalló Tandy en sus informes del tercer y cuarto trimestre de 2020. Además, en ese periodo, el DCR estuvo en una lucha legal con la empresa Professional Consulting Psychoeducational Services (PCPS), que era la encargada de ofrecer los servicios de salud mental en las instituciones juveniles. PCPS demandó al DCR por irregularidades en la contratación del nuevo proveedor, Physician Correctional, empresa con estrechos vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP). Pero PCPS también hizo despidos masivos de profesionales de salud mental, afectando los tratamientos a los menores. 

Estos problemas de irregularidades en los procesos de contratación de la privatizadora de servicios de salud mental, como pérdida de personal y de deficiencias en los servicios, ocurrieron bajo las incumbencias de los exsecretarios de Corrección Erik Rolón y su exayudante y sucesor, Eduardo Rivera Juanatey. 

Rivera Juanatey firmó el contrato para cambiar de proveedor de salud mental una semana antes de abandonar la Secretaría tras el cambio de administración de Gobierno.

El noveno sistema juvenil más caro de Estados Unidos 

Con un costo promedio de $780 por menor por día, o casi $285,000 anuales por joven, según datos de la Secretaria de Corrección, el sistema de instituciones juveniles de Puerto Rico es el noveno más caro de Estados Unidos. La cifra es casi el triple de lo que cuesta un año en la Universidad de Harvard y es 11 veces mayor que el salario promedio en la Isla. El número también es mayor al costo promedio de encarcelar menores en Estados Unidos, que es $588 por día por menor, según el estudio “Sticker Shock 2020: The Cost of Youth Incarceration”. 

El costo por menor en Puerto Rico aumentó en un 111% en los pasados 10 años, de $370 por menor por día en 2011 a $780 en 2020. En ese periodo, la población de menores encarcelados se redujo en un 87.5%, de 496 menores en 2011 a 62 en 2021, y se prevé que siga bajando por “una disminución en el procesamiento de jóvenes” y una “reducción en la comisión de faltas en la población juvenil”, según la Secretaria de Corrección. En el mismo periodo, el presupuesto del NIJ se redujo, pero no en igual proporción. Bajó en un 66.5%, de $67 millones en 2011 a cerca de $22 millones en 2021. 

En los últimos 10 años, el NIJ cerró cinco instituciones juveniles (había siete en 2011) y cambió de una estructura autónoma, con su propio presupuesto, a una bajo la estructura administrativa del DCR. Fue precisamente en 2011 cuando se aprobó el Plan de Reestructuración Núm. 2 para unificar lo que era la Administración de Instituciones Juveniles con la Administración de Corrección con el propósito de reducir costos y consolidar ciertas oficinas administrativas. Esto provocó que el NIJ desapareciera dentro del DCR, por lo cual el Tribunal Federal ordenó el año pasado que se separara el presupuesto de las instituciones juveniles para tener mayor visibilidad de lo que se hace con el dinero. 

Diez Secretarios de Corrección y 27 años de lucha en la corte federal 

El gobierno federal mantiene una vigilancia estrecha a lo que ocurre en las instituciones juveniles puertorriqueñas desde 1994. Cuando el gobernador Pedro Rosselló estrenaba su política de “Mano dura contra el crimen”, el Gobierno de Estados Unidos demandaba a Puerto Rico por violaciones a derechos civiles en las instituciones juveniles y asignaba a un monitor federal para que mantuviera informada a la corte. 

Durante los 27 años que lleva el caso, la población de menores encarcelados se ha reducido de 1,000 a menos de 100 y se han cerrado 14 instituciones juveniles. El caso se ha mantenido abierto durante la incumbencia de 10 Secretarios de Corrección, tres jueces federales y cuatro monitores; es el acuerdo de consentimiento más antiguo en el distrito de Puerto Rico. Tandy, nombrada en 2018, escribió en sus informes trimestrales de 2020 que el NIJ y el DCR todavía incumplían con al menos siete de las 30 estipulaciones que le quedan al caso, de más de 100 que tenía en sus inicios. Estas estipulaciones en incumplimiento son: el entrenamiento para empleados del servicio directo, la cantidad de empleados de servicio directo, la “seguridad razonable” para los jóvenes mediante supervisión, el personal suficiente para implementar esa supervisión adecuada, los tratamientos para menores que abusan de sustancias controladas, el programa residencial de tratamiento de salud mental y los servicios psiquiátricos y psicológicos continuos. 

En 2021, algunas de esas estipulaciones están en cumplimiento parcial. La Secretaria de Corrección dijo que “ya solamente nos quedan 26 por culminar”. 

Luego de que Tandy advirtiera de la crisis de salud mental en el 2020 al Tribunal Federal, el juez Gustavo Gelpí, encargado del caso, creó un panel de tres jueces para evaluar la posibilidad de liberar a algún menor para evitar que la situación empeorara. Ningún menor fue excarcelado. En una vista judicial del caso el pasado 17 de junio, el Departamento de Justicia federal (DOJ, en inglés) indicó que los servicios de salud mental en las instituciones juveniles se habían “estabilizado”, pero mostró preocupación por el uso de batas de papel en el protocolo antisuicida cuando el aire acondicionado “es tan frío como Chicago”, y por el uso de fuerza excesiva en el tratamiento de menores encarcelados. 

Un modelo ‘insostenible’ el de Puerto Rico

En la misma vista judicial, Tandy advirtió que el sistema de instituciones juveniles de Puerto Rico “es uno de los más caros en el país (Estados Unidos)” y dijo que, con la constante baja poblacional, se debe cambiar el modelo porque el actual “no es sostenible”. También dijo que, con el nuevo proveedor de salud mental, los servicios se habían regularizado. 

Dos semanas después, el 2 de julio, el Gobierno de Puerto Rico y el DOJ entregaron una moción conjunta ante el Tribunal Federal indicando que “Estados Unidos no cree que exista actualmente una crisis de salud mental que requiera la atención del panel de tres jueces”. Y en tres hojas de papel despacharon los múltiples incidentes que ocurrieron en las cárceles de menores. 

Pero, recientemente, la monitora federal volvió a expresar su preocupación en torno a los problemas del DCR en reportar adecuadamente los incidentes con los menores en las cárceles. El más reciente caso fue el pasado 2 de julio, cuando ocurrió un “motín” en la cárcel de menores de Villalba y no se reportó hasta el 10 de julio, aunque debía informarse a la monitora en menos de 48 horas. El incidente surgió cuando un oficial de servicios juveniles dejó a un grupo de seis menores sin supervisión para buscar suministros de limpieza. Los menores bloquearon los accesos, taparon las cámaras de seguridad e iniciaron un “motín”. El NIJ solicitó la intervención de la Unidad de Operaciones Especiales, que utilizó gas pimienta para dispersar a los menores. El incidente ni siquiera fue referido al OICS, lo cual provocó que la monitora federal advirtiera al tribunal de las irregularidades y solicitara una vista de emergencia. 

Casi un año para instalar cristales de protección ante el COVID-19

Algunas de las estipulaciones del caso federal entraron en incumplimiento luego de la declaración de pandemia en marzo de 2020, cuando los puertorriqueños se recuperaban de los terremotos de principios de año y se declaraba un estado de emergencia y confinamiento por el COVID-19. 

Cuando los jóvenes pensaban que estar encerrados entre paredes azules y crema, vestidos todos de la misma forma — con camiseta gris, pantalón azul y tenis o chanclas — y con un aire acondicionado helado era una situación difícil de llevar, vinieron las medidas para evitar los contagios de COVID-19. El DCR prohibió las visitas en las instituciones juveniles, redujo las actividades físicas y los programas educativos y vocacionales presenciales, minimizó las oportunidades de empleo fuera de la cárcel y optó por clases virtuales para quienes seguían en escuela superior. 

Los menores encarcelados no pudieron ver a sus familiares en más de un año, hasta el 23 de abril, cuando el DCR habilitó finalmente salas para visitas presenciales a través de un acrílico. Otras de las medidas tomadas por la pandemia siguen en pie, lo que representa un doble encierro para estos menores. 

Para el mismo periodo en que el DCR no pudo instalar los acrílicos, había en la agencia una falta de personal. Desde el segundo trimestre de 2019 hasta principios de este año, el DCR incumplió con el mínimo del personal requerido para servicios directos a los menores, por lo que los oficiales de servicios juveniles se habían tenido que acostumbrar a los turnos de 12 horas o a doblar turnos. Esta falta y desgaste del personal ha provocado múltiples incidentes como ausencia de chequeos rutinarios en las habitaciones, ataques entre jóvenes, largos periodos de aislamiento como castigo, oficiales yéndose de su área de trabajo sin avisar y sin ser sustituidos, entre otros, según los informes de Tandy. 

Además, dos empleados del DCR que pidieron no ser identificados por temor a represalias, denunciaron que los oficiales tienen uniformes viejos, radios comunicadores dañados y un sistema de cámaras — en la institución juvenil de Villalba — sin personal asignado, por lo que no hay vigilancia constante. Tampoco hay supervisores suficientes. La Secretaria de Corrección dijo que todavía evalúa cómo llenar esos puestos ya que ni siquiera tienen bien distribuidos a los supervisores con los que cuentan.

Tras el cierre del Centro de Tratamiento Social de Humacao en enero de 2019 — la última institución de menores que cerró el DCR —, los empleados fueron trasladados a cárceles de adultos y no a las instituciones juveniles de Ponce o Villalba, debido a la distancia que habrían tenido que recorrer. No fue hasta el año pasado que se anunció la contratación de al menos 62 nuevos oficiales de servicios juveniles. Estos oficiales ya están integrados en el personal del DCR, dijo la funcionaria. 

Caos con los servicios de salud mental 

Aunque reconoció que hubo problemas para ofrecer los servicios de salud mental en las dos cárceles de menores en el 2020, la Secretaria de Corrección dijo que la crisis que denunció la monitora federal “nunca existió”. Responsabilizó a los menores por el aumento en los casos de emergencias psiquiátricas.

“Era una mala adaptación lo que tenían los menores, no era una crisis de salud mental. Era una situación donde algunos de los menores se dan cuenta de que pueden salir los fines de semana a recibir servicios a un hospital de salud mental en Cabo Rojo y allí interactuaban con otros menores”, dijo Escobar Pabón al CPI, sugiriendo que los jóvenes fingían los intentos suicidas para salir de la institución los fines de semana. 

Sin embargo, para el trabajador social, criminólogo y sociólogo Víctor García Toro, todo lo que ocurrió en las instituciones juveniles en el citado periodo “podría considerarse una crisis”. 

“Es una crisis generada por una serie de estresores externos al ambiente ya difícil de convivencia que es la estructura de una institución penal. Claro, quien dirige una institución penal no quiere hablar de crisis porque se compromete políticamente y compromete a su superior”, puntualizó. 

Mientras ocurría esta crisis de salud mental entre los menores encarcelados, había simultáneamente una crisis similar entre los jóvenes puertorriqueños en general a raíz de la pandemia y los eventos traumáticos que ha vivido el país en los últimos años que se combinaron con el cierre del único hospital psiquiátrico público para menores en la Isla, reveló en junio una investigación del CPI. 

Según los informes de la monitora, en septiembre de 2020 renunciaron todos los psicólogos de PCPS y en octubre, un psiquiatra. La contratación de psicólogos ha sido un reto para PCPS, al punto de que han empleado a profesionales recién graduados y sin experiencia que dejan sus cargos a días de comenzar y sin dar seguimiento adecuado al tratamiento de sus pacientes. Tampoco cumplieron con las horas de servicio requeridas en varios de los periodos evaluados por la monitora. Los documentos también mencionan incidentes de salud mental sin reportar adecuadamente ante la consultora de salud mental, Miriam Martínez, que trabaja junto con Tandy, y el caso de un menor que tuvo al menos tres psiquiatras en un mes. 

Fue el exsecretario de Corrección Erik Rolón quien decidió hace cuatro años que la agencia ya no contrataría directamente a los proveedores de servicios de salud mental, sino que sería una empresa la que administraría el servicio. En abril de 2017, contrató a PCPS para este propósito, una empresa que no había ofrecido antes servicios de salud mental, ni servicios a la población correccional. El primer contrato de tres meses tuvo un costo de $324,555.80, según datos de la Oficina del Contralor. Por los próximos tres años fiscales (de 2017 a 2020), PCPS recibió tres contratos por $1.4 millones, $2.3 millones y $2.6 millones, respectivamente. Los costos del contrato fueron en aumento a pesar de que en el mismo periodo la población en las instituciones juveniles se redujo de 249 menores en 2017 a 113 en 2020. 

“Yo tomé la determinación de unir todos esos contratos bajo una sola entidad para yo tener un mejor control porque no es lo mismo tener que supervisar un contrato que tener que supervisar sobre 50 contratos que, segundo, me cuesta más y, tercero, se entendía que al Departamento se le hacía más difícil fiscalizarlo”, dijo al CPI el exsecretario de Corrección Erik Rolón. Aseguró que esa decisión le ahorró a la agencia un 10% del costo de esos contratos, lo cual era un requerimiento de la Junta de Control Fiscal, pero es difícil determinar si esto ocurrió porque el presupuesto de Instituciones Juveniles estaba dentro del DCR. Explicó que, aunque PCPS no tenía experiencia con servicios de salud mental, había trabajado con el DCR dando servicios educativos a principios del 2010, cuando Rolón era asesor legal en la agencia. 

“El hecho de que no tengan experiencia en la prisión no significa que no tengan experiencia en dar los servicios, porque sí los daban en la libre comunidad… No porque los servicios sean en la prisión son distintos a los que la gente recibe en la libre comunidad. Lo importante es que se cuenta con personal que cuente con las certificaciones”, agregó. 

También dijo que el costo del contrato a PCPS fue en aumento porque “se recibían unos servicios en unas áreas que no se estaban atendiendo. No fue para pagarle más a la compañía”, dijo. 

La empresa también recibió otros dos contratos para “servicios educativos, de adiestramientos y de orientaciones” por un total de $630,000. Y un séptimo contrato por “servicios técnicos” y “servicios de laboratorio no médicos” entre 2019 y 2020, por $1.1 millones. 

“Como alguien que ha estado involucrada, el punto de inflexión fue contratar a una compañía privada para dar los servicios de salud mental. Las compañías privadas hacen dinero, ese es su propósito”, dijo al CPI Taraneh Ferdman, abogada que trabajó por 10 años como consultora del DCR en el caso federal de instituciones juveniles. 

“No sé si (los ejecutivos de PCPS) tenían experiencia dando servicios de salud. No estaba claro en sus documentos. Lo que ofrecían en cantidad de paga y calidad de servicios no tenía sentido. Así que terminaron perdiendo a muchos de los proveedores que llevaban años (en el DCR)”, agregó. 

Por su parte, García Toro coincidió. “Contratan empresas privadas que cobran mucho más caro que si tuvieses a los profesionales dentro de la estructura trabajando para esos menores”, dijo. 

Después de junio de 2020, PCPS comenzó a recibir contratos mensuales porque el DCR decidió hacer un proceso de solicitud de propuestas para los servicios de salud mental a los menores del NIJ. Después de que el DCR le notificara a PCPS que no serían contratados, estos demandaron a la agencia por problemas en la notificación. Esto paralizó el contrato del nuevo proveedor por algunos meses, hasta que el DCR cambió el proceso de licitación a uno de contrato por servicios profesionales, lo que hizo que el Tribunal de Apelaciones perdiera la jurisdicción. 

El CPI contactó en varias ocasiones a PCPS, pero no estuvieron disponibles para reaccionar. 

Por su parte, el presidente de Physician Correctional, el médico primario Raúl Villalobos, dijo que el contrato lo habían recibido luego de un proceso de licitación formal. Cuando el CPI le dijo que el contrato era por servicios profesionales, se mostró sorprendido. 

“La verdad que no sabía que ibas a traer eso. Se demostró en el tribunal que la adjudicación había sido correcta”, reaccionó. 

Los contratos de Physician Correctional fueron firmados por el exsecretario Rivera Juanatey el 23 y 30 de diciembre de 2020, a días del cambio de administración y justo después de que el Tribunal Supremo decidiera que la contratación podía realizarse sin un proceso de subasta. El primero, de $508,018.10, fue para “servicios profesionales de salud mental en el programa de instituciones juveniles” y el segundo, de $626,896.60, para “servicios profesionales de salud mental en el programa de rehabilitación y tratamiento”. El CPI obtuvo copia de los contratos sin anejos, pero la Oficina del Contralor no los ha hecho públicos en su página web porque el DCR no le ha enviado todos los documentos. 

El ex secretario del DCR Rivera Juanatey, quien estaba a cargo de la agencia en medio de la crisis de salud mental, tampoco respondió a varias solicitudes de entrevista del CPI. 

Physician Correctional ya tenía un contrato por cinco años con el DCR, otorgado por Rolón, que inició el 1 de octubre de 2018 y vence el 30 de septiembre de 2023, para administrar el sistema de salud correccional y dar servicios médicos y de salud mental a toda la población correccional, incluidos los menores transgresores. Este contrato, de $54 millones, también fue cuestionado por el anterior contratista, Correctional Health Services (CHS), que demandó en su momento al DCR y denunció irregularidades en el proceso de contratación similares a las denunciadas por PCPS. En el Tribunal de Apelaciones, la demanda fue desestimada por falta de jurisdicción porque el DCR también cambió de un proceso de licitación a una contratación por servicios profesionales. 

El CPI le preguntó sobre estas “irregularidades” a Rolón, y este indicó que el cambio de modo de contratación se dio por “la premura que teníamos de poder cumplir con el plan fiscal en cuanto a lo que a Corrección concierne”. 

“Lamentablemente, nos vimos en la obligación de cancelar el proceso para evaluar propuestas, porque sí se hizo y hubo una evaluación de propuestas, pero se hizo a nivel de servicios profesionales directos”, insistió. 

“Se evaluaron las propuestas de las dos compañías que sometieron con un comité que se formó para ello y el comité entendió que la propuesta que mejor servía a los intereses del Departamento en ese momento y el escenario fiscal que teníamos, que era la de Physician”, agregó. 

¿Quiénes componen Physician Correctional? 

Physician Correctional es una empresa que pertenece a los hermanos médicos Raúl y Javier Villalobos Díaz, quienes en conjunto han donado más de $20,000 al Partido Nuevo Progresista (PNP) y al menos $6,500 al Partido Popular Democrático (PPD) en las últimas dos elecciones, según registros de la página web del Contralor Electoral. La empresa no aparece registrada con este nombre ante el Departamento de Estado, sino como Grupo de Empresas de Salud de San Juan, Inc. Otros nombres relacionados incluyen: GES – Grupo de Empresas de Salud-Clínica Dres. Villalobos Inc., Grupo de Empresas de Salud de Puerto Rico, Grupo de Empresas de Salud USA, Inc., Raúl Villalobos Professional and Health Services, Inc., GES Physician HMO, Inc. y Physician HMO, Inc. 

Villalobos explicó al CPI que los distintos nombres de la empresa son para “distinguir la operación”. Por eso, la parte que ofrece servicios de salud mental a los menores encarcelados se llama ahora Physician Behavioral, “pero es la misma Physician HMO”. Dijo que “no hay ningún tipo de predilección o favoritismos” en los contratos que recibieron. 

“No hubo ningún tipo de irregularidad”, aseguró Villalobos. 

Rolón también sostuvo que los Villalobos no recibieron un trato preferencial por ser donantes. 

“Ni siquiera fue una decisión mía como Secretario. Cualquier jefe de agencia en ese tipo de procesos lo que hace es recibir una recomendación (de un comité) y a base de eso se firma el contrato”, expresó. También dijo que “toda persona tiene su derecho de libre asociación y eso incluye a los partidos políticos”, pero que eso no quiere decir que las agencias tomen decisiones partidistas. Sin embargo, luego de esos contratos, la entonces gobernadora Wanda Vázquez le solicitó la renuncia a Rolón y en los medios se indicó que se debía a las múltiples irregularidades con los contratos en la agencia. Al respecto, Rolón se limitó a decir que desconocía por qué lo habían despedido. 

Los primeros tres contratos gubernamentales de Physician, entre 2011 y 2020, fueron con el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruiz Arnau por un total de $8.2 millones. Algunos fueron otorgados por el entonces secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, quien había sido Chief Medical Officer de Physician. Villalobos dijo que ya venían trabajando con el hospital y “coincidió” con que González Feliciano fuera el secretario de Salud, pero que para trabajar con ellos obtuvo una dispensa de Ética Gubernamental. En dicha oficina, le informaron a González Feliciano que no podía trabajar por dos años en empresas que hubiera favorecido, término que culminó en 2014. González Feliciano inició en 2018 con Physician. 

Por otro lado, aunque la empresa no tenía experiencia con instituciones correccionales antes de su primer contrato, Villalobos dijo que sí cuentan con personal que ha trabajado antes con esta población y que se quedaron con algunos proveedores de salud de la empresa saliente PCPS. 

“Distinto a la compañía anterior, que tenía una escasez de profesionales de psicología, de psiquiatría, nosotros hemos tenido la oportunidad de ofrecer muchos más servicios”, dijo. Sin embargo, el Comité de Amigos y Familiares de Confinados dijo en 2019 que con Physician había habido un “deterioro de los servicios de salud mental” para la población penal de adultos y que esa empresa los había ido “disminuyendo sistémicamente”. 

El futuro de las instituciones juveniles  

Según el último Perfil del Menor Transgresor publicado en el 2016, en las cárceles de menores de Puerto Rico hay mayormente jóvenes de escasos recursos económicos que vienen del sistema público de enseñanza (más del 80%), han sido víctimas de maltrato (40.6% de los niños y 70% de las niñas), han sido víctimas de explotación sexual o por drogas (21.8% de los niños y 35% de las niñas) y han tenido abuso de sustancias controladas (más del 80%). Además, más del 60% ha sufrido de problemas de salud mental antes de entrar a una institución juvenil. La actualización de este documento ahora está a cargo de Physician, pero la empresa indicó que no lo tiene listo y tampoco sabe cuándo lo publicará. 

Algunos de estos menores volverán a la cárcel, pues el 23.8% de los confinados adultos dijo haber estado en una institución juvenil, según el Perfil del Confinado de 2019. 

El sistema judicial juvenil lleva años sin modificarse y un proyecto de ley para reformarlo fue vetado en el pasado cuatrienio por el exgobernador Ricardo Rosselló. 

Un proyecto similar, el Proyecto del Senado 344, fue presentado este cuatrienio para intentar finalmente reformar el sistema. Se trata de una iniciativa multipartita encabezada por el senador independiente José Vargas Vidot, que busca que se agoten todos los remedios administrativos antes de encarcelar a un menor. También evitaría que los menores de 13 años sean procesables, que los jóvenes no sean esposados en los procesos judiciales, y que haya apoyo profesional para el menor y sus familiares. 

“Aspiro a que las instituciones carcelarias para niños desaparezcan… La ley de menores no ha sido tocada por mucho tiempo y todavía en ella residen elementos que son medievales, como arrastrar cadenas a un juicio”, dijo Vargas Vidot, quien trabaja el proyecto con “mucha precaución” para lograr los votos para aprobarlo en un Senado “conservador”. 

Para García Toro, “la cárcel no es un lugar para nadie”. El criminólogo recomienda cambiar el sistema actual por “programas comunitarios, programas privados o programas del propio Estado que trabajen en las comunidades”, directamente con las familias y los jóvenes. Serían más baratos y posiblemente más efectivos. 

Por su parte, la Secretaria de Corrección respaldó una reforma al sistema actual para mantener a los jóvenes “en comunidad y que ellos no tengan que llegar al sistema correccional”. Aunque no conocía el Proyecto del Senado 344, dijo que “avalaría cualquier proyecto de ley que vaya dirigido a la no penalización de los jóvenes en prisión”. Sin embargo, no especificó qué planes tiene para cambiar el sistema actual.

Pese a todas estas iniciativas por casi tres décadas, al final del día los menores transgresores en Puerto Rico siguen atrapados en silencio en un costoso sistema disfuncional que les roba la posibilidad de reencaminar sus vidas.