Puerto Rico está ahora en contra del reloj. Esa es la advertencia de la Agencia de Protección Ambiental y de la Junta de Control Fiscal, ante la lentitud del Gobierno para terminar un plan que controle las emisiones de un gas tóxico, el dióxido de azufre.
Tenían razón los 436 consumidores que se habían querellado ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en contra de Sunnova Energy Corporation, una empresa de alquiler de paneles solares residenciales. El NEPR reconoció en un informe el entramado de problemas que enfrentan los querellantes: los equipos no rindieron el servicio ni los ahorros prometidos a los consumidores. Estos habían puesto su firma en una tablet para supuestamente hacer una verificación de crédito, pero la empresa usaba la firma para estamparla en un contrato que no les había enseñado. Los clientes se enteraban luego de que, para impugnar las facturas o buscar cualquier remedio, tenían que ir a un proceso de arbitraje (fuera de los tribunales y del NEPR), y pagar gastos de abogados. Así, terminaban amarrados por 25 años a un acuerdo de compra de energía que no habían visto antes de firmarlo y del que no había escapatoria.
En realidad, el sector público es el que domina los sistemas de distribución de energía alrededor del Planeta. Alrededor del 70% de los países y regiones estudiados por el BM en su informe tienen a organizaciones públicas como sus empresas de distribución de electricidad más importantes. El 30% restante corresponde a compañías privadas. Estas últimas suelen estar en economías con ingresos altos y medios.