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En días recientes, hemos tenido una sobredosis mediática de la gobernadora Jenniffer González. El megatour de medios, al cumplirse los 100 días de su gestión, nos ha atosigado con mensajes positivistas sobre su desempeño. Todo son besos, abrazos, apretones de mano, sonrisas. El país va bien. Eso nos dice la propaganda, que no es otra cosa que dar a conocer algo con el fin de atraer adeptos.
La Gobernadora ha tenido no menos de 30 comparecencias en medios en los pasados días.
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Una semana atrás, estuve haciendo entrevistas para prensa escrita y radial sobre la campaña del Centro de Periodismo Investigativo para educar sobre las noticias falsas y la desinformación en el contexto electoral. De todas las respuestas que esperaba a ese tour de medios, la que nunca anticipé fue que me convertiría en protagonista de una noticia falsa por parte de personas inescrupulosas y sin oficio, que se esconden en el anonimato para hacer sus fechorías. Justo cuando la tormenta Ernesto comenzaba a alejarse al norte por el Atlántico, empecé a recibir varios mensajes de personas conocidas que me enviaban fotos de su pantalla de celular con noticias falsas con mi foto y mi nombre, creadas para engañar y desinformar en las plataformas de Instagram y Facebook. Es un caso de libro de texto, tal como lo explicamos al dar consejos para identificar noticias falsas. Primero, el enlace a la “noticia”, que tiene el logo del periódico El Nuevo Día, y lleva a una página web loca y desconocida de kreativstormkey.com.
Hace 10 meses comencé a entrevistar a residentes, activistas y líderes comunitarios de vecindarios costeros para conocer las consecuencias de la crisis climática en sus playas, especialmente por la erosión costera. Durante esas conversaciones, las personas denunciaban la compra de terrenos costeros, como ocurrió en el barrio Joyuda en Cabo Rojo y el desarrollo de proyectos residenciales de lujo en el barrio Bajuras, en Isabela.
Ese es el caso también del sector Quique Bravo, una pequeña comunidad en Isabela donde los beneficiarios inversionistas de la Ley 60, Daniel Grunberg y Tyson Carter, pretenden construir viviendas de lujo en una zona parcialmente inundable. Esta situación se repite en otros municipios costeros de Puerto Rico. En Vega Baja, Mason Edward Gorda y Dennis Keith Bostick – también beneficiarios de la exención contributiva para inversionistas extranjeros – compraron terrenos ecológicamente sensitivos en playa Sarapá. En Arecibo, donde la familia Abreu Valentín ocupó estructuras abandonadas en la Zona Marítimo Terrestre de la comunidad Islote para expandir sus negocios de alquileres a corto plazo.
La pregunta me vino a la mente hace cinco años: ¿cuántos puertorriqueños están encarcelados en Estados Unidos? En ese momento, en 2018, estaba investigando el intento fallido del Gobierno de Puerto Rico para trasladar a personas encarceladas bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación a una cárcel privada en Mississippi.
Uno de los retos más grandes que tenemos quienes ejercemos el periodismo en Puerto Rico es la falta de publicación periódica de datos por parte de las tres ramas de gobierno.
No one needs to explain the importance of dealing with the growing problem of climate change to Puerto Ricans and to most of the residents of our archipelago because we know very well that our lives depend on it.
El 2022 fue el año más caliente en récord de nuestro planeta con una temperatura promedio de 1.55 grados Fahrenheit, superando al 2021, según informó este mes el Centro de Información Ambiental de la Administración Nacional Oceánica de los Estados Unidos.
El caso mediante el cual el Centro de Periodismo Investigativo ha logrado establecer la obligación que tiene la Junta de Control Fiscal de someterse al derecho de acceso a la información presenta múltiples encerronas legales. Por eso, el Tribunal Supremo federal debe rechazar la solicitud que le hizo la Junta para que entren en la controversia.
La reciente decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en el caso de acceso a la información que el Centro de Periodismo Investigativo mantiene contra la Junta de Control Fiscal desde 2017 se decidió atravesando argumentos legales laberínticos para el lector lego, pero, al centro, plantea una pregunta sencilla: ¿Tiene la Junta inmunidad para violar las leyes de Puerto Rico sin responder en ningún foro? Hasta ahora, un juez del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y dos de tres jueces apelativos en el Primer Circuito han contestado que no, que la lectura correcta y razonable de la Ley PROMESA es que la Junta no quedó inmune ante cualquier ley en cualquier foro. En todo este trayecto, ha quedado fortalecido el derecho constitucional de acceso a la información que tienen los ciudadanos de esta isla y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció hace 40 años en el caso de Soto v. Secretario de Justicia. Un juez de distrito federal y dos jueces apelativos federales han sostenido que la Junta tiene que responder a la ciudadanía bajo ese derecho. La Junta ya anticipó que intentará extinguir las alternativas que le quedan para revocar a la mayoría del panel apelativo.
