Carpeteo y criminalización de la protesta, legado de Wanda Vázquez Garced

Fui una de las 3,000 personas de las cuales el Departamento de Justicia de Puerto Rico obtuvo información sobre la cuenta y código como usuario de la red social Facebook. Este monitoreo cibernético, que ocurrió en el contexto de la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en 2017, así como las movilizaciones del 1ero de mayo de ese año, entre otras protestas, deja ver cuán lejos está dispuesto a llegar el Gobierno en aras de disuadir las manifestaciones  y reprimir el derecho a la expresión. Al momento de realizarse la solicitud a Facebook de esta información privada de ciudadanos, la secretaria de Justicia era Wanda Vázquez Garced, la actual gobernadora de Puerto Rico. Su gestión en este sentido deja un legado nefasto por haber no solo permitido, sino justificado y mantenido por casi tres años un proceso de criminalización de la protesta mediante el monitoreo selectivo en redes sociales cibernéticas del “comportamiento” de algunos activistas políticos. En octubre del pasado año, la extitular de Justicia defendió públicamente la gestión de interferir con cuentas de medios de prensa estudiantiles al alegar que no se trata de un procedimiento arbitrario, sino de un proceso para esclarecer delitos. 

El hecho de haber recopilado, sin su consentimiento, información de alrededor de 3,000 cuentas de personas que participaron de algún tipo de actividad cibernética relacionada a eventos de la huelga de la UPR en el 2017 nos recuerda las nefastas prácticas de carpeteo político que los gobiernos de Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló realizaron en los años 70 con el apoyo de estructuras como el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

El histórico caos electoral de las primarias 2020

Varios días han pasado desde que un sinnúmero de funcionarios y sectores de la población le hayan pedido la renuncia a Juan E. Dávila Rivera. Él aún se mantiene en su puesto, mientras en Puerto Rico reina la incertidumbre electoral.

Loopland: la exclusión que se repite

En terrenos de lo que fue la base de la Marina de Guerra de Estados Unidos Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, las casas que fueron habitadas por militares de comandos de operaciones especiales del ejército serán transformadas en villas con sistemas de energía solar y de recolección de agua de lluvia para los jardines. Sus ocupantes ya no serán militares, ni tampoco gente de las comunidades aledañas, sino turistas de la generación milenial. 

Esa es la propuesta del más reciente complejo hotelero de lujo en una isla caribeña en donde más de la mitad de sus habitantes vive en condiciones de pobreza. La nueva versión de la fantasía colonial se llama “Loopland”. Son 750 viviendas en línea, como en una urbanización, que colindan al norte con tierras de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, al sur y al este con aguas del océano Atlántico, y al oeste con terrenos protegidos propiedad del Departamento de Recursos Naturales administrados por la organización sin fines de lucro Para la Naturaleza. Loopland fue presentado por el Gobierno con una ceremonia de colocación de la primera piedra: una imagen repetida y desgastada, un photo op para Wanda Vázquez, la gobernadora no electa, en plena campaña electoral, en medio de una pandemia.

Health Department adrift in the midst of the pandemic

Ten days after the Government of Puerto Rico began to take the coronavirus seriously, Puerto Ricans are in the midst of the deadly pandemic without a Health Department to count on. With no public health expert in charge of the decisions on which the lives of 3.2 million people who live on this island depend. The Health Department has no data, no projections that allow for coherent   planning and response, no communications manager with expertise or experience in public health education, and no large-scale educational campaign despite the many millions spent on advertising superfluous matters. Former Health Secretary Rafael Rodríguez-Mercado, who had previously mishandled the emergencies created by Hurricane María in 2017 and the earthquakes between December 2019 and January 2020, “resigned” on Friday, Mar. 13, the day the first positive COVID-19 case in Puerto Rico was confirmed.

Papelón tras papelón en el caso del almacén de Ponce

Los papelones de la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, en el caso de acceso a la información que presentaron la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo para obtener informe de la investigación sobre el almacén de suministros en Ponce, deben parar. Son demasiados. Como si no fuera suficiente con el acto mismo de que el Gobierno dejara sin distribuir oportunamente los suministros disponibles a la gente que los necesitaba. Se siguen usando recursos del Estado para ocultar un documento que a todas luces la ciudadanía tiene el derecho a conocer. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Departamento de Justicia (DJ) este pasado viernes a las 4:52 pm entregar de forma inmediata el informe.

Gobierno se opone en el tribunal a divulgar el informe sobre el almacén de suministros de Ponce

El informe sometido por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre el almacén de suministros en Ponce es un documento público, reconoció en corte la administración de Wanda Vázquez Garced. No obstante, el Gobierno reclama dos excepciones que evitarían que se divulgue si el tribunal las estima válidas: que el informe alegadamente constituye una información que es oficial y le aplica el privilegio ejecutivo y que es necesario proteger los derechos constitucionales de “los imputados” que se podrían ver afectados si se hace pública información de una investigación que no ha concluido. 

Durante la vista judicial en el caso de acceso a información presentado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que la Gobernadora entregue el documento, los abogados del Gobierno solicitaron a la jueza Lauracelis M. Roques Arroyo del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que desestime la demanda invocando inicialmente la teoría legal de que la investigación realizada por el NIE es parte de la pesquisa del Departamento de Justicia. 

El informe del NIE fue encomendado por la Gobernadora para hacer la evaluación en un periodo de 48 horas de lo ocurrido en el almacén de suministros en Ponce, y una vez recibido, fue referido a Justicia por Vázquez Garced.  

El NIE ya no es parte del Departamento de Justicia (DJ) desde que se aprobó la ley que lo adscribe a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública. El Gobierno trató de hacer ver que la confidencialidad que provee la Ley Orgánica del Departamento de Justicia se extiende al NIE, debido a que trabajan en coordinación. Una moción de solicitud de desestimación de la solicitud de información fue recibida una hora antes de la cita en el tribunal. Durante la vista, los abogados del Departamento de Justicia (representando al Gobierno), Tania L. Fernández Medero y Antonio Cintrón Almodóvar, intentaron demostrar que tanto la Ley 20 de 2017, que crea el Departamento de Seguridad Pública, como la ley orgánica del Departamento de Justicia sostienen que el documento es confidencial hasta tanto culmine la investigación de Justicia. 

La jueza Roques Arroyo insistió en varias ocasiones en que los abogados del Gobierno explicaran de dónde surge tal apreciación.

Behind the ruins: Haiti and Puerto Rico

Haiti’s national portrait is deceiving: ax, pickaxe and shovel. Blood on the streets and masked uniformed men running amok. An easy-to-consume, instant chaos. January 2020 marks 10 years of the earthquake and 216 years of being the first black republic. Its portrait, sadly, continues to be one of destruction.