Carpeteo y criminalización de la protesta, legado de Wanda Vázquez Garced

Fui una de las 3,000 personas de las cuales el Departamento de Justicia de Puerto Rico obtuvo información sobre la cuenta y código como usuario de la red social Facebook. Este monitoreo cibernético, que ocurrió en el contexto de la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico en 2017, así como las movilizaciones del 1ero de mayo de ese año, entre otras protestas, deja ver cuán lejos está dispuesto a llegar el Gobierno en aras de disuadir las manifestaciones  y reprimir el derecho a la expresión. Al momento de realizarse la solicitud a Facebook de esta información privada de ciudadanos, la secretaria de Justicia era Wanda Vázquez Garced, la actual gobernadora de Puerto Rico. Su gestión en este sentido deja un legado nefasto por haber no solo permitido, sino justificado y mantenido por casi tres años un proceso de criminalización de la protesta mediante el monitoreo selectivo en redes sociales cibernéticas del “comportamiento” de algunos activistas políticos. En octubre del pasado año, la extitular de Justicia defendió públicamente la gestión de interferir con cuentas de medios de prensa estudiantiles al alegar que no se trata de un procedimiento arbitrario, sino de un proceso para esclarecer delitos. 

El hecho de haber recopilado, sin su consentimiento, información de alrededor de 3,000 cuentas de personas que participaron de algún tipo de actividad cibernética relacionada a eventos de la huelga de la UPR en el 2017 nos recuerda las nefastas prácticas de carpeteo político que los gobiernos de Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló realizaron en los años 70 con el apoyo de estructuras como el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE).

Loopland: la exclusión que se repite

En terrenos de lo que fue la base de la Marina de Guerra de Estados Unidos Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, las casas que fueron habitadas por militares de comandos de operaciones especiales del ejército serán transformadas en villas con sistemas de energía solar y de recolección de agua de lluvia para los jardines. Sus ocupantes ya no serán militares, ni tampoco gente de las comunidades aledañas, sino turistas de la generación milenial. 

Esa es la propuesta del más reciente complejo hotelero de lujo en una isla caribeña en donde más de la mitad de sus habitantes vive en condiciones de pobreza. La nueva versión de la fantasía colonial se llama “Loopland”. Son 750 viviendas en línea, como en una urbanización, que colindan al norte con tierras de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, al sur y al este con aguas del océano Atlántico, y al oeste con terrenos protegidos propiedad del Departamento de Recursos Naturales administrados por la organización sin fines de lucro Para la Naturaleza. Loopland fue presentado por el Gobierno con una ceremonia de colocación de la primera piedra: una imagen repetida y desgastada, un photo op para Wanda Vázquez, la gobernadora no electa, en plena campaña electoral, en medio de una pandemia.

Papelón tras papelón en el caso del almacén de Ponce

Los papelones de la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, en el caso de acceso a la información que presentaron la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo para obtener informe de la investigación sobre el almacén de suministros en Ponce, deben parar. Son demasiados. Como si no fuera suficiente con el acto mismo de que el Gobierno dejara sin distribuir oportunamente los suministros disponibles a la gente que los necesitaba. Se siguen usando recursos del Estado para ocultar un documento que a todas luces la ciudadanía tiene el derecho a conocer. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Departamento de Justicia (DJ) este pasado viernes a las 4:52 pm entregar de forma inmediata el informe.

Behind the ruins: Haiti and Puerto Rico

Haiti’s national portrait is deceiving: ax, pickaxe and shovel. Blood on the streets and masked uniformed men running amok. An easy-to-consume, instant chaos. January 2020 marks 10 years of the earthquake and 216 years of being the first black republic. Its portrait, sadly, continues to be one of destruction.

Puerto Rico Fiscal Control Board’s Scandalous Secrecy Exposed

In a legal fight for access to information that has been going on for more than two years, the Fiscal Control Board (JCF, for its initials in Spanish) argued before the U.S. District Court for the District of Puerto Rico that it has not delivered public information to the Center for Investigative Journalism (CPI, for its initials in Spanish) to avoid revealing which politicians accept public services reductions. This and other JCF arguments are contained in a motion that seeks to dismiss the second lawsuit submitted by CPI to gain access to communications between that entity and the Government of Puerto Rico. The second lawsuit was made necessary this year since the non-elected body that governs the island’s finances has delayed the delivery of 22,000 documents (out of a total of 40,000) that they have acknowledged would be responsive to a request made by CPI in a first lawsuit filed in 2017. The delivery of the first tens of thousands of documents served to source several stories about the Board’s communications with local and federal government entities included in the series “Los emails de la Junta” (“The Board’s emails”). Some revelations were even mentioned by Puerto Rican U.S. Supreme Court Justice Sonia Sotomayor in the Oct.