La pregunta me vino a la mente hace cinco años: ¿cuántos puertorriqueños están encarcelados en Estados Unidos? En ese momento, en 2018, estaba investigando el intento fallido del Gobierno de Puerto Rico para trasladar a personas encarceladas bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación a una cárcel privada en Mississippi.
La reciente decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en el caso de acceso a la información que el Centro de Periodismo Investigativo mantiene contra la Junta de Control Fiscal desde 2017 se decidió atravesando argumentos legales laberínticos para el lector lego, pero, al centro, plantea una pregunta sencilla: ¿Tiene la Junta inmunidad para violar las leyes de Puerto Rico sin responder en ningún foro? Hasta ahora, un juez del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y dos de tres jueces apelativos en el Primer Circuito han contestado que no, que la lectura correcta y razonable de la Ley PROMESA es que la Junta no quedó inmune ante cualquier ley en cualquier foro. En todo este trayecto, ha quedado fortalecido el derecho constitucional de acceso a la información que tienen los ciudadanos de esta isla y que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció hace 40 años en el caso de Soto v. Secretario de Justicia. Un juez de distrito federal y dos jueces apelativos federales han sostenido que la Junta tiene que responder a la ciudadanía bajo ese derecho. La Junta ya anticipó que intentará extinguir las alternativas que le quedan para revocar a la mayoría del panel apelativo.
A pesar de las experiencias en torno a los aspectos que deben mejorarse para proteger vidas, la infraestructura y garantizar los servicios esenciales durante una emergencia, el Gobierno de Puerto Rico insiste en un discurso determinista que describe los desastres como inevitables, para así justificar su inacción en los renglones de preparación y respuesta.
Si bien es cierto que, por la ubicación y climatología, las islas de Puerto Rico son propensas al impacto de huracanes, también hay que aceptar que la pérdida de vidas, la ausencia de electricidad por meses, el colapso de puentes de décadas de existencia y la inaccesibilidad a servicios de salud no necesariamente son inevitables. Son parte de desastres políticos que evidencian las fallas de una administración pública en la cual el mantenimiento a la infraestructura crítica, la garantía de un techo digno y el derecho a la salud dejaron de ser prioridades. Para el profesor de historia de la Universidad de Yale, Stuart Schwartz, el uso del término “natural” para describir al huracán María falla en reconocer que la falta de preparación gubernamental, la infraestructura débil y la situación fiscal precaria vigente son en gran medida responsables de lo ocurrido en Puerto Rico tras el azote del ciclón.
“No son las tormentas en sí las que matan a estas personas. Es lo que hicimos o no hicimos antes y después lo que fue responsable. Preparación, política y voluntad es lo que se necesita para enfrentar estos desastres ‘naturales’.
Por las características inherentes de interés público que tiene su trabajo y a la definición legal que se le ha dado a la función que realizan.
¿Hasta cuándo tendremos que esperar para atender este tema tan apremiante fuera de las conferencias de prensa donde solo permiten hacer una o dos preguntas a la carrera?
Me ha llamado la atención cómo un puñado de abogados y contadores públicos autorizados en Puerto Rico han intentado minimizar los hallazgos y denuncias que se hacen en la investigación internacional Pandora Papers, que expone cómo el sistema financiero de paraísos fiscales beneficia a los más ricos y poderosos del mundo. Es legal, dicen. No es casualidad que en los paraísos fiscales proliferen las empresas offshore, las compañías fantasma o de papel, y los fideicomisos. Pueden servir a fines legítimos, pero también se ha demostrado cómo son usadas para mover o esconder el capital – a veces mal habido – de dictadores, traficantes de armas o drogas, o grandes y conocidas marcas como Nike y Apple. Algunas de estas empresas pueden ser legales, en apariencia.
La obstinada posición de LUMA Energy, LLC. ante el reclamo público y legislativo de que revele información sobre sus operaciones sufragadas en su totalidad con dinero público, no le deja otro camino al gobernador Pedro Pierluisi que exigirle a los directivos de la empresa que abran sus libros. Parece inverosímil que, durante meses, el presidente de LUMA, Wayne Stensby, haya utilizado todas las estrategias legales para retrasar el proceso y evitar hacer pública información sin que a nadie del Gobierno de Puerto Rico le importe. No es pedirla, es exigirla. ¿Manda el Gobierno o el que manda es LUMA?
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puesto en aprietos a LUMA Energy, LLC., al denegar por segunda ocasión una solicitud de reconsideración de la empresa para no entregar información sobre sus trabajadores, ejecutivos y sus salarios, entre otros datos solicitados por la Cámara de Representantes.
Journalists, because of their training, are a distrusting people. And, based on our experience, we especially distrust politicians and structures of power. No exceptions. It’s in our nature. Despite this, last week I spent three days at the Capitol Building, summoned by Reps.
Los periodistas, por nuestra formación, somos personas desconfiadas. Y por nuestra experiencia, desconfiamos especialmente de los políticos y de las estructuras de poder. Sin distinción. Es la naturaleza de nuestro trabajo. A pesar de esto, la semana pasada estuve tres días en El Capitolio convocada por los representantes José Betito Marquez (MVC) y Jesús Manuel Ortiz (PPD) para participar en unas mesas de discusión sobre la transparencia gubernamental.
