Loopland: la exclusión que se repite

En terrenos de lo que fue la base de la Marina de Guerra de Estados Unidos Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, las casas que fueron habitadas por militares de comandos de operaciones especiales del ejército serán transformadas en villas con sistemas de energía solar y de recolección de agua de lluvia para los jardines. Sus ocupantes ya no serán militares, ni tampoco gente de las comunidades aledañas, sino turistas de la generación milenial. 

Esa es la propuesta del más reciente complejo hotelero de lujo en una isla caribeña en donde más de la mitad de sus habitantes vive en condiciones de pobreza. La nueva versión de la fantasía colonial se llama “Loopland”. Son 750 viviendas en línea, como en una urbanización, que colindan al norte con tierras de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads, al sur y al este con aguas del océano Atlántico, y al oeste con terrenos protegidos propiedad del Departamento de Recursos Naturales administrados por la organización sin fines de lucro Para la Naturaleza. Loopland fue presentado por el Gobierno con una ceremonia de colocación de la primera piedra: una imagen repetida y desgastada, un photo op para Wanda Vázquez, la gobernadora no electa, en plena campaña electoral, en medio de una pandemia.

Papelón tras papelón en el caso del almacén de Ponce

Los papelones de la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, en el caso de acceso a la información que presentaron la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Centro de Periodismo Investigativo para obtener informe de la investigación sobre el almacén de suministros en Ponce, deben parar. Son demasiados. Como si no fuera suficiente con el acto mismo de que el Gobierno dejara sin distribuir oportunamente los suministros disponibles a la gente que los necesitaba. Se siguen usando recursos del Estado para ocultar un documento que a todas luces la ciudadanía tiene el derecho a conocer. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó al Departamento de Justicia (DJ) este pasado viernes a las 4:52 pm entregar de forma inmediata el informe.

Puerto Rico Fiscal Control Board’s Scandalous Secrecy Exposed

In a legal fight for access to information that has been going on for more than two years, the Fiscal Control Board (JCF, for its initials in Spanish) argued before the U.S. District Court for the District of Puerto Rico that it has not delivered public information to the Center for Investigative Journalism (CPI, for its initials in Spanish) to avoid revealing which politicians accept public services reductions. This and other JCF arguments are contained in a motion that seeks to dismiss the second lawsuit submitted by CPI to gain access to communications between that entity and the Government of Puerto Rico. The second lawsuit was made necessary this year since the non-elected body that governs the island’s finances has delayed the delivery of 22,000 documents (out of a total of 40,000) that they have acknowledged would be responsive to a request made by CPI in a first lawsuit filed in 2017. The delivery of the first tens of thousands of documents served to source several stories about the Board’s communications with local and federal government entities included in the series “Los emails de la Junta” (“The Board’s emails”). Some revelations were even mentioned by Puerto Rican U.S. Supreme Court Justice Sonia Sotomayor in the Oct.

Se levanta una rebelión contra el régimen corrupto de Rosselló

El país ha visto a Rosselló resbalándose una y otra vez en la misma cáscara de guineo. En la marcha contra Rosselló del miércoles 17 de de julio, cuando cientos de miles de manifestantes se congregaron por cuarto día consecutivo para exigir su dimisión, estaba claro que prácticamente todo el país se le había volcado en contra.