porOmar Alfonso | La Perla del Sur y Centro de Periodismo Investigativo |
De aprobarse la docena de cambios sugeridos, empresas como AES en Guayama podrán eludir protecciones antes requeridas por la EPA para salvaguardar recursos naturales y la salud pública.
Naomi Klein zarpó en un bote desde la Bahía de Jobos en Salinas en dirección al Cayo Caribe. Iba con estudiantes, líderes comunitarios y pescadores a bordo. El cayo está a un lado de la Boca del Infierno, el área en que se cruzan las corrientes del mar con las de la bahía, en donde hay corales, carruchos, cocolías, langostas y por donde pasaría un tubo de gas natural propuesto para cambiar de petróleo a gas la Central Termoeléctrica Aguirre. Cerca de la bahía se encuentra la plaza John F. Kennedy: un piso de cemento al aire libre con bancos y árboles que sobrevivieron las ráfagas del huracán María. Un arco forrado con guirnaldas y luces de navidad demarca el pedazo de tierra en donde hay una lápida con el nombre del fenecido presidente, con las fechas de su nacimiento y de su asesinato, sobre la que hay un florero con rosas artificiales y una estatua de la Virgen María.
Río Grande y Ponce lideran con $2.3 millones cada cual la lista de municipios que más dinero han puesto en contratos con las empresas familiares de la calle Paraná #1686, López Vega CPA y Municipal Consultants Group, que comparten oficinas y socios. Una mirada a cómo han operado estos contratistas pinta un cuadro de manejo irresponsable de fondos públicos, faltas éticas y favoritismo, toda una economía que depende de la intervención político partidista penepé y popular y que no es fiscalizada oportunamente.
The Center for Investigative Journalism reveals how the rules for company AES in Puerto Rico were changed backstage. In addition, officials from government agencies react to the coal ash problem.
The whereabouts of the millions of tons of coal ash that have been spilled on the island expose its effects on health and their potential threat to the Southern Aquifer.