OEG

El acceso a información privilegiada del Gobierno por parte de exfuncionarios en la empresa privada podría resultar en una competencia desleal e injusta, observa una experta en ética comercial.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tendrá que evaluar si el exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, incurrió en un conflicto de interés cuando, como jefe de esa agencia y de la Junta de Directores de la Autoridad de Tierras (ATPR), tomó decisiones que pudieron facilitar un proyecto fotovoltaico en terrenos agrícolas que pertenecen a una corporación de la que él es inversionista.

En medio de una madeja de conflictos se encuentra Eduardo Soria Rivera, quien desde enero dirige la principal oficina a cargo de la recuperación de Puerto Rico y preside la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica.

La determinación del director de la agencia limita la fiscalización ciudadana, advierten las organizaciones que promueven la transparencia y el uso debido de los fondos públicos.

Las operaciones revelaron además, un patrón de atraso de hasta tres meses desde la fecha de radicación de las querellas a la publicación de las mismas en el portal cibernético de la agencia.