Es periodista y editora. Graduada de bachillerato en Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, actualmente cursa su máster en la Craig Newmark Graduate School of Journalism, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). En las empresas Ferré Rangel, ahora GFR Media, ocupó varios puestos desde 1997 cuando se fundó el diario Primera Hora: periodista, subjefa de espectáculos, editora de multimedios, de planificación, de innovación, y subdirectora digital de los dos principales portales de noticias de Puerto Rico: elnuevodia.com y primerahora.com.
Como periodista independiente ha publicado en el Centro de Periodismo Investigativo, CNN en Español, City Limits, Latino Rebels, Hunts Point Express y Mott Haven Herald. Ha participado de talleres de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, WAN-IFRA y GDA, entre otros.
El alcalde de Jayuya, Jorge González Otero, habla sin tapujos. En mayo, les dijo a los principales funcionarios a cargo de la recuperación de Puerto Rico que deben “darle machete” al contrato de la compañía estadounidense ICF Incorporated. Su envalentonamiento tiene un fundamento de gran peso, o mejor dicho, de muchos dólares. Con $250 millones federales asignados, Jayuya es el municipio con más fondos disponibles para reconstruir edificios, carreteras y puentes. Le sigue San Juan, con $96 millones.
Los residentes de la Urbanización El Álamo de Guaynabo, donde ubica la quebrada Los Frailes, viven con problemas históricos de inundaciones. Luego del huracán María, la situación allí empeoró. A raíz de estas inundaciones, el municipio, por dictamen judicial luego de que los vecinos demandaran, tiene que tener una excavadora lista en el área cada vez que llueve, dijo el alcalde Ángel Pérez Otero. Unas 10 casas en el sector Meliá León, que están aledañas a la quebrada, también se han visto afectadas con las inundaciones desde hace más de tres décadas, según aseguró la residente Maritza Rosas, quien lleva 62 años viviendo en este lugar. El municipio mantiene un proyecto de mitigación ante la consideración de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) para hacer un puente nuevo en esta zona, que resolvería los problemas que causan las inundaciones.
El Plan de Mitigación de Puerto Rico para el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT) no ha sido aprobado en su totalidad por el Departamento de Vivienda federal (HUD), confirmó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) la subsecretaria del Departamento de la Vivienda, Maretzie Díaz Sánchez. Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó esta semana en su Mensaje de Situación: “estamos activamente trabajando con HUD para lograr el Acuerdo de Subvención de los $8,000 millones del programa de CDBG-MIT para proyectos de resiliencia y mejoras a la infraestructura de Puerto Rico, cuyo Plan de Acción ya fue aprobado por HUD”. Del total de la subvención de $8.2 mil millones, HUD aprobó los programas de infraestructura, desarrollo económico y planificación incluidos en el Plan de Mitigación por la cantidad de $6.2 mil millones. Sin embargo, el programa relacionado al sector de vivienda no fue aprobado por la agencia federal. “HUD [bajo la administración de Trump] entendió que había algunas necesidades que no estaban directamente atendidas en este plan de acción, como las personas sin hogar”, dijo la subsecretaria del programa CDBG-DR en Vivienda, Díaz Sánchez, al CPI.
The disconnect between the databases used for the 231,167 special vote requests registered by the Absentee and Early Voting Administrative Board (JAVAA, in Spanish) and the Permanent Registration Boards (JIP, in Spanish) is one of the major deficiencies that caused a duplication in the number of requests prior to the Puerto Rico elections, an investigation by the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) found after interviewing more than a dozen sources within the State Elections Commission (SEC). “Two different ways of voting could have been registered for the same voter: early and absentee,” said a person who worked closely with the process of entering the data of the requests for these votes in the SEC’s database. The JAVAA and JIPs, the two entities that handle these requests, worked on two different tables within the same database. This resulted in JAVAA staff overlooking the requests that the JIPs were processing. In turn, the JIPs had no visibility of the applications processed by the JAVAA.
La desconexión entre las bases de datos usadas para las 231,167 solicitudes de voto especial registradas por la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA) y las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) es una de las mayores deficiencias que ocasionó duplicidad en las solicitudes previo a las elecciones en Puerto Rico, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tras entrevistar a más de una decena de fuentes al interior de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). “Para un mismo elector, se pudo haber grabado [registrado] dos formas de voto distintas: adelantado y ausente”, explicó una persona que trabajó de cerca en el proceso de ingresar los datos de las solicitudes de estos votos en los sistemas electrónicos de la CEE. La JAVAA y las JIP, los dos entes que manejan estas solicitudes, trabajaron en dos tablas distintas dentro de una misma base de datos. Esto tuvo como consecuencia que el personal de JAVAA no veía las solicitudes que las JIP procesaban. A su vez, las JIP no tenían visibilidad de las solicitudes tramitadas por JAVAA.
Cuando se accede a varias páginas oficiales de agencias importantes del Gobierno, aparece un mensaje de advertencia: “Visitar este sitio puede perjudicar la computadora”.
Tienen problemas de acceso a sus páginas La Fortaleza, los departamentos de Educación, Trabajo, Justicia, Recursos Naturales, Desarrollo Económico y Comercio, Corrección, Familia, Estado, Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de los Puertos, la de la Policía, Autoridad de Edificios Públicos, la Administración de los Sistemas de Retiro, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, y el propio Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS), una dependencia encargada de desarrollar proyectos de tecnología e innovación para el Gobierno.
La página de la Junta de Control Fiscal también tiene problemas de acceso. “Como parte de sus criterios automáticos, Google determinó que unos enlaces colocados en la página web del Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), por parte de su agencia de publicidad, pudieran ser de carácter malicioso. A raíz de ello, Google levantó una bandera de seguridad automática que se extendió a las páginas de otras agencias bajo el dominio pr.gov”, dijo Glorimar Ripoll Balet, la principal ejecutiva de PRITS al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en declaraciones escritas.
Ripoll informó que esta alerta de Google provoca que al acceder a cualquier página bajo el dominio del gobierno, algunos usuarios se encuentren con un alerta de seguridad. Sin embargo, esta aclaró que la seguridad de la página del gobierno no se encuentra comprometida. La Fortaleza prefirió referir preguntas sobre el asunto a la directora del PRITS.
Bajo la dirección de Ottmar Chávez Piñero en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), la compañía Tidal Basin Caribe, de la que su hermana Frances Chávez Piñero es directora de operaciones en Puerto Rico, ha obtenido contratos millonarios para servicios de consultoría sobre el mismo proceso de recuperación que gerencia su hermano desde el Gobierno de Puerto Rico. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que Tidal Basin Caribe, que no había sido contratada antes por el Gobierno, tiene contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña que suman $10 millones y fueron otorgados entre octubre del 2019 y septiembre de este año. Los contratos relacionados con proyectos de recuperación son reembolsados con el dinero que otorga la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) a través del COR3. En octubre de 2019, mientras Ottmar Chávez Piñero tenía también el sombrero de Representante Autorizado del Gobierno ante FEMA y de administrador de la Administración de Servicios Generales, la compañía donde su hermana es directora de operaciones obtuvo el contrato de la AEE por $6 millones para asesoría en procesos de recuperación y formulación de proyectos. La vigencia del contrato que la AEE otorgó a Tidal Basin Caribe en octubre de 2019 era de apenas tres meses, pero fue enmendado en tres ocasiones para sumar $9.9 millones y extenderse hasta septiembre de 2020.
Of the $20.2 billion recovery funds allocation granted after Hurricane María through the Community Development Block Grant Disaster Recovery program (CDBG-DR), Puerto Rico has been approved to use only 16%, or, $3.2 billion. Of the money available, the government had used a mere 2%, as of June 30, the end of fiscal year 2020. The bureaucratic process and restrictions by the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), coupled with the government of Puerto Rico’s ongoing staffing and planning changes, influence the delay in the disbursement of money, the Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) found. Some $67 million had been disbursed, at the end of the fiscal year, on June 30, according to the federal interagency Recovery Support Function Leadership Group (RSFLG), that is, 76% of what was projected by the 2020 Fiscal Plan certified by the Fiscal Control Board. Some of the recovery projects have been shifted to a different agency in charge; others have been canceled.
