La Contralora de Puerto Rico y su exesposo tuvieron que responder en el estado de Florida por dejar de pagar impuestos de su propiedad. En Puerto Rico, la Junta de Contabilidad, que regula las licencias de los contadores públicos autorizados, y el Departamento de Justicia evalúan una querella sobre esta violación.
Los demandantes solicitan la totalidad de los documentos relacionados a la investigación que condujo durante seis meses la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sobre la firma UBS Financial Services en Puerto Rico.
Ningún ciudadano tiene que demostrar para qué quiere un documento público que solicita al estado o cuál es su interés en el mismo, sino que es el funcionario público quien tiene que probar la necesidad del Gobierno de mantenerlo en secreto. Este derecho al acceso a la información también es aplicable a las comunicaciones electrónicas de los gobernantes y funcionarios.
El reglamento para poner las carpetas a la disposición del público debe ser aprobado en los próximos días, por lo cual los expedientes que están organizados, que son cerca de la mitad de los que están en poder del Archivo General, estarían disponibles para examen físico en las próximas semanas y el resto para el verano.
Competidores de Plaza Las Américas exigen al gobierno de Puerto Rico $5 millones y que se declare nula la compra-venta de los terrenos de la Guardia Nacional por no cumplir con parámetros de ley.
Uno de los inversionistas del centro comercial The Mall of San Juan, que pretende competir con el emblemático centro comercial Plaza las Américas, cuestionó la validez de la transacción que le cedió un valioso predio de terreno del gobierno a los propietarios del “Centro de todo”, a menos de la mitad del precio de tasación de los terrenos y sin que mediara subasta.
El derecho ciudadano a grabar con sus teléfonos celulares las intervenciones policiacas prevaleció en una decisión reciente del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Federal de Boston como parte de una demanda civil radicada contra el pueblo de Weare, New Hampshire y su Policía Municipal. La decisión abre la puerta a demandas contra la Policía de Puerto Rico y las policías municipales por violación de derechos civiles cuando los agentes del orden público ocupan ilegalmente los teléfonos celulares de los ciudadanos que los graban en medio de sus intervenciones, anticipó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Le tomó dos décadas de gestiones, pero los propietarios del centro comercial más grande del Caribe se ahorraron $28 millones al comprar a menos de la mitad del valor fijado por el Gobierno uno de los terrenos más codiciados de la Capital para expandir sus operaciones. Los terrenos, considerados por el Banco Gubernamental de Fomento como una de las principales propiedades de la Isla, fueron tasados inicialmente por el Gobierno de Puerto Rico en $52 millones y finalmente vendidos a los Fonalledas por $24 millones.
