Favorecida por el gobierno St. James con contratos de seguridad

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La Administración de Servicios Generales (ASG) revocó una subasta ya otorgada para acomodar a la compañía de seguridad St. James Security Services Inc., propiedad del mecenas de la cultura y prominente contribuyente del Partido Nuevo Progresista, Guillermo Martínez.

En el ojo de la tormenta está la feroz competencia por uno de los principales mercados de la industria de la seguridad y las cámaras de vigilancia: las dependencias de todo el gobierno.

En las bandas exteriores, una funcionaria que, tras revocar la subasta fue nombrada fiscal federal auxiliar, y una compañía con poderosas conexiones políticas en Puerto Rico y Estados Unidos.

Trasfondo de la controversia

En julio de 2011, la ASG convocó la subasta 10-7-227 para recibir propuestas para servicio de vigilancia para las agencias, corporaciones públicas y municipios del Gobierno de Puerto Rico. Entre los requisitos figuraba que los licitadores presentaran la licencia que otorga la Policía de Puerto Rico que los autoriza a operar como “agencia de seguridad”.

La Junta de Subastas de la ASG adjudicó en octubre de 2011 a ocho de las 12 compañías participantes. Posteriormente, se descalificó a otra quedando entonces, siete: Alpha Guards Management, Airborne Security Services, Puerto Nuevo Security Guard, O’Neill Security & Consultant Services, Northwest Security Management, Genesis Security Services y Contact Security.

St. James Security Services fue excluida por no presentar su licencia de “agencia de seguridad”. St. James solicitó una reconsideración argumentando que había sometido el Certificado de Elegibilidad del Registro Único de Licitadores, el cual acreditaba que tenía todos sus documentos al día, incluyendo la referida licencia, la cual estaba vigente hasta marzo de 2012. Igual planteamiento llevaron al Tribunal de Apelaciones. Ambos foros rechazaron el argumento de St. James.

Pugna entre la Junta de Subastas y la Administradora Interina de la ASG

Mientras el caso se hallaba pendiente ante el Tribunal Supremo, y a pocos días de haber asumido su cargo como administradora interina de la ASG, Olga M. de Cardona Martínez notificó el 22 de junio de 2012 la revocación de su propia Junta de Subastas.

Esto a pesar de que 11 días antes, Margie Toro López, presidenta de la Junta de Subastas de la ASG por los pasados 35 años, le había escrito un extenso memorando a de Cardona Martínez en el cual se expresaba “consternada” por una misiva con fechas inconsistentes que le había cursado la administradora interina de la ASG por dos meses, Dennise N. Longo Quiñones, en la cual revocaba la subasta a pesar de que el Tribunal Apelativo ya la había confirmado.

Toro López denunció que Longo Quiñones nunca le consultó y que la recomendación de ésta, adoptada por de Cardona Martínez violaba el reglamento.

Toro López difirió de Longo Quiñones, quien días antes de partir de la ASG para juramentar como fiscal federal auxiliar calificó la presentación de la licencia como “un requisito de menor importancia” y citó artículos periodísticos que reportan la contratación de personas inelegibles y hasta convictos como guardias de seguridad, así como la práctica ilegal de algunas compañías de prestarse sus licencias entre sí.

Los argumentos de St. James

Los abogados de St. James argumentaron ante el Tribunal Supremo que presentó su licencia vigente de la Policía cuando la ASG le extendió el contrato por vencer y el cual sería sustituido por la nueva subasta y aun cuando no lo hubiera provisto, era un error subsanable administrativamente.

A raíz de la desestimación en el Supremo por académico, y la inclusión de St. James en la lista de compañías que podían ser contratadas hasta el año 2014, cinco de las compañías impugnaron la determinación.

El pasado 19 de octubre, el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia parcial, rechazando el entredicho provisional, preliminar e injunction permanente pero dejando pendiente de adjudicación por la vía ordinaria de los daños reclamados por los demandantes, acción que podría tardar años en resolverse.

Desde entonces, al menos una de las compañías ha radicado demandas cuestionando la inclusión de St. James en el listado de compañías elegibles para ser contratadas.

El Centro de Periodismo Investigativo supo que al menos otra compañía también demandará.

El CPI dejó mensaje con la secretaria personal de Guillermo Martínez para que reaccionara a nombre de su compañía, sus subsidiarias, subalternos y familiares pero nunca respondió.

Las gestiones para obtener reacciones de la Oficina Central de Comunicaciones y Prensa de la Fortaleza, de la Administradora y de Prensa de la ASG y de los funcionarios y candidatos por el PNP resultaron infructuosas.

Los personajes de St. James, el trasfondo

St. James Security fue fundada en 1977 por el ex superintendente de la Policía y ex coronel Luis Maldonado Trinidad y su esposa y abogada Mildred I. Goyco, quien fue vicepresidenta en el Banco Gubernamental de Fomento. Ambos funcionarios fueron designados bajo la administración del ex gobernador PNP, Carlos Romero Barceló.

Una de las fuentes entrevistadas aseguró que Goyco fue jefa del ex secretario de Hacienda, Jesús F. Méndez Rodríguez, principal cliente de St. James Security con aproximadamente $14 millones en contratos de seguridad.

Entre las décadas del 70 y 80, Guillermo Martínez fundó la compañía General Computer, que luego se llamó GM Group, dedicada a facilitar y vigilar transacciones con tarjetas de cajeros automáticos del Banco Popular de Puerto Rico y del Programa de Asistencia Nutricional. Popular Inc. le compró a Martínez en 1999 la operación por $55 millones y cambió el nombre a Evertec, donde el empresario quedó como principal ejecutivo en jefe (CEO) hasta su retiro en el 2002.

En el 2005, Martínez lanzó GM Security Technologies y compró St. James Security, donde dejó al abogado Marcos Rivera Rivera como presidente, y a Goyco de Trinidad como asesora legal. También adquirió la compañía de seguridad con base en Mayagüez Ready & Responsible.

Poco después, añadió la firma National Investigation & Protection Group, la cual investiga trasfondos de individuos, hace pruebas de dopaje y ofrece protección y escoltas a ejecutivos y personalidades.

Martínez es el propietario, presidente y principal ejecutivo en jefe (CEO) de GM Holdings. Según Corporationwiki en la Internet, Martínez es el presidente de Security Technologies Inc., otra subsidiaria de GM Holdings, Jesús Cortina es su vicepresidente y Elmer Garrastazú es su principal oficial financiero (CFO).

Mientras, Adriana Cortina Martínez, identificada como sobrina de Martínez, es la vicepresidenta de asuntos legales de St. James Security.

Carlos R. Díaz Vivó figura como principal oficial de operaciones (COO) de GM Holdings. Aparece en ciertos documentos de las autoridades eleccionarias como abogado de General Investment SE, otra subsidiaria de GM Holdings; principal oficial ejecutivo (CEO) de St. James Security, gerente de propiedades de GM Holdings, principal oficial ejecutivo y principal oficial de operaciones de GM Holdings.

Jesús Cortina también aparece mencionado en esos informes como Gerente General de GISE, lo cual se presume como General Investment SE.

Elmer Garrastazú aparece como contador público autorizado de GM Holdings, mientras que Jesús C. Martínez está listado como ¨Security Technology Man¨.

Marianela Martínez Pestaña figura mencionada como abogada de GM Holdings.

Según la página en Internet de GM Holdings, sus subsidiarias son GM Capital, General Investment SE, St. James Security, Hospitality Group Management y GM Security Technologies.

Guillermo L. Martínez presidió la Junta de Directores de la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico entre enero de 1993 y junio de 1994 y fue miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña entre octubre de 1988 y julio de 1993.

Según reportajes periodísticos, es amante de la opera y amigo de Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Perteneció a las Juntas de Directores de Opera de Puerto Rico, de Pro Arte Musical, y de la Opera de Washington y fue fundador de CulturArte y director gerencial del Metropolitan Opera House.

Reportajes periodísticos mencionan que, aparte de una moneda de $5.00, cuando abandonó su Cuba natal, donde estudió contabilidad, las únicas pertenencias que trajo a Puerto Rico a sus aproximadamente 20 años a principios de la década del 60, fue una docena de discos de opera.

El pasado 22 de septiembre, el gobernador Luis Fortuño y su esposa Lucé Vela inauguraron en su nombre y el de su esposa el Teatro Bertita y Guillermo Martínez en el nuevo Conservatorio de Música en Santurce.

Los personajes políticos

Fuentes consultadas señalaron que la GM Holdings, sus subsidiarias y sus ejecutivos ejercen influencia económica sobre Fortuño, su asesor de seguridad Ramón Rosario, el ex secretario de la Gobernación y asesor principal de la fallida campaña a su reelección Marcos Rodríguez Ema, el director de campaña del gobernador Ángel Cintrón y la ex secretaria de Corrección y abogada Zoé Laboy, quien mantiene un bufete legal y de cabildeo junto a Cintrón y aspiraba al Senado por el PNP por San Juan.

Las seis fuentes entrevistadas con la condición de no ser identificadas, algunas de las cuales se identificaron como simpatizantes del PNP, atribuyeron a estas influencias económicas la decisión de Longo Quiñones y Cardona Martínez para revocar ilegalmente la decisión de la Junta de Subastas contra St. James.

Los donativos políticos de GM Holdings, sus afiliadas y sus ejecutivos y familiares

Una consulta rápida a documentos publicados por el CPI y organizaciones fiscalizadoras de financiamiento político en la esfera federal arrojó que el conglomerado GM y la familia extendida de su propietario han aportado por lo menos $97,716 a campañas políticas, en su gran mayoría para el PNP, entre el 2000 y el 2012.

Guillermo Martínez, su esposa y sus sobrinos Adriana y Jesús Cortina Martínez aportaron $2,500 cada uno para el PNP e igual cantidad para Fortuño en mayo de 2012. Además, su yerno Carlos R. Díaz Vivó, aportó $1,316 para la campaña del gobernador saliente.

Igualmente, según los informes federales disponibles en la Internet, el matrimonio de Bertita y Guillermo Martínez aportó $8,900 para la campaña de Pedro Pierluisi como Comisionado Residente por el PNP entre 2008 y 2011, Jesús Cortina Martínez donó $1,000 a la campaña de Pierluisi en el 2010 y $500 para el LuisPac en el 2008, Garrastazú contribuyó $2,300 a la campaña de Pierluisi en el 2008 y Marianela Martínez Pestaña dividió sus aportaciones de los años 2003 y 2008 entre el candidato a Comisionado Residente en Washington por el Partido Popular Democrático Roberto L. Prats con $4,000 y Pierluisi con $4,600.

Por su parte, Díaz Vivó aportó $5,600 en total para Pierluisi en 2008 y 2009, $2,000 en total para Prats en el 2003 y 2004, $1,000 para la elección de Romero Barceló como Comisionado Residente por el PNP en el 2000 y otros $5,000 para el National Republican Congressional Committee en el 2007 para un total de $13,600 en donativos entre el 2000 y el 2011.

Además de los candidatos locales, Díaz Vivó aportó como abogado de General Investment SE $2,000 para la campaña de Vern Buchanan for Congress por el Partido Republicano, $35,000 como Principal Oficial Ejecutivo (CEO) de St. James Security para el Obama Victory Fund 2012, otros $2,500 como gerente de propiedades de GM Holdings para la abortada campaña presidencial del ex gobernador Republicano de Minnesota Tim Pawlenty y $500 para la reelección del Republicano Eric Cantor for Congress, todos donativos para primarias en el 2010 y el 2011.

Guillermo Martínez aportó otros $2,500 para la campaña de Pawlenty, quien había mencionado a Fortuño como posible candidato de su papeleta como vicepresidente y quien dejó plantado al Gobernador y a los demás donantes que recaudaron $72,000 para su campaña en agosto del año pasado cuando canceló su asistencia a una cena de recaudación de fondos.

El CPI dejó mensaje con la secretaria personal de Guillermo Martínez para que reaccionara a nombre de su compañía, sus subsidiarias, subalternos y familiares pero nunca respondió.

Las gestiones para obtener reacciones de la Oficina Central de Comunicaciones y Prensa de la Fortaleza, de la Administradora y de Prensa de la ASG y de los funcionarios y candidatos por el PNP resultaron infructuosas.