Foto de archivo | Listín Diario.
Varias organizaciones cívicas y de derechos humanos se presentarán este sábado en “acto de protesta” al foro en el que participarán tres de los magistrados dominicanos responsables de la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana que establece como extranjeras a las personas hijas de inmigrantes, facilitando deportaciones y creando una ola de violencia contra esta población. El evento ‘Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social’ está convocado para las 9:00 am por el Colegio Dominicano de Periodistas en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
Las entidades también pidieron este viernes mediante carta al Secretario de Justicia César Miranda una investigación criminal a los tres magistrados dominicanos, arguyendo que “el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el poder y la obligación de investigar, procesar y sancionar a las personas responsables de crímenes de lesa humanidad de acuerdo al Código Penal y el derecho internacional”. Los firmantes de la petición al secretario de Justicia son Comuna Caribe, el Instituto Caribeño de Derechos Humanos, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de Haití, la Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, la Red de Esperanza y Solidaridad-Diócesis de Caguas, el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles. el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, el Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, el National Lawyers Guild y el International Lawyers Guild.
La oficial de prensa del secretario indicó que no habían recibido el documento al pedírsele una reacción del funcionario, pero la copia ponchada indica que fue recibido en la secretaría del Departamento de Justicia a las 3:28 pm. El CPI le envió copia de la misiva, pero no tuvo respuesta del secretario. Por su parte, el secretario de Estado, David Bernier, dijo mediante su portavoz de prensa que se expresarán sobre el tema “mas adelante”.
Los jueces en cuestión son Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominica, Justo P. Castellanos Khoury y Rafael Díaz Filipo. La sentencia fue dictada el 23 de septiembre del 2013. Hasta el momento han sido afectadas directamente más de 200 mil personas, según la cobertura de la prensa dominicana.
El foro, dirigido a miembros de la diáspora dominicana, tiene el propósito de “conocer de su boca [de los jueces] los argumentos de la ley de extranjería que afecta a los haitianos”, mencionó el periodista dominicano Nelson del Castillo, quien aclaró que no es portavoz del Colegio Dominicano de Periodistas. “Me parece fantástico que se trate de hacer un reclamo a favor de los haitianos dominicanos de ascendencia haitiana, que es un planteamiento con el cual estoy de acuerdo, pero en la práctica, Puerto Rico no tiene jurisdicción. Esa determinación la tendría que tomar desgraciadamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos; es una limitación jurídica debido a la condición colonial. A mi lo que me interesa es saber qué explicación darán los magistrados”, añadió.
La licenciada Annette Martínez Oroboma del Instituto Caribeño de Derechos Humanos cuestionó que no hayan invitado expertos en el tema ni a otras voces que cuestionan la decisión del Tribunal Constitucional. “Es vergonzoso que el centro docente más importante del país le haya dado ese foro sin cuestionamientos”, dijo.
Héctor Julio Hernández, quien es periodista dominicano y directivo del Colegio Dominicano de Periodistas no respondió múltiples llamadas para aclarar el formato de la actividad.
En la carta enviada al Departamento de Justicia, con copia a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico Liana Fiol Matta, los grupos firmantes demandan que “…considerando que las personas aludidas como responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se encuentran dentro de nuestra jurisdicción, recabamos se tomen de manera urgente las medidas cautelares para que no abandonen la jurisdicción del E.L.A. hasta que se concluya la investigación que aquí se solicita. De lo contrario, se estará sancionando la ‘impunidad’ con la que ha venido actuando el Estado de la República Dominicana durante las pasadas décadas, condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias”.
Foto de archivo | Listín Diario.
La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre la peligrosidad de la sentencia del Tribunal Constitucional de RD denunciando que los descendientes de haitianos en ese país venían sufriendo patrones de discrimen y abusos relacionados con la negación de derechos fundamentales ligados con el derecho a la nacionalidad y de persecución que han llegado al extremo de actos homicidas.
Por su parte el cónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, Franklin Grullón, defendió la decisión tomada por el Tribunal Constitucional dominicano negando las acusaciones internacionales relacionadas a deportaciones masivas.
“Nosotros rechazamos totalmente la acusación de limpieza étnica en la República Dominicana… no lo aceptamos ni de gobierno ni de persona en particular… no ha habido en la República Dominicana ningún enfrentamiento entre haitianos y dominicanos, no ha habido episodios de masacres. Retamos a cualquier ciudadano, estado o gobierno que nos presente un episodio donde se estén dando esas masacres en la República Dominicana. La República Dominicana no tiene que limpiar la cara a nada, la República Dominicana hizo ejercicio de su soberanía. Hasta el día de hoy no se ha deportado un haitiano en este proceso de regularización. Hasta el día de hoy lo que ha habido son salidas de manera voluntaria 17,416 personas y que el estado dominicano les ha puesto a su disposición los medios”, dijo este viernes en Hoy en las noticias, por Radio Universidad.
