Tras evaluar miles de transacciones en la plataforma en línea del Registro de la Propiedad, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y Rayos X identificó un esquema de presentación e inscripción de terrenos supuestamente vendidos por el Gobierno de Puerto Rico mediante certificaciones y escrituras, en las que exfuncionarios aseguran que no comparecieron ante los notarios y les falsificaron las firmas.

Los terrenos alegadamente fueron vendidos por agencias del gobierno como el Departamento de la Vivienda, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Tierras (AT).

La maniobra fraudulenta parece simple. En el Registro de la Propiedad, una persona presenta la certificación o la escritura pública falsa que tiene fecha de hace 10 o más años. Por ejemplo, una escritura de 2003 se presenta en 2025. Una vez queda inscrita a su nombre, otra persona o una corporación que estaba disuelta para la fecha de la transacción compra el solar. Luego lo segrega en parcelas que a su vez son vendidas y revendidas ーcasi siempre entre el mismo grupo de personasー hasta que aparece un comprador nuevo. Cuando las escrituras se presentan, muchos años después, ya la mayoría de los notarios que se alega que autorizaron esas escrituras originalmente han fallecido.

Así, terrenos del Departamento de la Vivienda, de la ACT y de la AT en pueblos como Isabela, Barceloneta, Guayama y Arecibo aparecen inscritos en el Registro de la Propiedad a nombre de personas que no pagaron ni un centavo por ellos al Gobierno de Puerto Rico, según Vivienda y exfuncionarios de esa agencia que examinaron una muestra de las transacciones investigadas.

Como “El robo del año”, describió Julia Torres Hernández, exdirectora ejecutiva de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda, el esquema de 38 solares que se han inscrito de forma irregular en el Registro de la Propiedad mediante escrituras y certificaciones con firmas falsificadas en declaraciones juradas. El mismo grupo de personas involucradas en estas transacciones presentó otras 79 compras de terrenos en el mismo periodo.

Una certificación es un documento que puede utilizarse para vender parcelas o conceder títulos de propiedad que podría inscribirse en el Registro de la Propiedad.

“Le han robado las tierras a nuestra gente”, dijo Torres Hernández al enterarse.

En las escrituras y certificaciones, aparecen como representantes autorizados del Gobierno de Puerto Rico para realizar las ventas Torres Hernández, Jorge Rivera Jiménez, exsecretario de Vivienda, y Carlos Gerardo Laboy Díaz, exadministrador de Administración de Vivienda Pública. Cuando el CPI y Rayos X les mostraron a los tres exfuncionarios los documentos, por separado, estos indicaron que sus firmas e iniciales fueron falsificadas o que se incluyó un número de seguro social incorrecto o que se les atribuyen funciones que nunca ejercieron, entre otras irregularidades.

La investigación periodística halló que de 107 certificaciones y escrituras sospechosas de terrenos vendidos por Vivienda, la ACT y la AT presentadas en el Registro de la Propiedad entre 2021 y 2026, al menos, 29 son falsas. De éstas, 21 quedaron inscritas oficialmente y 8 caducaron o no se han registrado. Las 107 certificaciones y escrituras tienen fechas de entre 2001 y 2008 y fueron presentadas en el Registro de la Propiedad por un grupo de personas cuyos nombres o correos electrónicos se repiten y algunos ocupan puestos directivos en una misma corporación.

En estas transacciones intervinieron principalmente Miguel Ángel Álvarez Pérez, propietario de negocios de servicios automotrices en Cataño; y Waldemar Leonardo Fernández Rodríguez, un desarrollador de propiedades que fue convicto por evasión contributiva.

Félix Manuel Velázquez Sánchez, abogado-notario y profesor de comunicaciones, además de ofrecer servicios de notaría, también presentó documentos ante el Registro de la Propiedad.

Mientras que en entrevista con el CPI y Rayos X, Víctor Sánchez Rojas dijo que llevaba a las oficinas del Registro de la Propiedad la mayoría de los documentos que le entregaba Waldemar, a quien conoce hace más de 15 años. Su trabajo se limitó a la mensajería, aseguró.

Cuando se presenta un documento ante el Registro de la Propiedad, el presentante debe proveer un correo electrónico que recibirá las notificaciones de fallas que se detecten en el proceso de inscripción. Sánchez Rojas dijo que el correo que proveía es el que se le indicaba poner. Entre esos, estaba la dirección de email del entonces notario José Manuel Pérez Fernández. Este último fue suspendido de la abogacía y notaría en 2024 por «falta de diligencia inexcusable en la corrección de una multiplicidad de deficiencias relacionadas con su gestión notarial”.

Pérez Fernández dijo que no tiene idea de por qué su correo electrónico aparece en los trámites de las certificaciones. Dijo que tal vez sea porque en algún momento estuvo relacionado con alguna venta posterior de esa propiedad. Añadió que no tiene ningún parentesco con Waldemar.

Las certificaciones y escrituras fueron supuestamente otorgadas a otras personas, algunas entonces muertas o presas, y casi la mitad están a nombre de Miguel Ángel Álvarez Pérez y de su madre Miriam Pérez Colón, quien también aparece como Mirian. También se registran bajo la empresa de ambos, Puerto Rico Warehouse Inc.

La corporación Puerto Rico Warehouse ni siquiera podía hacer negocios para este periodo porque está disuelta desde 2000, según el Departamento de Estado.

Los notarios Carmelo Pestaña Segovia, Roberto Rafols Dávila, José A. Díaz Algarín y Esteban García Malatrasi supuestamente autorizaron con sus firmas las escrituras entre 2002 y 2008. Cuando se presentaron estas escrituras en el Registro de la Propiedad entre 2020 y 2026, los notarios habían muerto para entonces. Además, Díaz Algarín estuvo suspendido como abogado desde enero del 2007 a abril de 2008, mientras que Pestaña Segovia había sido suspendido desde mayo de 2015.

La Oficina de Administración de los Tribunales confirmó al CPI que al menos las 18 escrituras identificadas como irregulares por la investigación no aparecen en los índices notariales correspondientes.

El Departamento de Justicia, que tiene a su cargo el Registro de la Propiedad, confirmó al CPI y Rayos X que inició una pesquisa sobre este fraude en octubre de 2026, luego de que esta alianza investigativa le solicitó en abril al Departamento de la Vivienda corroborar la autenticidad de una certificación sospechosa y cinco escrituras de compraventa de terrenos a nombre de Álvarez Pérez, su madre y Puerto Rico Warehouse.

El secretario de Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, aseguró en declaraciones escritas que, en contraste con lo que dicen los documentos en el Registro de la Propiedad, esas ventas no fueron realizadas por la agencia.

“Tras revisar la información traída a nuestra atención por el Centro de Periodismo Investigativo [y Rayos X], podemos confirmar que el Departamento de la Vivienda no realizó las transacciones objeto de la consulta”, indicó por escrito Martínez Román. “El Departamento continúa investigando este asunto a fin de contar con todos los elementos necesarios. Una vez concluya este proceso, evaluaremos sus resultados y procederemos con los referidos o las acciones de naturaleza administrativa o legal que correspondan”.

El director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, Andrés F. Rosado Martínez, confirmó al CPI y a Rayos X que “tras una rigurosa evaluación […] no existe registro, constancia ni tracto alguno de segregación o venta de la finca Palmas Altas en el municipio de Barceloneta a favor del señor Miguel Ángel Álvarez Pérez”. Rosado Martínez dijo que el licenciado Esteban García Malatrasi “no ha sido empleado regular ni ha mantenido contratos de servicios profesionales o notariales” con la agencia.

A pesar de que se solicitaron entrevistas en repetidas ocasiones, ni el Secretario de Vivienda ni el director administrativo del Registro de la Propiedad, Joaquín del Río Rodríguez, estuvieron disponibles.

Laboy Díaz, quien estuvo al mando de la Administración de Vivienda Pública de 2001 al 2008, se sorprendió cuando el CPI y Rayos X le mostraron tres escrituras firmadas por los notarios fallecidos Pestaña Segovia y García Malatrasi. En un santiamén, el exfuncionario identificó que su número de seguro social y su puesto estaban consignados incorrectamente. En los documentos, lo identifican como “Administrador de la Administración de Propiedades del Departamento de la Vivienda”, una posición que no ocupó.

“Yo nunca autorizaba un documento que no tuviera mi título correcto”, dijo en entrevista por videoconferencia desde Nueva York. “En mi tiempo en el Departamento [de la Vivienda], fui Administrador de la Administración de Vivienda Pública. Ese título [“Administrador de la Administración de Propiedades del Departamento de la Vivienda”] yo ni me acuerdo que existiera”.

“Alguien literalmente me robó la identidad”, apuntó.

Laboy Díaz dijo, además, que dentro de sus funciones no estaba laborar con el programa de venta de parcelas de la agencia.

Ante estos planteamientos, Edgardo Zapata Torres, quien es el abogado de Miguel Ángel Álvarez Pérez, dijo que quienes “buscaban y presentaban propiedades a Miguel para su adquisición” eran los licenciados Alfonso Rivera Valdivieso, Carmelo Pestaña Segovia y “un joven” que trabajaba como gestor “de apellido Delgado”, cuyo nombre no precisó cuando se le preguntó.

“El licenciado Alfonso Rivera Valdivieso y sus asociados hacían todo el trabajo para la adquisición y venta de propiedades en subasta y otras gestiones, hasta las gestiones de las escrituras. Miguel no tenía razón alguna por qué dudar de ellos”, dijo Zapata Torres. Rivera Valdivieso murió el 18 de septiembre del 2000, según la base de datos de mortalidad del Registro Demográfico.

La Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda fue el organismo encargado de ceder o vender estas parcelas en el Departamento de Vivienda hasta 2006, cuando se dividió en dos secretarías: la de Gerencia y Desarrollo de Proyectos de Viviendas y la de Adquisición y Venta de Propiedades. El otorgamiento de títulos de propiedad se suscribía en escritura pública de compraventa ante notarios.

Sin embargo, la Ley 77 del 1977 autorizó a Vivienda conceder títulos mediante certificaciones con el fin de agilizar las transacciones y reducir gastos al fisco. A diferencia de las transacciones ante notario, las certificaciones no son firmadas por los compradores o notarios ni tienen la cancelación de sellos de impuestos o aranceles que llevan adheridos las escrituras públicas.

Las certificaciones de Vivienda

Para el 2001, Vivienda ya casi no concedía parcelas, dijo Torres Hernández, quien comenzó a fungir como directora ejecutiva de la Administración de Desarrollo y Mejoras de Vivienda ese año hasta 2003. Aunque sí había parcelas vacantes, Torres Hernández recordó que “lo que se hacía era que se les estaba dando la titularidad [de la propiedad]” a aquellas personas que vivían en terrenos que estaban en contratos de usufructo.

Dado que para obtener el título de propiedad de un solar las personas tenían que estar viviendo en una residencia enclavada en la misma parcela que se les vendería y no poseer otra vivienda, al ver documentos recopilado para esta investigación, a Torres Hernández le resultó irregular que hubiera personas que obtuvieron más de una parcela por el precio nominal de $1 durante ese periodo. 

En la muestra evaluada, el CPI y Rayos X encontraron que otras personas en transacciones obtuvieron más de una propiedad por el valor de $1 mediante certificaciones de Vivienda. Por ejemplo, en un mismo día, una persona adquirió dos propiedades en Santa Isabel por el valor de $1 cada una.

En otro caso, una persona aparece con cinco certificaciones de compraventas de parcelas entre 2001 y 2008, dos de ellas por $1 en Cataño y en Guaynabo. Ambas propiedades fueron vendidas nuevamente. La certificación de la propiedad de Guaynabo fue presentada ante el Registro de la Propiedad en 2024, es decir, 21 años después de la supuesta compra. Miguel Ángel Álvarez Pérez compró esa propiedad de Guaynabo en 2024 por $30,000 con una escritura ante el notario Félix M. Velázquez Sánchez. Ese mismo año, la revendió por $35,000.

Otros dos registros sospechosos también se relacionan con Álvarez Pérez, quien alegadamente obtuvo en una semana dos terrenos por un valor nominal de $1 cada uno, el 21 y 28 de enero de 2002, ambos en Guaynabo. Álvarez Pérez ha tenido al menos, 20 propiedades en 11 pueblos que le fueron vendidas por la Autoridad de Tierras y Vivienda y presuntamente otorgadas mediante certificación entre 2002 y 2008.

Álvarez Pérez dijo por escrito al CPI y Rayos X que inscribió esos terrenos 22 años después porque “ninguno de los asesores [Rivera Valdivieso y Pestaña Segovia] indicó que tenía que presentarlas en el Registro [de la Propiedad] y en el CRIM al momento de adquirirlas y, como se entendía que tendrían más valor con el tiempo, se dejaron así”.

A partir de 1941, mediante la Ley de Tierras, el Gobierno de Rexford Tugwell concedió parcelas en usufructo perpetuo a familias de “agregados”, como se llamaba a los trabajadores agrícolas que vivían en terrenos ajenos en las zonas rurales. Se crearon comunidades rurales que eventualmente se extendieron hasta la zona urbana. En 1969, el Gobierno de Luis A. Ferré comenzó a vender por un dólar las parcelas en usufructo a los residentes que así lo quisieran.

Con el tiempo, personas construyeron sus viviendas en predios que pertenecían a la Autoridad de Tierras, la Administración de Terrenos, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Compañía de Fomento Industrial y la Administración de Servicios Generales. En 1975, estos terrenos fueron transferidos al Departamento de la Vivienda, autorizada entonces a otorgar títulos de propiedad por el precio de $1 a las personas que tenían viviendas enclavadas en estos terrenos. Si no cumplían con la definición de “familia de escasos recursos económicos”, el precio de venta se determinaría a base de una tasación del solar y los ingresos de la familia.

Un caso particular ocurrió con el solar 566 en el Barrio Sabana Seca en Toa Baja. Waldemar L. Fernández Rodríguez trató de inscribir en septiembre de 2025 una certificación a nombre de Atilana Surun Arias. En esa certificación, con fecha de 2008, se consignaba que Vivienda le había vendido el terreno a Surun Arias por $9,000. Sin embargo, el Registro de la Propiedad le notificó a Fernández Rodríguez que la parcela ya estaba registrada a favor de los esposos Juan Nieves Figueroa y Elisa Prieto Rivera, por lo tanto, no se podía registrar a nombre de Surun Arias.

Pero dos meses después, la parcela sí quedó inscrita a favor de Surun Arias. El mensajero Víctor Sánchez Rojas presentó en el Registro una escritura en la que el matrimonio supuestamente le había vendido el terreno a Surun Arias el 20 de febrero de 2009. Pero para esa fecha, Nieves Figueroa y Prieto Rivera estaban muertos. El hombre falleció el 21 de octubre de 1991 y su esposa, el 9 de mayo de 2004, según la base de datos de mortalidad del Registro Demográfico. La escritura pública está suscrita por el notario José O. Leduc, fallecido en agosto de 2012.

De la muestra de transacciones evaluada por esta alianza investigativa, las comunidades de Sabana Llana en el área del Embalse San José, en San Juan, Villa Brava en Santa Isabel y Sabana Norte en Guaynabo son las localizaciones en donde más se repiten transacciones que incluyen los nombres del grupo.

Además de Puerto Rico Warehouse Inc., el grupo utilizó las corporaciones Family House Investment, Corp., Genesis Land LLC, Emarr Contractors Corporation y 2020 Homes Inc. para comprar o vender los bienes. En estas y otras 20 compañías, más de la mitad ya canceladas en el Departamento de Estado, estas personas ocupan los puestos de presidentes u otros cargos directivos.

Terrenos cerca del mar

Un reparto de parcelas en la época del exgobernador Luis Muñoz Marín creó la comunidad Jarealito en el Barrio Islote en Arecibo, contó José A. Colón García, quien ha vivido por 58 años en este vecindario con una vista codiciada al Océano Atlántico, a 10 minutos caminando de la Poza del Obispo, un acantilado que cautiva a los turistas. En 1999, Vivienda les vendió por $1 la parcela donde viven él y su esposa Luz María Rodríguez Abraham, relató.

En 2024, el terreno que se ubica a la izquierda de la casa de Luis y Luz María, al cruzar la calle, fue vendido por $250,000 a la compañía Ocean 4 LLC. Colón García no conoce a su nuevo vecino. Chadbourn T. Sharpe, quien aparece como persona autorizada de Ocean 4 en el Registro de Corporaciones, es un desarrollador de residencias de lujo y beneficiario de incentivos por la Ley 22, ahora Ley 60.

Colón García tampoco sabía que ese terreno se había vendido, pues para él, ese solar está en la Zona Marítimo Terrestre y es un remanente de las segregaciones de las parcelas de la comunidad. Colón García dijo al CPI y a Rayos X que los residentes de la comunidad utilizan ese terreno como una servidumbre de paso para llegar a la playa.

“Si alguien se dispara la maroma de comprar y vender ahí, y se produce un tranque ilegalmente para pasar, eso no se lo vamos a permitir porque nosotros somos residentes de aquí y todo eso allá atrás. Esta es la servidumbre de nosotros y de la gente que vienen aquí, los familiares nuestros”, dijo Colón García sobre el terreno que utilizan como tramo para llegar a la playa.

Según el tracto en el Registro de la Propiedad, el Departamento de la Vivienda, Miguel Ángel Álvarez Pérez y Emarr Contractors Corporation fueron los titulares de este terreno antes de que Ocean 4 lo comprara en 2024.

La primera venta de ese terreno supuestamente fue entre Vivienda y Miguel Ángel Álvarez Pérez en 2005. Esta transacción está en tela de juicio por varias irregularidades. Primero, porque el Secretario del Departamento de la Vivienda dijo al CPI y Rayos X que la agencia no realizó esa venta. Segundo, en la escritura mediante la cual Álvarez Pérez obtuvo el terreno, aparece Carlos Gerardo Laboy Díaz como “Administrador de la Administración de Propiedades del Departamento de la Vivienda” pero el exfuncionario aseguró que ni ocupó esa posición ni vendió parcelas; y el número de seguro social que aparece en la escritura no es el suyo.

Además, la Oficina de Administración de los Tribunales dijo que la escritura de compraventa número 1160 suscrita por el notario Esteban García Malatrasi, en la que alegadamente se autorizó esta transacción, no aparece en el índice notarial correspondiente del abogado. Cuando se presentó la escritura en el Registro de la Propiedad, se anotó que Manuel García Malatrasi era el notario de la escritura, pero el documento tiene una firma que dice Esteban García Malatrasi, quien es su hermano.

“Esto es un fraude de grandes proporciones”, dijo Laboy Díaz. “Es sumamente increíble… Esto me dejó en shock”.

Jorge Rivera Jiménez, exsecretario de Vivienda de 2005 al 2008, validó también la falsedad de esta escritura en la que se consigna a Laboy Díaz como “Administrador de la Administración de Propiedades del Departamento de la Vivienda”.

“Esta [escritura] definitivamente yo la vería como que es falsa porque ese puesto no existe. Él no tenía ni el puesto, ni la entidad a la que se hace referencia ahí tampoco existía en ese momento”, dijo Rivera Jiménez, quien también fue subsecretario de la agencia de 2001 al 2004.

Pero esa escritura no es la única que aparenta ser falsa. El CPI y Rayos X tuvieron acceso a otras nueve escrituras, suscritas por los notarios Carmelo Pestaña Segovia y Esteban García Malatrasi, en las que el nombre de Laboy Díaz se consigna bajo la posición que nunca ocupó.

Cinco de estas escrituras se presentaron en el Registro de la Propiedad junto a declaraciones juradas supuestamente firmadas por Rivera Jiménez ante estos dos notarios. En ellas Rivera

Jiménez autoriza a Laboy Díaz a que represente a la agencia en contratos y escrituras relacionados con la Oficina de Ventas de esa agencia, pero ambos aseguran que esto nunca ocurrió.

Cuando esta alianza le mostró una de las declaraciones juradas, Rivera Jiménez dijo que le parecía un documento irregular. Explicó que lo normal hubiese sido que se emitiera una orden administrativa en lugar de una declaración jurada para facultar a un funcionario que representase a la agencia, en caso de que se tratara de una delegación de funciones permanente.

Las declaraciones juradas están firmadas por el exsecretario el 20 de enero de 2005, lo que implicaría que Rivera Jiménez estuvo en un mismo día frente a Pestaña Segovia y a García Malatrasi. Los exfuncionarios Laboy Díaz y Rivera Jiménez dijeron que no reconocen a Pestaña Segovia y a García Malatrasi como contratistas para el Departamento de la Vivienda o para la Administración de Vivienda Pública durante sus incumbencias.

“Estoy perplejo”, reaccionó Rivera Jiménez. “El Gobierno debe realizar una investigación exhaustiva para recuperar la mayor parte de los terrenos que se puedan recuperar, porque esto es patrimonio del pueblo de Puerto Rico y no puede ser que al pueblo de Puerto Rico se le quite su patrimonio”, añadió.

Sin comunidad pero con vista

Hay 22 lotes que forman una franja de cinco cuerdas en la costa del Barrio Palmas Altas en Barceloneta. Ahora, esas tierras pertenecen a la compañía Genesis Land, de Miguel Ángel Álvarez Pérez. Antes, fueron de Edison Gómez Delgado, Víctor Luis Cruz Pagán y Miriam Pérez Colón, quienes alegadamente las obtuvieron cada uno del Departamento de la Vivienda mediante certificaciones en 2002.

La mayoría de los lotes tiene una cabida superficial de 900 metros cuadrados. Este año, dos de esos lotes fueron permutados por $280,000 y otros dos se vendieron por $150,000 cada uno, casi 32 veces más en proporción al precio del 2002, que era de $4,750 por 900 metros cuadrados.

Sin embargo, la exfuncionaria de Vivienda, Torres Hernández, dijo que no son suyas ni la firma ni las iniciales que aparecen en la certificación de 1.8 cuerdas de Miriam Pérez Colón. Vivienda alegadamente le vendió esa parcela por $38,000 a Miriam para que fueran “destinadas a vivienda”, para uso residencial, pero el actual Secretario de Vivienda dijo por escrito al CPI y Rayos X que la agencia no realizó esa transacción.

Torres Hernández presentó querella y denuncia ante el Departamento de la Vivienda, la Policía y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre otras agencias, por usurpación de identidad mediante la falsificación de su firma.

La exfuncionaria explicó que las compraventas con ese valor se hacían por medio de una escritura. Hubo un intento de registrar estas cuerdas a nombre de Miguel Ángel mediante una escritura de la Autoridad de Tierras, presuntamente representada por Luis Rivero Cubano, pero el proceso caducó sin que se completara el registro.

“Es imposible”, contestó Rivero Cubano cuando se le preguntó si él había autorizado esa venta. “Yo no era el director ejecutivo de la Autoridad de Tierras el 8 de noviembre de 2002 [cuando se firmó la escritura]”. Para esa fecha, Rivero Cubano ocupaba el cargo de Secretario de Agricultura. Dirigió la Autoridad de Tierras sólo seis meses, de enero a junio de 2002.

El exfuncionario no conoce a Miguel Ángel Álvarez Pérez. Tampoco recuerda al notario Esteban García Malatrasi, cuya firma aparece en la escritura. Rivero Cubano añadió que todos los documentos de venta o arrendamiento de la Autoridad de Tierras se firmaban por los abogados internos. Dijo que era muy extraño que la Junta de Planificación aprobara tan rápido la segregación de esos terrenos, como dice la escritura, pues esos trámites tomaban más de un año. Además, recordó que la AT había cedido específicamente esos terrenos del Barrio Palmas Altas de Barceloneta a la Compañía de Fomento.

“Conozco dónde está la finca. Lo que me está curioso es que esta finca es difícil de desarrollar porque 30 metros prácticamente es la Zona Marítimo Terrestre. Esto está en Zona Marítimo Terrestre. Este es el predio de la finca que queda hacia el [Océano] Atlántico”, señaló.

Todo apunta a que hay una intención de desarrollar un proyecto privado con el nombre de Las Casitas de Palmas Altas, pues en la Oficina de Gerencia de Permisos este año se han hecho solicitudes para verificar la disponibilidad de los servicios de agua y de energía eléctrica en esas cuerdas de terreno. Las consultas han sido hechas por el ingeniero Heriberto Figueroa Marrero y se indica que el dueño del solar es Miguel Ángel y que el dueño del proyecto Las Casitas de Palmas Altas es Genesis Land LLC.

Miriam Pérez Colón no estuvo disponible para entrevista. Su hijo Miguel Ángel refirió las preguntas del CPI y Rayos X al abogado Zapata Torres, quien dijo en declaraciones escritas que ella tiene más de 85 años y que está recibiendo tratamiento luego de ser “intervenida médicamente”. Su médico primario “ha prohibido cualquier exposición de Doña Miriam en este asunto”, según el abogado.

El año pasado Miriam se presentó ante el notario Félix Manuel Velázquez Sánchez en Toa Baja, donde se supone cerró la venta de su parcela en Palmas Altas por $45,000 con la compañía Genesis Land LLC, de su hijo Miguel Ángel. Así lo dijo el abogado Velázquez Sánchez cuando se le preguntó si Miriam había firmado la escritura frente a él.

Velázquez Sánchez dijo que su relación con Miriam es de abogado-cliente. “Ella es la madre de Miguel y participa en los negocios de Miguel”, dijo el notario al CPI y a Rayos X en entrevista telefónica. “Miriam ha estado presente en la oficina”, añadió.

Cuando el CPI y Rayos X le indicaron que esa y otras certificaciones son falsas, el notario Velázquez Sánchez señaló que “de eso no tengo absoluto conocimiento”. Añadió que casi todas las certificaciones que él presenta ante el Registro de la Propiedad le llegan “a través de Waldemar [el desarrollador] o alguna que otra a través de Miguel”.

Dijo que tampoco le generó dudas la cantidad de certificaciones a nombre de Miguel Ángel y de su madre porque él sabía “que hace años él [Miguel] se dedicaba a gestiones de compra en subastas y de propiedades” y él había dicho que tenía “un montón de propiedades” por inscribir. “De buena fe me basaba en eso”, aseguró Velázquez Sánchez.

Indicó que él no valida si la documentación es legítima, sino que presumía que es cierta al tener una firma y un sello del Departamento de la Vivienda. “Eso es como si me traen una escritura de cualquier otro abogado que tiene su sello y su firma. Pues no tengo que presumir que es ilegítima, presumo que es correcta”, dijo. 

Velázquez Sánchez aludió a la legitimidad que tiene todo instrumento público que lleva la firma de un notario debido a la fe notarial que le otorga el Estado.

La fe notarial es la facultad que otorga el Estado a los notarios para que formalicen y le den veracidad a un negocio jurídico, como una compraventa, una hipoteca, un poder o un testamento, dijo Belén Guerrero Calderón, quien lleva 49 años ejerciendo la notaría en Puerto Rico y es profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Ante el amplio poder que tienen los notarios, el CPI y Rayos X le preguntaron a Guerrero Calderón si habría que reevaluar la fe notarial. “No, la fe notarial no”, respondió Guerrero Calderón. “Lo que hay que repensar es quiénes están teniendo acceso a la notaría”.

“No era una compraventa, sino una cancelación de hipoteca”

Las transacciones de Puerto Rico Warehouse no solo son con el Departamento de la Vivienda. La ACT le vendió en 2008 a esa misma empresa dos terrenos ubicados en el Barrio San Antonio, Caguas, a orillas de la Autopista Luis A. Ferré. Los solares colindantes están clasificados como suelo vial por la Junta de Planificación, es decir, son en un área o terreno destinado a la infraestructura de transporte, principalmente carreteras, calles y caminos.

Tras el CPI y Rayos X solicitar corroboración de la legitimidad de esta venta por $69,000, la ACT, adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas, dijo que está investigando cómo se realizó esta transacción.

La agencia no pudo identificar qué funcionarios participaron en el otorgamiento de la escritura, porque el expediente no se ha podido localizar en la Oficina de Administración de Propiedades de la ACT, dijo Juan Olmeda Reyes, portavoz de la ACT, en declaraciones escritas.

“A tales efectos se solicitó al Archivo Notarial de San Juan copia de la escritura. En el archivo se nos informó que el notario falleció, y al buscar la escritura según de la misma, el negocio jurídico contenido en la escritura no era una compraventa, sino una cancelación de hipoteca. Ante estas incongruencias, nos encontramos investigando esta transacción”, añadió.

Esta compraventa se oficializó el 19 de agosto de 2008 ante el notario Esteban García Malatrasi en la escritura pública número 1012, según los documentos de los expedientes de estas fincas. García Malatrasi murió el 1 de marzo de 2011.

La escritura de esta compraventa la presentó Víctor Sánchez el 8 de junio de 2021. Un año después, el Registro de la Propiedad envió una notificación a Manuel García Malatrasi, hermano de Esteban García Malatrasi, indicando que faltaban unas resoluciones por parte de la ACT y un plano y una resolución que estuvieran aprobados por la Junta de Planificación para proceder con la inscripción de estos terrenos. Para esa fecha, en 2022, Manuel García Malatrasi no podía ejercer la notaría porque su fianza notarial había culminado en 2016; y ya no ejercía como abogado desde el 2021, según informó la Oficina de Administración de los Tribunales a esta alianza informativa.

Las fincas quedaron inscritas finalmente en diciembre del 2022, y hasta se le envió un crédito de $10 a Manuel García Malatrasi, quien murió en 2024.

Los archivos notariales custodian los documentos públicos, como las escrituras, de notarios fallecidos, suspendidos o que hayan cesado en el ejercicio notarial, explicó Manuel E. Ávila De Jesús, director de la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN), adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

En Puerto Rico, existen 13 archivos notariales, el mismo número de las regiones judiciales del sistema de tribunales. Los archivos notariales de San Juan y de Ponce son administrados por ODIN, dijo Ávila De Jesús al CPI y Rayos X. El resto son operados por notarios en la práctica privada, que son nombrados por la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez.

Una compañía disuelta haciendo negocios

Puerto Rico Warehouse Inc. fue incorporada el 24 de mayo de 1995 por Miriam Pérez Colón, José Álvarez y Carlos Ithier Encarnación para dedicarse “al negocio de comprar, alquilar o de otra forma adquirir, ser propietaria de edificios, residencias y cualquier otras estructuras, edificaciones o cualquier otro bien de naturaleza análoga”, según el Registro de Corporaciones.

Aunque el Departamento de Estado canceló Puerto Rico Warehouse el 16 de abril de 2014 por incumplimiento de la rendición de informes anuales, la realidad es que la corporación había enmendado sus estatutos para que cesara de existir el 30 de noviembre de 2000, dice el expediente de la corporación.

Puerto Rico Warehouse Inc. “fue debidamente disuelta en nuestros archivos el 30 de noviembre de 2000 por haber expirado el término de su existencia, mediante un certificado de enmienda al certificado de incorporación presentado el 30 de octubre de 2000 a las 12:59 a.m.”, certificó en 2001 la entonces directora interina del Registro de Corporaciones, Gricel Falgas Rodríguez.

Sin embargo, el estatus de la entidad no fue actualizado en el Registro de Corporaciones por lo que aparecía como activa, dijo el Departamento de Estado en declaraciones escritas.

¿Podía Puerto Rico Warehouse Inc. hacer negocios entre el 2000 y el 2014?

“…la contestación debe distinguir entre el estatus reflejado en el sistema y la realidad jurídica del expediente. En el sistema, la entidad aparecía activa. Sin embargo, del expediente surge que la entidad había presentado la transacción correspondiente para terminar o disolver su existencia en el año 2000. Por tanto, la entidad no debió ser tratada como activa para fines registrales luego de dicha transacción”, añadió la agencia.

Cuando el CPI y Rayos X preguntaron cómo Puerto Rico Warehouse compró terrenos si estaba incapacitada de hacerlo, Zapata Torres, en representación de Miguel Ángel, dijo que “fue por error que se disolvió, pero continuó utilizándose para lo que fue creada”.

“Se mantuvo como la entidad que guardaba [almacenaba] las propiedades. Además, no sería la única corporación que continúa utilizándose incluso después de una cancelación del Departamento de Estado”, añadió por escrito.

El nombre de Puerto Rico Warehouse Inc. aparece mencionado en al menos 12 transacciones de compraventa y segregaciones consignadas en escrituras públicas, certificaciones del Departamento de la Vivienda y resoluciones corporativas notarizadas en los años 2005, 2008 y 2025 en la plataforma Karibe, según corroboró el CPI.