Gobierno aprueba ley contra las cenizas, pero se enreda en su aplicación

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Foto por: Enzo Delgado

El gobierno ha permitido que toneladas de cenizas de AES sean descartadas en Peñuelas, en violación a su nueva Ley 40.

Lejos del ojo público. Un día feriado. A puerta cerrada.

El pasado 4 de julio, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó una ley que mediante enmiendas de último minuto legitimó que millones de toneladas de cenizas de carbón producidas por la multinacional AES permanezcan en Puerto Rico.

A pesar de esto, el texto de la nueva Ley 40 dejó algo claro: la variante más tóxica y peligrosa de este desecho industrial -el “fly ash” o ceniza volante- no podría ser depositada en ningún sistema de relleno sanitario de del país.

Aún así, siete días más tarde el propio gobierno ignoró esta prohibición al permitir y participar en la planificación para que cerca de 2,900 toneladas de cenizas se trasladaran con escolta policíaca hasta el vertedero de la empresa EC Waste en Peñuelas.

De esa colosal descarga, que AES intenta comerciar bajo el nombre de “Agremax”, el componente principal es la ceniza volante. Así consta en un estudio que la Agencia de Protección Ambiental federal ordenó en el año 2012 y en el que certificó que el 80 por ciento del denominado “Agremax” está compuesto por “fly ash” y el remanente son cenizas de fondo o “bottom ash”.

Pero el asesor legal del Gobernador, Alfonso Orona, tiene una interpretación distinta del Agremax: “En Peñuelas no se está depositando ‘fly ash’ ni ‘bottom ash’, tal y como sale de la quema de carbón. Lo que se deposita es un producto, que está permitido por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Junta de Calidad Ambiental (JCA)”.

“Decir ahora que el fly ash no está permitido, pero el Agremax sí, es como  decir que durante la veda de la Ley Seca no se permite la venta de ron o whisky, pero sí se permite la venta de ron y whisky con hielo y agua”, argumentó por su parte el expresidente del Colegio de Abogados, Jaime Ruberté Santiago.

“En este ejemplo, nadie pondría en duda que ambas variantes están prohibidas. ¿Por qué con el Agremax sí?”, cuestionó quien también es defensor de los grupos opositores a las cenizas.

Aunque la nueva ley 40 prohibe que se descarten en la isla “de manera final las cenizas de carbón o residuos de la combustión de carbón que no tengan un uso comercial beneficioso”, fotografías aéreas obtenidas por La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo muestran que ha ocurrido lo contrario.

Imágenes captadas sobre el vertedero EC Waste de Peñuelas muestran las zonas donde se despacharon toneladas de cenizas hidratadas de la combustión de carbón o Agremax. Están bajo cielo abierto y sobre celdas de revestimiento sintético, tras la polémica entrada de 145 camiones cargados con este desecho, entre los días 11 y 13 de julio.

Las fotos, tomadas el pasado 17 de julio, evidencian además cómo el material gris que ha sido movido con equipo pesado resalta en el terreno.

Al constituir una disposición final, esta práctica es expresamente prohibida por la nueva Ley 40 y también proscrita por las resoluciones 15-17-1 y 15-23-1 de la Junta de Calidad Ambiental (JCA).

En éstas se precisa que EC Waste solo puede recibir cenizas “en una cantidad que pueda ser ubicada dentro del tanque de hormigón” del vertedero de Peñuelas y recalca que este desecho industrial no puede ser depositado ni almacenado “en el área de las celdas con revestimiento”, a menos que medie una dispensa, la cual no ha sido otorgada por la JCA, según confirmó en declaraciones escritas el portavoz de la JCA, Juan José Díaz Díaz.

La resolución 15-23-1 aclara además que el usar cenizas -o cualquiera de sus variantes- como capa o cubierta alterna para cubrir desperdicios en los vertederos no es un “uso beneficioso” y sí una disposición final del material.

Por consiguiente, tanto la JCA como la nueva Ley 40 concluyen que para lo único que EC Waste puede utilizar las cenizas en Peñuelas es para solidificar desperdicios líquidos.

De acuerdo a reglamentos y resoluciones de esa agencia, el proceso de solidificación se autoriza siempre que la mezcla de desperdicios líquidos y sólidos ocurra de forma controlada y en proporciones definidas.

Cuando se utilizan cenizas, la mezcla típica incluye una parte de líquido, por dos partes de cal o arcilla, y una de residuos de carbón, detalla la resolución 15-17-1.

Sin embargo, activistas que mantienen una vigilia a la entrada del vertedero EC Waste en Peñuelas reclaman que la cantidad de desperdicios líquidos introducida al relleno sanitario durante las pasadas semanas en nada se aproxima a los casi 150 camiones que recientemente trasladaron cenizas desde AES Guayama hasta esa zona.

“Si con la fuerza de choque metieron tres mil toneladas de cenizas en menos de tres días, ¿dónde está el equivalente en desperdicios líquidos? A menos que lo llevaran por helicóptero, por aquí no entraron”, sentenció José Manuel Díaz Pérez, portavoz del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa.

“Además, la Junta de Calidad Ambiental sabe que para la solidificación esas cenizas se tienen que almacenar dentro de una estructura cerrada. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde estaba la agencia para darse cuenta que nunca ocurrió? La pregunta es retórica, porque todos ya sabemos la respuesta. La Junta brilló por su ausencia”, continuó.

Por otra parte, el químico Osvaldo Rosario López ha cuestionado dónde están los exámenes químicos que muestran la composición final del material mezclado.

Durante años, el investigador con grado postdoctoral en Química Ambiental ha advertido que la unión de desperdicios líquidos con cenizas de carbón provoca un efecto “sinergético”, que refuerza la toxicidad del material.

También ha planteado que ninguna agencia estatal ni federal ha examinado la composición química de esa mezcla. De ser tóxica, recalca, ningún vertedero de la isla está autorizado ni capacitado para su manejo y disposición final.

Secretario de Salud le hace coro a AES

Entretanto, miembros del gabinete nombrado por Rosselló Nevares y asesores contratados por La Fortaleza han alegado que con la nueva Ley 40 el gobierno de Puerto Rico protege la salud de las comunidades potencialmente amenazadas por los residuos de la combustión de carbón de AES.

El secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, señaló en declaraciones oficiales que “la única forma de ceniza que puede llegar a las comunidades es la liviana o ‘fly ash’”, y que ésta “fue prohibida”.

Pero el “agregado manufacturado por AES en Guayama, Puerto Rico”, conocido en República Dominicana como “rockash” contiene partículas que pueden ser “aerotransportadas” y “aspiradas”, demostró mediante un estudio el ingeniero geoestructural William P. Konicki durante un pleito federal contra AES, por exponer a mujeres dominicanas a tóxicos que propiciaron abortos espontáneos y el nacimiento de criaturas con malformaciones en Arroyo Barril.

La prueba fue presentada ante la Corte Superior de Delaware que preside la jueza Jane R. Jurden.

Konicki, con 40 años de experiencia técnica y forense en análisis de suelos, concluyó en su informe que la solidez del denominado “rockash” que se transportó desde Guayama hasta Arroyo Barril no resiste condiciones ambientales rutinarias como lluvia, sol y viento, máxime cuando su estructura es soluble en agua dulce o salada.

Su “característica sólida” además se degrada y desintegra cuando se somete a procesos de carga, transporte y descarga, creando partículas que pueden “ser fácilmente aspiradas”, describe la moción emitida el 24 de noviembre de 2015 en la que la jueza Jurden acepta a Konicki como perito para el juicio.

Este pleito fue transado mediante arreglo económico justo antes de que fuera atendido en corte, el 4 de abril de 2016.

Durante las audiencias previas a esa fecha, la jueza Jurden determinó llamar al “agregado manufacturado” de AES como “residuo de cenizas de carbón” (Coal Ash Waste), aún con la oposición de los abogados contratados por la empresa.

Desde el año 1996, período en que AES solicitaba sus permisos al gobierno de Puerto Rico, ejecutivos de la compañía  aseguraban contar con un mercado para las cenizas residuales de su producción eléctrica con carbón. Sin embargo, el 2 de enero de 2014, AES admitió a la JCA que no ha podido vender su “agregado manufacturado” en Puerto Rico.

  • Sergio Delgado

    Este fresco cara de lechuga de Fortuño, no se qué hace aquí este señor no se siente puertorriqueño no le importa el daño que le ha hecho a nuestra Isla, su motivacion es el dinero no importa a quien se lleve por el medio y luego se hira a residir a Virginia lo mas tranquilo. Despierta Boricua, no le demos paso a estos buscones.