Desde que comenzó la pandemia y se instauró el toque de queda en Puerto Rico, la mesa boricua retomó un lugar central en el diario de la gente. Los productos frescos y del país han adquirido un valor distinto, no solo ante las dinámicas que casi obligan a cocinar las tres comidas en casa, sino por los retos de salir a hacer la compra, lo que a su vez ha popularizado formas de distribución y consumo, como las cajas de alimentos entregadas a la puerta.

Mientras esto ocurre, el sector agrícola en general sigue enfrentando grandes retos.

Un proyecto agrícola puede comenzar con el arriendo de un terreno a través de la Autoridad de Tierras (AT) de Puerto Rico, dependencia del Departamento de Agricultura que determinará la cantidad de cuerdas que se deben adecuar para la producción agrícola. Habilitar los terrenos recae en el nuevo agricultor.

Pero, de las tierras disponibles en Puerto Rico pocas representan una oportunidad para iniciativas a pequeña escala, reconoció el secretario de la agencia, el agrónomo Carlos Flores Ortega.

“Realmente no hay fincas pequeñas”, dijo en referencia a predios de una a 49 cuerdas que estén disponibles para arriendo. Algunos terrenos no se han podido “explotar” al no contar con un sistema de riego o, por el contrario, estar en zonas inundables, añadió el Secretario al tiempo que aseguró que Puerto Rico cuenta con unas 634,000 cuerdas de terrenos agrícolas de las que estima 500,000 están en uso agrícola. Las cuerdas agrícolas identificadas en el Plan de Uso de Terrenos (PUT) de 2015 representan el 25% de la Isla, que ha perdido 1,527,634 cuerdas de uso agrícola desde 1910, según el Censo Agrícola de 2012 que es preparado por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura Federal (USDA, en inglés).

Las fincas grandes se dividen siempre que se pueda brindar agua a sus distintos predios, explicó Flores Ortega, pero “la gran mayoría de las veces no hay forma de dividir las válvulas para separar el agua. Recientemente alquilamos dos fincas que llevaban años sin alquilar porque se logró llevar agua a ambos predios. Esto cuesta miles de dólares y la inversión se hace según los recursos asignados”. Debido a las condiciones descritas por el Secretario, 2,543.70 cuerdas no se han podido arrendar.

La Autoridad de Tierras tiene 85,797.72 cuerdas de terrenos de las cuales quedan 5,439.89 para arriendo “en fincas que fluctúan, la más pequeña quizás, de 50 cuerdas, hasta de más de 500 cuerdas”, dijo el funcionario. Del total de tierras, 24% están dedicadas a usos no agrícolas como proyectos de energía renovable, reservas naturales, vertederos municipales, entre otros.

Para el agrónomo y cofundador del Proyecto Agroecológico El Josco Bravo, Ian Pagán Roig, “la Autoridad [de Tierras] pudiera representar una alternativa de tierras. Las mejores tierras ya están ocupadas, muchas de ellas en el sur por compañías dedicadas a la experimentación con transgénicos. Muchas de las tierras que quedan son terrenos marginales que han estado abandonados. Entonces, le toca al agricultor o la agricultora hacer esa transformación y esa inversión inicial para devolverles el potencial agrícola”. Pagán Roig estimó esa primera inversión entre $40,000 y $50,000. De ese cálculo él sabe porque los invirtió en una finca de 69 cuerdas de las de la AT que empezó a labrar hace cinco años.

Pero días antes de la embestida del huracán María, Pagán Roig recibió una orden de desahucio por parte de la Autoridad de Tierras “porque tuvimos problemas en pagar la renta de la finca”. Aunque en este caso la agencia llegó a un acuerdo con el agricultor, el optar por la vía judicial es una de “las estrategias” asumidas por el Secretario de Agricultura desde su llegada a la agencia en 2017 con el fin de asegurar que los terrenos se siembren y generen actividad económica, dijo el funcionario.

Puerto Rico produce solo alrededor de 15% de lo que consume, cifra que no ha aumentado al menos en la última década y el paso del huracán María incluso redujo a 0% esa producción por alrededor de un año, según Flores Ortega. Ante este cuadro, Pagán Roig cuestionó la práctica de los desahucios de tierras cultivables como una parecida al “mercado de bienes raíces”.

La seguridad alimentaria se define como la disponibilidad en todo momento de suficientes alimentos básicos para sostener el aumento constante del consumo y compensar las fluctuaciones en la producción y los precios, dice el informe de 2015 Seguridad Alimentaria en Puerto Rico, producido por el Instituto de Estadísticas.

Fenómenos como los huracanes exponen aún más la dependencia de Puerto Rico de las importaciones tomando en cuenta que la mayoría proviene del puerto de Jacksonville, Florida, zona también amenazada por ciclones. También, emergencias de salud como el coronavirus, complican el panorama y los agricultores locales ya sienten los efectos en sus bolsillos. Por ejemplo, los mercados familiares donde vendían sus productos fueron suspendidos por el Departamento de Agricultura desde el 13 de marzo a causa de la pandemia. Otra buena parte de la producción va a los comedores escolares, más de 800 cerrados desde el 16 de marzo – cuando se ordenó el toque de queda – de los cuales menos de 100 retomaron operaciones desde el 6 de mayo, tras reclamos de varios sectores y una demanda contra el Departamento de Educación. Mantener los comedores cerrados causó que parte de esa producción agrícola fuera donada al Banco de Alimentos, confirmó Flores Ortega.

Casi una treintena de empresas procesadoras de carne cerraron en Estados Unidos por la COVID-19, pero el Secretario aseguró que esto representa una oportunidad para los productores de cerdo en Puerto Rico. Una semana más tarde, el vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, confirmó que los precios de las carnes importadas aumentarán debido a la poca oferta y la alta demanda, lo que llevará a algunos comercios a limitar las compras.

La oportunidad para los porcicultores llegó con la propuesta de $107 millones que el USDA aceptó a la empresa Caribbean Produce Exchange bajo el programa Farmers to Families Food Box para repartir 200 mil cajas semanales con alimentos en la isla como parte de la respuesta al coronavirus. “Caribbean Produce se comunicó con nosotros para que seamos proveedores en esta iniciativa y eso nos ha aliviado enormemente. Si no surgía esto, las pérdidas iban a ser enormes”, confirmó el presidente de la Cooperativa de Porcicultores, Ángel Rodríguez, quien detalló que proveerán entre 36 mil y 42 mil libras de carne de cerdo para seis semanas.

 Antes de convertirse en la finca El Josco Bravo, ubicada en el barrio Piña de Toa Alta, la tierra estuvo abandonada por más de 20 años y no recibió ningún tipo de cuidado ni inversión, contó Pagán Roig, quien junto a un grupo de voluntarios abrieron caminos, levantaron cercas, viveros y un sistema de riego para acondicionarla para la producción agrícola.

“Ese es el panorama de muchas tierras públicas que por años no han sido trabajadas, que por décadas no se había invertido un centavo, que ni siquiera un funcionario del Departamento de Agricultura las ha visitado, y te pueden decir ‘sí, hay tierras disponibles’, pero no está ese apoyo o acompañamiento para tú poner a producir esa tierra. Si le das a un agrónomo acabado de graduar de [la Universidad de Puerto Rico, Recinto de] Mayagüez, que ya está capacitado, y lo sueltas en una finca de 10 cuerdas que no se trabaja por más de 20 años, está destinado al fracaso”, aseguró Pagán Roig.

La nueva política pública de “quitar fincas”, aseguró el Secretario de Agricultura, se hace solo tomando en cuenta la actividad agrícola y no si el arrendatario está al día con el alquiler. Pero en el caso de Pagán Roig, la orden de desahucio surgió por falta de pago a la AT.

“Cuando nosotros comenzamos en el 2017, detectamos que había muchas de estas cuerdas que no se están usando aunque están arrendadas. Pues hicimos un plan de visitarlas y empezamos a ir al tribunal a quitar fincas. Todo arrendatario, estuviera al día en los pagos o tuviera deuda con la Autoridad, que no tuviera actividad agrícola en su finca, íbamos al tribunal y decíamos ‘tribunal, incumplimiento de contrato, quiero recoger esa finca’. Son estrategias que hay que trabajar con estos cristianos”, dijo Flores Ortega desde su oficina en Santurce. La agencia recuperó así 3,446 cuerdas de las que volvió a arrendar 3,046 para cultivos de hortalizas, caña de azúcar, cáñamo y ganado.

Incentivos agrícolas que no alcanzan

El Código de Incentivos de la Administración Rosselló Nevares (Ley 60-2019) eliminó el subsidio salarial, que fluctuó entre $165 y $235 anual para los agricultores, para sustituirlo por un subsidio por producción cuyas escalas varían por sector. El Código también exime a los agricultores bona fide, quienes devengan más del 50% de su ingreso bruto de la producción agrícola del pago de contribuciones sobre el 90% de sus ingresos. Otros subsidios van dirigidos a ayudar en la compra de maquinaria y equipos, abonos, semillas o especies.

Según el Secretario de Agricultura, algunos agricultores no solicitan los incentivos porque su ingreso principal no surge de esta práctica o no desean dar su información al Gobierno, aunque no fundamentó esta opinión.

“Si el agricultor puede garantizar la venta de su producto a un precio justo y razonable, tanto para él como para el consumidor, los agricultores no necesitamos incentivos”, aseguró el presidente de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Héctor Iván Cordero Toledo, quien destacó que obtener esos incentivos en ocasiones resulta una odisea.

Algunos factores limitantes, según el también agrónomo y ganadero, son la diferencia de salarios del sector agrícola local en comparación con “cualquier país de Centro o Sur América” así como “los volúmenes”, refiriéndose a la cantidad de producción que puede generar una finca.

“Los costos operacionales son fundamentales a la hora de determinar el precio que el agricultor le pone a su producto. Otro factor limitante son los volúmenes. En Puerto Rico, el tamaño promedio de una finca son 30 cuerdas y eso es una parcela, y eso no produce a un volumen que aminore o reduzca los costos de producción”, explicó Cordero Toledo. Como ejemplo, recordó que en Puerto Rico producir un litro de leche cuesta 75 centavos, en Wisconsin 25 y en Florida 45. Otros factores que pueden incidir en el precio que se determina para el producto son los insumos (productos para procesar la leche) que hay que traerlos de distintas partes del mundo.

El coronavirus apenas trajo incentivos adicionales para el obrero agrícola puesto que las ayudas del Departamento de Agricultura se circunscriben a un 5% de incentivo en la prima de seguro agrícola, moratoria al pago de ayudas financieras a través de la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA), y la distribución de mil cajas para que los agricultores empacaran sus cosechas para la venta. En el Plan de Preparación y Respuesta al COVID-19 del Gobierno, los deberes del Departamento durante la emergencia se limitan a diseminar información relacionada al brote o la identificación del virus en animales.

Se acerca de nuevo el debate sobre el Mapa de Calificación de suelos

Cuando la Junta de Planificación (JP) propuso en el verano de 2019 un nuevo Mapa de Calificación de Suelos, la atención pública estaba volcada en exigir la renuncia del entonces mandatario Ricardo Rosselló Nevares. Ante la limitada discusión durante las vistas legislativas para la propuesta sobre la cual la JP nunca divulgó un memorial explicativo, sus geodatos, y la plataforma para visualizarlo constantemente cambiaba, organizaciones como Para La Naturaleza, Earth Justice y el Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, levantaron banderas sobre el mapa que puede cambiar el uso de algunas tierras.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó el 4 de octubre la creación del Comité Asesor Multisectorial de la Junta de Planificación “para brindar apoyo técnico y recomendaciones sobre la aprobación y firma de los Mapas de Calificación Propuestos”. Seis meses más tarde, la Gobernadora divulgó un comunicado indicando que el mapa “no será firmado hasta que la agencia enmiende el Tomo VI del Reglamento Conjunto y diseñe un proceso participativo con los planes de ordenación territorial de los municipios”. Las enmiendas, por iniciarse en junio de este año, pueden traer cambios sobre el uso que se da a las tierras según su calificación.

La calificación del suelo se refiere a la “determinación del uso y la intensidad aplicada a una parcela, finca o sector… con el fin de potenciar el desarrollo, la conservación, la edificación, la explotación, el cultivo, la contemplación del paisaje o la ubicación de las infraestructuras y los servicios, de acuerdo con la clasificación en la que se ubica”, establece el PUT de 2015. Esa clasificación se divide en: urbano, urbanizable y rústico. Además, hay unas subcategorías bajo suelo rústico para asignar cierto grado de protección por valor ecológico, agrícola, hídrico o de paisaje.

La directora de Política Pública de Para La Naturaleza, Soledad Gaztambide Arandes, explicó que el mapa, que no se ha firmado, deberá armonizar la calificación de suelos para cumplir con varias leyes y reglamentos tales como: el Reglamento para la Evaluación y Expedición de Permisos de 2019, la Ley Orgánica de la Junta de Planificación, la Ley de Municipios Autónomos, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, la Ley de Política Pública Ambiental, y el PUT. Además, habrá que analizar las enmiendas al Reglamento Conjunto y estar pendientes a cambios en la Ley de la Reforma de Permisos.

“Nunca un mapa va solo, es parte de un plan, conlleva un análisis, sobre todo una visión de a dónde quieres llegar”, advirtió Gaztambide Arandes. Además, “el mapa de calificación propuesto tiene 99 mil cuerdas menos de suelos clasificados como protegidos (reservas) en comparación con el Plan de Uso de Terrenos”, apuntó Para la Naturaleza en una carta a la directora de la JP, María del Carmen Gordillo Pérez.

En su propuesta del verano pasado, la JP introdujo la zonificación Agrícola Productivo, que permite otros usos como proyectos de energía renovable, centros de manufactura, fabricación, distribución de productos, laboratorios de cannabis, hospederías agro o ecoturísticas, y hasta hospederías tipo “bed and breakfast”.

Es por esto que organizaciones como Earth Justice y el Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas alertaron que “los cambios hechos en los distritos agrícolas en el Reglamento Conjunto de 2019, específicamente la zonificación agrícola productivo … causarán un impacto negativo en las 637,592 cuerdas con valor agrícola en todo Puerto Rico que fueron identificadas y protegidas con la clasificación de Suelo Rústico Especialmente Protegido con valor agrícola en el Plan de Uso de Terrenos de 2015”. Si a la dependencia de alimentos importados se suma la pérdida continua a través de los años de terrenos agrícolas, los cambios propuestos por la JP exponen al país aún más a la inseguridad y la precariedad alimentaria, recalcaron.

Nuevas visiones de la agricultura quieren abrirse paso

Aunque este panorama pudiera desalentar a recién graduados de Ciencias Agrícolas, se ha visto un aumento   en el interés por la agricultura no convencional. “Los jóvenes están buscando otro tipo de agricultura. Tienen una conciencia de la responsabilidad de lo que van a dejar para esas futuras generaciones”, aseguró la directora interina del programa de bachillerato en Agricultura Sustentable de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, la Dra. Olgaly Ramos Rodríguez. El egresado de ese programa, Jael Javier Ramos Asia, secunda a su profesora cuando describe que, “tratamos de llevar la agricultura más consciente, de verlo todo como un sistema, no como algo aislado. Todo interactúa entre sí y hay que crear un balance”. Tanto él como su compañero Fernando Pacheco Torres aspiran a tener sus fincas familiares.

Desde su cosecha en Toa Alta, Pagán Roig, quien ha adiestrado a cerca de 600 jóvenes agricultores en los pasados seis años, propuso que el Departamento de Agricultura cambie “el acercamiento y el apoyo que le está dando a los agricultores, desde las tierras públicas, los incentivos y los diferentes apoyos para facilitar el emprendimiento de nuevos proyectos. Un aspecto fundamental debe ser la masificación de la educación agrícola. Muchos de los jóvenes interesados en la agricultura son personas que han perdido el vínculo con la tierra y es el caso de casi todos los puertorriqueños y puertorriqueñas”.

 

Esta historia es posible en parte por una beca del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Internews, el Center for Disaster Philanthropy y NetHope.