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Los ejecutivos de la quiebra

1 agosto, 2018

Resumen

Trabajan en la reestructuración más grande en la historia del mercado de bonos municipales de Estados Unidos. La mesa es suficientemente amplia para dar de comer a cientos de empleados y socios de firmas y bufetes, principalmente extranjeros. En un año de quiebra la cuenta va por más de $220 millones. 

Los principales ejecutivos de las firmas legales y de asesoría financiera que facturan como parte del Título III de quiebras bajo la Ley PROMESA tienen gran peso en la toma de decisiones sobre el futuro de Puerto Rico. Se suman a otro grupo de ejecutivos contratados por el gobierno de la Isla y la Junta de Control Fiscal, cuya facturación no pasa por el tribunal pero está directamente relacionada a la reestructuración de la deuda pública.

Muchos de los abogados y consultores que cruzan el charco para brindar servicios ya se conocen entre sí. Se han visto las caras en quiebras y reestructuraciones históricas tales como Enron, Lehman Brothers, Refco, Adelphia, Caesars, American Airlines, General Motors y Chrysler, así como las principales quiebras municipales de Detroit, Jefferson County, Alabama, y Orange County, California. Este es precisamente uno de los principales argumentos a la hora de justificar el alto costo por sus servicios, con tarifas por hora que superan los $1,000.

El Gobierno estima que durante los próximos seis años, estos profesionales — ejecutivos de la quiebra — cobrarán más de $1,400 millones. Todo con cargo al erario de un territorio en quiebra.

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Historias en la serie

Gobierno gasta más que la Junta en abogados de quiebra y consultores financieros

16 agosto, 2018

Aunque PROMESA empodera a la Junta como único representante de Puerto Rico — la tutora legal del Gobierno — en los casos de quiebra, la administración Rosselló Nevares cuenta con su propio batallón de abogados y consultores que participan activamente en el proceso. Esta duplicidad de trabajo por parte de los abogados y consultores de la Junta y el Gobierno le ha costado, por lo menos, $150 millones al erario en tan solo un año.

Junta de Control Fiscal: un gobierno paralelo de consultores y abogados

1 agosto, 2018

Después de un año de los casos de quiebra de Puerto Rico, los bufetes y firmas de la Junta, el Gobierno y comités que representan pensionados y acreedores no asegurados han facturado más de $220 millones. La cifra ya supera lo que se facturó en los casos de quiebra de Detroit, Jefferson County en Alabama y Orange County, California.

Autores en la serie

Luis J. Valentín Ortiz

Luis J. Valentín Ortiz

Estudió economía en Pennsylvania State University. Comenzó su experiencia periodística en el semanario Caribbean Business donde laboró por siete años. Allí fungió como corrector y editor mientras cursaba sus estudios en derecho en la Universidad de Puerto Rico. Tras obtener su juris doctor en el 2014, comenzó a cubrir temas relacionados al manejo fiscal del gobierno de Puerto Rico, incluyendo la crisis de la deuda pública de la Isla. Por su cobertura del tema ganó en el 2016 el premio “Laura Rivera al Periodista Joven del Año” que otorga la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. En el 2018 comenzó a trabajar para el CPI, donde continúa su cobertura especializada de la deuda de Puerto Rico, la ley federal PROMESA, la junta de control fiscal y el proceso de quiebra que enfrenta la Isla.

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