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Los ejecutivos de la quiebra

1 August, 2018

Abstract

Trabajan en la reestructuración más grande en la historia del mercado de bonos municipales de Estados Unidos. La mesa es suficientemente amplia para dar de comer a cientos de empleados y socios de firmas y bufetes, principalmente extranjeros. En un año de quiebra la cuenta va por más de $220 millones. 

Los principales ejecutivos de las firmas legales y de asesoría financiera que facturan como parte del Título III de quiebras bajo la Ley PROMESA tienen gran peso en la toma de decisiones sobre el futuro de Puerto Rico. Se suman a otro grupo de ejecutivos contratados por el gobierno de la Isla y la Junta de Control Fiscal, cuya facturación no pasa por el tribunal pero está directamente relacionada a la restructuración de la deuda pública.

Muchos de los abogados y consultores que cruzan el charco para brindar servicios ya se conocen entre sí. Se han visto las caras en quiebras y reestructuraciones históricas tales como Enron, Lehman Brothers, Refco, Adelphia, Caesars, American Airlines, General Motors y Chrysler, así como las principales quiebras municipales de Detroit, Jefferson County, Alabama, y Orange County, California. Este es precisamente uno de los principales argumentos a la hora de justificar el alto costo por sus servicios, con tarifas por hora que superan los $1,000.

El Gobierno estima que durante los próximos seis años, estos profesionales — ejecutivos de la quiebra — cobrarán más de $1,400 millones. Todo con cargo al erario de un territorio en quiebra.

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Gobierno gasta más que la Junta en abogados de quiebra y consultores financieros

16 August, 2018

Los abogados de la Junta de Control Fiscal y del Gobierno de Puerto Rico comían en mesas separadas, poco después del mediodía del miércoles, 25 de julio, en la cafetería del edificio que alberga al Tribunal Federal en Hato Rey. Allí estaba John Rapisardi, del bufete O’Melveny, el principal abogado de reestructuración de la administración de Ricardo Rosselló Nevares, mientras en otra mesa se veía a Martin Bienenstock, el abogado titular de la Junta. Como muchos de los ejecutivos de la quiebra, Rapisardi conocía de antes el tema de Puerto Rico. En agosto del 2016, casi un año antes de firmar su primer contrato con el Gobierno, participó de un evento auspiciado por la Cámara de Comercio sobre la Ley PROMESA, en un hotel de Condado. Afuera en la avenida Ashford, se asomaban las protestas en contra de la ley federal y las medidas de austeridad.

Junta de Control Fiscal: un gobierno paralelo de consultores y abogados

1 August, 2018

Después de un año de los casos de quiebra de Puerto Rico, los bufetes y firmas de la Junta, el Gobierno y comités que representan pensionados y acreedores no asegurados han facturado más de $220 millones. La cifra ya supera lo que se facturó en los casos de quiebra de Detroit, Jefferson County en Alabama y Orange County, California.

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