Difícil decisión la que tiene en sus manos el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty. Si escoge a la empresa Dominion Voting System para realizar el conteo electrónico de votos durante las elecciones de 2012, estaría confiando ese proceso a una empresa representada por el bufete McConnell Valdés. Este bufete tiene estrechos lazos con Luis Fortuño, quien aspira a revalidar como gobernador en las elecciones.
El socio director de McConnell Valdés, Arturo García, administra los bienes del gobernador a través de una estructura legal denominada fideicomiso ciego. Fortuño, además, ha trabajado en varias ocasiones en esa firma de abogados.
Una fuente del CPI sostuvo que Conty está reacio a seleccionar a Dominion Voting System porque podría perjudicar la credibilidad del proceso.
McConnell Valdés ha hecho su cabildeo y el 30 de septiembre pasado envió una moción pidiendo a la CEE que reconsidere su determinación de cancelar la subasta para escoger la empresa que hará el conteo electrónico, al tiempo que solicitó que la subasta se adjudique en favor de su cliente. “Dominion es el postor más bajo evaluado, de solidez financiara, que cumple con todos los términos y condiciones mandatorios”, según el documento de 13 páginas, al que tuvo acceso el Centro de Periodismo Investigativo.
El bufete sostuvo que la empresa cumple con el requisito de certificación, puesto que la ley dice que se puede obtener por medio de un laboratorio independiente acreditado por la US Election Assistance Comission. Wyle Laboratories fue la que evaluó a Dominion, según la moción, y validó el firmware para el equipo del escrutinio electrónico, que la CEE no reconoció durante la evaluación técnica. “Dominion ha quedado expuesto a la competencia desleal como resultado de una cancelación arbitraria”, indicó McConnell Valdés.
Conty no contesto varias solicitudes de entrevista del Centro de Periodismo Investigativo. Sin embargo, emitió una declaración a través de su portavoz José Enrique Alvarado, en la que dijo que “tanto los comisionados como el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los técnicos se encuentran recopilando más información sobre las compañías que fueron a subasta. Cuando haya suficiente información se anunciará una decisión en este mismo mes de diciembre. No se va a permitir ninguna intromisión de ninguna índole excepto la de los comisionados y el Presidente de la Comisión”.
La canadiense Dominion Voting Systems y la holandesa-venezolana Smartmatic son los candidatos con mejores atributos para ofrecer el servicio, tomando en cuenta los criterios de experiencia, solidez económica y de haber hecho una oferta con un precio competitivo, según el informe de subasta de la CEE.
Dominion Voting Systems ofreció sus servicios por $17, 046,400, y obtuvo la puntuación más alta durante la revisión de los estados financieros (73.76%), cuando se compara con las otras tres participantes. La segunda empresa con mayor solidez económica fue Smartmatic (65.98%), que hizo una oferta por $19, 900,000. Ambas tienen experiencia en procesos electorales a nivel internacional.
Sin embargo, ninguna cumple con los requisitos de certificación que exige la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 44, la misma que autoriza a la CEE a desarrollar e implantar el escrutinio electrónico. La canadiense Unisyn Voting Solutions y la estadounidense Hart Intercivic Inc sí cumplen con ese requisito.
Pero Unisyn Voting Solutions plantea tres problemas. No tiene experiencia en sistemas electorales complejos como el de Puerto Rico. Si Conty la selecciona, estaría poniendo la responsabilidad del escrutinio electrónico en manos de una empresa dedicada más a dar servicio de software y equipo relacionado a lotería y apuestas de caballos en Estados Unidos. Esta, además, es la que menos capacidad económica tiene (29.73%), al punto que pidió un adelanto de $5 millones durante la subasta. Esa empresa hizo la oferta más cara de todas las participantes: $26, 593,857.
La estadounidense Hart Intercivic Inc, con una capacidad económica de 65.23%, ya ha comunicado a Conty que, por factores de tiempo, no podrá instaurar un plan piloto del escrutinio electrónico durante las primarias de marzo de 2012.
Esta es la primera vez en la historia electoral del País que una empresa privada estaría a cargo el conteo de votos. Los puntos antes mencionados dramatizan como el proceso ha sido una carrera contra el tiempo en la que abundan los tropiezos. Cualquiera de las opciones que tiene Conty le plantea problemas.
La CEE declaró la subasta desierta el 22 de septiembre pasado, al concluir que ninguna de las empresas cumplía con todos los requisitos de elegibilidad, como el de capacidad financiera o certificación. Entonces se abrió el proceso a que un comité, con los comisionados electorales de los tres partidos, negociara de tú a tú con las compañías.
Pero, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, Laisa García, se retiró del consenso del comité, porque entendía que no había tiempo para implantar adecuadamente el escrutinio electrónico, y porque la selección de las empresas no se debían limitar a las que están participando ahora, según una resolución que emitió Conty el 14 de noviembre pasado, a la que tuvo acceso el CPI. Precisamente por la falta de consenso, le corresponde al presidente de la CEE escoger la empresa.
