El que hace la ley hace la trampa: sin garras fiscalización de las campañas políticas

La Ley 222 aprobada en el 2012, promovida por la administración de Luis Fortuño, redujo y eliminó la inmensa mayoría de las penalidades y delitos contenidos en la pasada ley electoral, lo que dificulta imponer sanciones a los políticos que no manejen correctamente el dinero recaudado. Al presente, se le permite a los candidatos señalados simplemente enmendar sus informes múltiples veces y en casos mayores viabiliza la imposición de multas administrativas u ordenar la devolución del dinero.

Convertidos en “roommates” para cometer fraude

Héctor O’Neill, alcalde de Guaynabo
Varios empleados del municipio de Guaynabo, que cambiaron fraudulentamente su dirección para votar en el precinto 7, cometieron el grave error de decir que vivían en la misma casa o apartamento. No eran exclusivamente guardias municipales, como se ha denunciado, sino funcionarios de dependencias como el Departamento de Obras Públicas, lo que apunta a que se trata de un esquema masivo para buscar votos en las pasadas primarias del Partido Nuevo Progresista, con el fin de favorecer al candidato apoyado por el alcalde Héctor O’Neill. Esto según un examen de documentos en poder del Centro de Periodismo investigativo y de una reportería de campo. César Cintrón Opio, empleado del Departamento de Obras Públicas, cambió su dirección del barrio Sonadora de Aguas Buenas, en el precinto 6, a la exclusiva urbanización Garden Hills Norte en Guaynabo, cuando se presentó en enero pasado ante la Junta de Inscripción Permanente (JIP). La movida le daba derecho a votar en las primarias en el precinto 7 de Guaynabo, donde se registró el sonado caso de fraude electoral de las primarias del pasado 18 de marzo.

Dos empresas dispuestas a resucitar el escrutinio electrónico

Quedan dos opciones para resucitar el escrutinio electrónico de votos en las próximas elecciones. Y es que dos de las cuatro compañías que compitieron para dar ese servicio, Smartmatic y Dominion Voting Systems, están dispuestas a crear el software que lea papeletas boricuas en la consulta del próximo seis de noviembre, a pesar del poco tiempo disponible. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Héctor Conty, informó que los comisionados electorales de todos los partidos habían pedido una dispensa a la Legislatura para no cumplir con el mandato de ley que ordena que el escrutinio de los votos este año sea electrónico. Entienden los funcionarios que no hay tiempo, luego de que la compañía Unisyn Voting Solutions, escogida para dar ese servicio, anunciara que no tenía la capacidad de desarrollar a tiempo un software que pasare las pruebas de aceptación de fábrica; es decir, los requisitos que había determinado la CEE que debía cumplir para leer correctamente las papeletas boricuas. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, a media tarde del miércoles dio por muerto el proceso al aprobar una resolución conjunta que asignaba los $20 millones de dólares del escrutinio a instituciones médicas y hospitalarias.

En veremos el escrutinio electrónico de votos

A menos de diez meses de las elecciones, la implantación del conteo electrónico de votos en la elecciones de noviembre, es cada día más incierto. La jueza superior de San Juan,  Georgina Candal Segurola,  dio paso este martes a una solicitud de sentencia declaratoria e injunction del candidato al senado por acumulación Luis Santini Gaudier. Éste alega que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) incumplió con el artículo 3.015 del Código Electoral. Con el fin de resolver el caso lo antes posible, la estrategia del peticionario es llamar a testificar primero al juez Héctor Conty, presidente de la CEE, en la vista del próximo martes 14 de febrero”, sostuvo el licenciado Fernando Torres Ramírez, abogado del candidato popular. “La mejor prueba de que la Comisión no cumplió estrictamente es que el propio presidente hable, y si dice la verdad, vamos a poder probar nuestro caso”, aseguró Torres.

El riesgo principal del escrutinio electrónico: los de adentro

La escritora y activista Bev Harris ha usado el bisturí de la investigación para destripar sistemas de voto y de escrutinio electrónico en Estados Unidos, para diagnosticar casos de fraude electoral. Y ahora se ríe para no llorar. Se ha enterado de que el debate principal en la Isla en torno a la implantación del primer escrutinio electrónico se centra, según ella, en una “tontería”: el requisito de una certificación federal de la empresa que dé el servicio. “Me siento triste al decirte esto, pero la US Election Assistance Commission no tiene ninguna credibilidad certificando máquinas”, aseguró Harris, directora de la organización independiente Black Box Voting, que vigila los procesos electorales en Estados Unidos. Y es que Election Assistance Commission no mide la capacidad de las máquinas y del software para evitar que quienes administren las elecciones se las roben.

Requisito inútil empantana el escrutinio electrónico

Los legisladores de mayoría Johnny Méndez y Margarita Nolasco exigieron que la empresa que dé el servicio del escrutinio electrónico tuviera una certificación federal para un equipo que no funciona en la Isla, lo que resultó en la selección de la empresa Unisyn, el postor más caro y con menos experiencia en procesos electorales, aunque sabe mucho de juegos de azar electrónicos. El objetivo de los legisladores era dar “lo mejor a Puerto Rico”, indicaron. Pero, ese supuesto afán de excelencia creó obstáculos legales innecesarios a uno de los procesos más importantes en la historia electoral del país: escoger la mejor empresa que dé el servicio para el conteo electrónico de votos para las elecciones generales del próximo 6 de noviembre. Esta es la primera vez que el conteo de los votos será electrónico. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty, decidió negociar de tú a tú con Unisyn Voting Solutions para que dé el servicio luego de que se declarara desierta la subasta porque es la única empresa, de entre las cuatro participantes, que posee la certificación más reciente de una agencia federal.

Amigos de Fortuño tras el contrato del conteo electrónico

Difícil decisión la que tiene en sus manos el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty. Si escoge a la empresa Dominion Voting System para realizar el conteo electrónico de votos durante las elecciones de 2012, estaría confiando ese proceso a una empresa representada por el bufete McConnell Valdés. Este bufete tiene estrechos lazos con Luis Fortuño, quien aspira a revalidar como gobernador en las elecciones. El socio director de McConnell Valdés, Arturo García, administra los bienes del gobernador a través de una estructura legal denominada fideicomiso ciego. Fortuño, además, ha trabajado en varias ocasiones en esa firma de abogados.