A apoderarnos del proceso electoral

“Quien llega tarde ni oye misa ni come carne”, dice un viejo dicho. La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, no puede demorar más para demostrar que tiene la capacidad y el interés de llevar un proceso electoral limpio si quiere mantener la confianza de los electores en esa entidad. Como enseña el citado refrán, la desidia puede hacer perder lo que con diligencia se ganaría. La CEE, acostumbrada a declarar ganadores y perdedores, parece que en estas elecciones generales podría ser la gran perdedora del proceso electoral. Pero con su fracaso perderíamos quienes apostamos y valoramos el principio democrático de que cada ciudadano tiene derecho a un voto y todos valemos igual en este proceso de elegir a quiénes administran el Gobierno.

Dos empresas dispuestas a resucitar el escrutinio electrónico

Quedan dos opciones para resucitar el escrutinio electrónico de votos en las próximas elecciones. Y es que dos de las cuatro compañías que compitieron para dar ese servicio, Smartmatic y Dominion Voting Systems, están dispuestas a crear el software que lea papeletas boricuas en la consulta del próximo seis de noviembre, a pesar del poco tiempo disponible. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Héctor Conty, informó que los comisionados electorales de todos los partidos habían pedido una dispensa a la Legislatura para no cumplir con el mandato de ley que ordena que el escrutinio de los votos este año sea electrónico. Entienden los funcionarios que no hay tiempo, luego de que la compañía Unisyn Voting Solutions, escogida para dar ese servicio, anunciara que no tenía la capacidad de desarrollar a tiempo un software que pasare las pruebas de aceptación de fábrica; es decir, los requisitos que había determinado la CEE que debía cumplir para leer correctamente las papeletas boricuas. El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, a media tarde del miércoles dio por muerto el proceso al aprobar una resolución conjunta que asignaba los $20 millones de dólares del escrutinio a instituciones médicas y hospitalarias.

En veremos el escrutinio electrónico de votos

A menos de diez meses de las elecciones, la implantación del conteo electrónico de votos en la elecciones de noviembre, es cada día más incierto. La jueza superior de San Juan,  Georgina Candal Segurola,  dio paso este martes a una solicitud de sentencia declaratoria e injunction del candidato al senado por acumulación Luis Santini Gaudier. Éste alega que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) incumplió con el artículo 3.015 del Código Electoral. Con el fin de resolver el caso lo antes posible, la estrategia del peticionario es llamar a testificar primero al juez Héctor Conty, presidente de la CEE, en la vista del próximo martes 14 de febrero”, sostuvo el licenciado Fernando Torres Ramírez, abogado del candidato popular. “La mejor prueba de que la Comisión no cumplió estrictamente es que el propio presidente hable, y si dice la verdad, vamos a poder probar nuestro caso”, aseguró Torres.

El riesgo principal del escrutinio electrónico: los de adentro

La escritora y activista Bev Harris ha usado el bisturí de la investigación para destripar sistemas de voto y de escrutinio electrónico en Estados Unidos, para diagnosticar casos de fraude electoral. Y ahora se ríe para no llorar. Se ha enterado de que el debate principal en la Isla en torno a la implantación del primer escrutinio electrónico se centra, según ella, en una “tontería”: el requisito de una certificación federal de la empresa que dé el servicio. “Me siento triste al decirte esto, pero la US Election Assistance Commission no tiene ninguna credibilidad certificando máquinas”, aseguró Harris, directora de la organización independiente Black Box Voting, que vigila los procesos electorales en Estados Unidos. Y es que Election Assistance Commission no mide la capacidad de las máquinas y del software para evitar que quienes administren las elecciones se las roben.

Requisito inútil empantana el escrutinio electrónico

Los legisladores de mayoría Johnny Méndez y Margarita Nolasco exigieron que la empresa que dé el servicio del escrutinio electrónico tuviera una certificación federal para un equipo que no funciona en la Isla, lo que resultó en la selección de la empresa Unisyn, el postor más caro y con menos experiencia en procesos electorales, aunque sabe mucho de juegos de azar electrónicos. El objetivo de los legisladores era dar “lo mejor a Puerto Rico”, indicaron. Pero, ese supuesto afán de excelencia creó obstáculos legales innecesarios a uno de los procesos más importantes en la historia electoral del país: escoger la mejor empresa que dé el servicio para el conteo electrónico de votos para las elecciones generales del próximo 6 de noviembre. Esta es la primera vez que el conteo de los votos será electrónico. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty, decidió negociar de tú a tú con Unisyn Voting Solutions para que dé el servicio luego de que se declarara desierta la subasta porque es la única empresa, de entre las cuatro participantes, que posee la certificación más reciente de una agencia federal.

Amigos de Fortuño tras el contrato del conteo electrónico

Difícil decisión la que tiene en sus manos el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Héctor Conty. Si escoge a la empresa Dominion Voting System para realizar el conteo electrónico de votos durante las elecciones de 2012, estaría confiando ese proceso a una empresa representada por el bufete McConnell Valdés. Este bufete tiene estrechos lazos con Luis Fortuño, quien aspira a revalidar como gobernador en las elecciones. El socio director de McConnell Valdés, Arturo García, administra los bienes del gobernador a través de una estructura legal denominada fideicomiso ciego. Fortuño, además, ha trabajado en varias ocasiones en esa firma de abogados.

Sin capital suficiente empresa que haría conteo electrónico

La empresa estadounidense Unisyn Voting Solutions es la única que cumple con la certificación que requiere las leyes locales, de entre las cuatro empresas que compiten para implementar el conteo electrónico en las próximas elecciones. Sin embargo, es la que menos capacidad económica tiene de entre todas, por lo que ya pidió un adelanto de $5 millones. La información la confirmaron dos fuentes cercanas al proceso de subasta para escoger a la empresa encargada de implantar el primer escrutinio electrónico en la historia electoral de Puerto Rico. La capacidad económica es un criterio para hacer el contrato con una empresa, pues ésta tiene que  producir el equipo necesario y desarrollar el software a tiempo para el escrutinio, sin que el Estado tenga que dar un adelanto económico. Las dos fuentes también confirmaron que Unisyn fue la que hizo una oferta de servicios más caro que las demás, por $27 millones de dólares.

Sin acuerdo sobre qué empresa hará conteo electrónico electoral

 A la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) le quedan sólo días para informar el nombre de la empresa que tendrá a cargo el conteo electrónico de votos de las próximas elecciones, según lo dispone la nueva Ley Electoral. Sin embargo, a solo cinco días de vencer el plazo, no hay consenso con el Partido Popular Democrático (PPD) respecto a la compañía a la que se le otorgará el contrato de proveer el equipo e instalar el software. Sería la primera vez en la historia electoral de Puerto Rico que la solución de problemas que surjan con la tecnología durante el proceso electoral esté en manos de una sola empresa privada. “Queremos asegurarnos de que se contabilice bien el voto de los electores”, sostuvo al Centro de Periodismo Investigativo el senador Alejandro García Padilla, también candidato a la gobernación por el PPD, quien no quiso decir directamente que el partido se opone a la principal empresa que se baraja para la otorgación del contrato, un nombre que confirmaron dos fuentes del CPI. Entre éstas empresas se encuentran las estadounidenses Dominion Voting Systems, Unisyn Voting Solutions y Hart Intercivic Inc, así como la multinacional Smart Matic, con oficinas en Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Reino Unido, Holanda, Filipinas y Taiwan.