El Departamento de Salud de Puerto Rico, en contraste, no ha logrado poner en ejecución la iniciativa federal emPower Program, que intenta salvar a los ancianos y enfermos vulnerables durante los grandes apagones.
La medida que buscaba investigar la forma y manera en que fue construido el terminal de New Fortress está estancada, sin ningún otro movimiento, desde hace un año.
Puerto Rico está ahora en contra del reloj. Esa es la advertencia de la Agencia de Protección Ambiental y de la Junta de Control Fiscal, ante la lentitud del Gobierno para terminar un plan que controle las emisiones de un gas tóxico, el dióxido de azufre.
La faceta científica, hasta ahora poco conocida de Ana Roqué de Duprey, quien luchó por el derecho al voto de las mujeres puertorriqueñas, ha comenzado a divulgarse a través de una crónica y materiales educativos que son producto de una alianza entre el Centro de Periodismo Investigativo y Para la Naturaleza, unidad el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico.
El organismo Acinetobacter baumannii ha sido un problema en 17 hospitales, y el Departamento de Salud lo supo en 2011, antes de que estallara la epidemia en Carolina
La administración del ex alcalde de San Juan, Jorge Santini, fue referida este miércoles al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor, por el mal manejo de más de $11.4 millones del Programa de Transferencia de Derechos de Desarrollo (TDD). Se trata del instrumento de planificación municipal que denunció el Centro de Periodismo Investigativo en la serie ‘El impuesto secreto del alcalde Santini’. Santini y un grupo de ejecutivos municipales pudieron haber cometido “delitos” relacionados a la omisión o negligencia en el cumplimiento del deber, sin la debida protección de fondos públicos, y en violación a la Ley de Municipios Autónomos, sostuvo Yolanda Zayas, presidenta de la Legislatura Municipal de San Juan, en una conferencia de prensa. El referido incluye al ex director ejecutivo municipal y ex jefe de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la administración Rosselló, Miguel Cordero, y al CPA Francisco Peña, quien dirigió el Área Programática y Servicios Gerenciales del Municipio, encargada del manejo de fondos. El objetivo del Programa de TDD, por el que el Municipio cobraba dinero a quienes pedían permisos de construcción, era permitir un desarrollo en áreas urbanas aledañas a la ruta del Tren Urbano, a cambio de los constructores le compraran los derechos de desarrollo a los dueños de 3,000 cuerdas de valor ecológico en los barrios de Cupey, Caimito, Quebrada Arenas y Tortugo, en el sur de San Juan. El Municipio aseguraba, por medio de un certificado de pago, que el dinero se depositaba en una cuenta especial del Banco Popular, para compensar a los individuos que iban a proteger los terrenos de los barrios del sur de la capital.