El informe de la Comisión de Derechos Civiles sobre la muerte que catalogan de “ilegal” del dirigente de la organización clandestina Los Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos, plantea más que respuestas, cuestionamientos, sobre lo sucedido en el barrio Plan Bonito de Hormigueros, el 23 de septiembre de 2005, y en donde el líder independentista murió a manos de agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
El informe además, propone recomendaciones para las agencias gubernamentales que estuvieron involucradas en los sucesos y concluye que el operativo “se caracterizó por un uso excesivo y abusivo de la fuerza”.
También, concluye que el FBI tuvo a su alcance suficiente información como para deducir que Ojeda Ríos estaba seriamente herido e imposibilitado de resistir cuando se le privó de asistencia médica urgente tras herirlo un agente federal. Ojeda Ríos murió desangrado a causa de tales heridas.
El informe sugiere, por consecuente, que el FBI tuvo otras alternativas para conducir el arresto que, muy probablemente, “hubieran evitado al menos algunos de los desenlaces trágicos del evento”. Entre estos desenlaces, se suman a lo que el informe tipifica como la “muerte ilegal” de Ojeda Ríos, las múltiples violaciones a los derechos civiles de las cuales fueron objeto los residentes del área. También, el informe resaltó el patrón marcado de marginación y falta de información para con las agencias del gobierno del Estado Libre Asociado y la prensa.
El informe agrega que las acciones y omisiones del FBI, además de implicar violaciones a los derechos civiles, pueden tipificar potencial responsabilidad criminal, y recomienda que los Departamentos de Justicia de Puerto Rico y Estados Unidos reabran la investigación sobre los sucesos del 23 de septiembre de 2005.
Según el informe, “debe primar en dicha investigación la determinación sobre el grado de fuerza utilizado por el FBI para el arresto de Ojeda Ríos y la justificación para no brindarle atención médica con prontitud. En este sentido, es de particular importancia la determinación con mayor grado de precisión, de la hora en que Ojeda Ríos falleció y el tiempo transcurrido entre el fallecimiento y la irrupción de agentes federales en su residencia”.
Como parte de esta investigación, el informe subrayó la necesidad de peritos externos que investiguen:
1. Los cambios – aún inexplicados – en la lividez (patrones de asentamiento de la sangre) del cadáver que no figuraron en el Informe de Autopsia. Estos presentan interrogantes sobre la hora de muerte de Ojeda Ríos, la cual puede haber sido posterior a la informada por las agencias federales que controlaron la escena en todo momento.
2. La trayectoria del disparo fatal, de cara a la incongruencia entre los hallazgos y conclusiones de la Oficina del Inspector General (OIG) y el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
El informe de la CDC también critica la falta de cooperación del FBI y del Departamento de Justicia federal en la provisión de información y prueba documental; específicamente, cita la marcada falta de comparecencia de funcionarios y ex-funcionarios federales que fueron citados como testigos, la cual se debió a objeciones del Fiscal federal, y que dificultó la tarea de hacer determinaciones de hechos y, por ende, de esclarecer los sucesos.
Asimismo, el documento producido por la CDC critica el informe realizado por la Oficina del Inspector General (OIG) debido a su incongruencia con los hallazgos y su omisión de las violaciones a los derechos civiles y humanos cometidas por el FBI, y recomienda que se solicite otra investigación a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Federal y a la US Civil Rights Commission.
El Centro de Periodismo Investigativo, cumpliendo con su misión de fomentar el libre acceso a la información, publica íntegramente el “Informe Final sobre la Investigación de los sucesos ocurridos en el Municipio de Hormigueros el 23 de septiembre de 2005 donde resultó muerto el ciudadano Filiberto Ojeda Ríos” de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), presentado el pasado sábado 11 de febrero en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Lea el documento – Informe CDC Filiberto Ojeda Ríos
