No estaba en la agenda del día, pero ayer, martes, los representantes ciudadanos en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) lograron que se aprobara una resolución del cuerpo rector de la corporación pública que pone punto final al proyecto del gasoducto o “Vía Verde”.
Aunque el director ejecutivo de la AEE, José Colón, firmó una carta la semana pasada que enviaría al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para retirar las solicitudes de permisos para el proyecto, realmente es la Junta de Gobierno quien tiene la autoridad para desautorizar la continuación de cualquier proyecto del Programa de Mejoras Capitales al que pertenecía el gasoducto, explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) el representante ciudadano, Agustín Irizarry tras la reunión.
Los ocho juntistas que asistieron a la reunión: Irizarry, Juan Rosario, el presidente José Ortiz, Edgardo Fábregas, Eugenio Torres, Andrés Salas Soler, Roberto Walker y Rubén Hernández Gregorat, avalaron la propuesta. No asistió a la reunión el secretario de la Gobernación, Miguel Romero.
Ortiz no estuvo disponible para entrevista por encontrarse en una reunión.
El texto de la resolución ya redactada deberá circularse hoy, miércoles, para la firma de los miembros de la Junta y la asignación de número, pues al no formar parte de la agenda del día se dictó en el transcurso de la reunión que terminó pasadas las 4:00 de la tarde. La resolución fue aprobada por unanimidad de los presentes.
La resolución, aprobada verbalmente, establece que “el proyecto se retira y se dan instrucciones al director ejecutivo de terminar los asuntos pendientes (como) los servicios prestados, lo que haya que devolver… que no haya nada de gastos más allá de eso y ninguna gestión (futura) a favor del proyecto”, precisó Irizarry.
Sobre las expropiaciones de propiedades hechas en el trayecto del proyecto, Irizarry opinó que es un asunto de difícil manejo pues si las personas quisieran regresar a sus casas tendrían que devolver el dinero recibido por la propiedad y revertir el proceso. “Obligarlos a que reciban la tierra o la propiedad de nuevo es cuesta arriba. La Junta entiende ese lado humano y que hay que minimizar el impacto en los ciudadanos que han pasado suficientes malos ratos”.
Sobre los fondos gastados en contratos, y que la opinión pública ha reclamado que se devuelvan al erario, Irizarry opinó que eso “es difícil… A la persona se le llamó, se le dio un contrato para hacer un trabajo, lo hizo, se facturó y es muy difícil dar marcha atrás”.
En caso de cualquier propuesta de un gasoducto o un proyecto similar, el proceso comenzaría desde cero con presentaciones ante la Junta de Gobierno de la AEE, resoluciones de autorización, estudios de viabilidad, permisos y cualquier otro requisito, explicó.
