Poco se ha discutido sobre qué ocurrirá con la entrada de la empresa LUMA Energy a la administración del servicio esencial de la energía eléctrica. ¿Se publicarán los contratos que esta haga? ¿Las reuniones y minutas en las que participe LUMA, serán públicas? ¿Sabremos en qué y cómo se utiliza el dinero público? ¿A quién va a llamar la prensa en momentos de emergencia para que dé cuenta de la situación y cómo se está atendiendo?
Tenían razón los 436 consumidores que se habían querellado ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en contra de Sunnova Energy Corporation, una empresa de alquiler de paneles solares residenciales. El NEPR reconoció en un informe el entramado de problemas que enfrentan los querellantes: los equipos no rindieron el servicio ni los ahorros prometidos a los consumidores. Estos habían puesto su firma en una tablet para supuestamente hacer una verificación de crédito, pero la empresa usaba la firma para estamparla en un contrato que no les había enseñado. Los clientes se enteraban luego de que, para impugnar las facturas o buscar cualquier remedio, tenían que ir a un proceso de arbitraje (fuera de los tribunales y del NEPR), y pagar gastos de abogados. Así, terminaban amarrados por 25 años a un acuerdo de compra de energía que no habían visto antes de firmarlo y del que no había escapatoria.
En realidad, el sector público es el que domina los sistemas de distribución de energía alrededor del Planeta. Alrededor del 70% de los países y regiones estudiados por el BM en su informe tienen a organizaciones públicas como sus empresas de distribución de electricidad más importantes. El 30% restante corresponde a compañías privadas. Estas últimas suelen estar en economías con ingresos altos y medios.
La fiebre por el mercado energético tras el huracán María ha sido tan alta que tres empresas se han ofrecido por separado para comprar la totalidad la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Francisco Rullán, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE), confirmó la información al Centro de Periodismo Investigativo, pero no quiso revelar los nombres de las compañías, porque alega que aún están en negociaciones para dar servicios al gobierno. Aún así, Rullán aceptó que una cuarta corporación comunicó, antes del fenómeno atmosférico, que estaba interesada en adquirir la AEE: la tejana Sunnova. Esta empresa se encuentra inmersa en un forcejeo con la corporación pública, porque considera que la AEE le ha torpedeado sus negocios de alquiler de sistemas solares en las residencias de Puerto Rico. Sunnova está siendo cuestionada por clientes que alegan que no ha cumplido sus promesas de tarifas más bajas, y por que sus equipos renovables dejaron de funcionar tras el huracán, por carecer de baterías, según una investigación del CPI.
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) movió, esta vez a diciembre de 2016, la fecha en que espera completar los permisos para la construcción del Aguirre Offshore GasPort, terminal que transportaría gas natural licuado a la planta de la AEE en Salinas, en lo que podría ser otro estimado optimista por parte de la agencia. Este nuevo retraso se suma a la dificultad de no haber conseguido el financiamiento para el proyecto, para lo cual la corporación evalúa una nueva opción que se reflejaría en la tarifa de sus clientes. Mientras, el proyecto sigue tropezando en el proceso de permisos. Hace unos días, el 4 de mayo, la Junta de Planificación (JP) reconoció que cometió un error al aprobar la Consulta de Ubicación del Aguirre Offshore Gasport sin que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto fuera final y firme. El reconocimiento del error se dio como parte de una demanda, y ahora la JP solicita que se le devuelva el caso para adjudicar la consulta una vez concluya el trámite de la DIA.
La vista pública de hoy sobre el Plan Integrado de Recursos será la primera y única. El plan es un documento altamente técnico y extenso, aceptó Carbó, además de estar en solo en inglés y disponible por internet.
Un hallazgo del Centro de Periodismo Investigativo revela cómo se cambiaron tras bastidores las reglas del juego para la compañía AES en Puerto Rico. Además, funcionarios de las agencias de gobierno reaccionan al problema de las cenizas.
