Las organizaciones sin fines de lucro quedarían excluidas de la obligación de colegiarse para poder realizar eventos de recaudación de fondos si se aprueba en la Cámara de Representantes una enmienda a la Ley del Colegio de Espectáculos Públicos que ya fue aprobada en el Senado.
La medida, ya tuvo su primera lectura en la Cámara de Representantes y fue referida a la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes. Se espera sea aprobada en la presente sesión ordinaria anticipó el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo, Gabriel Rodríguez Aguiló.
El proyecto busca revertir los cambios impuestos por la Ley 205 de 2016, firmada por el exgobernador Alejandro García Padilla apenas tres días antes de salir de La Fortaleza para hacer obligatoria la colegiación para toda corporación privada, incluyendo a las sin fines de lucro, como requisito para realizar cualquier evento público o privado. Si el productor no está colegiado, pagará $10,000.00 de multa por todo espectáculo en el que se cobre o no la entrada, con o sin fines de lucro, sea en un lugar al aire libre o cerrado.
Gestores culturales y organizaciones, como los Centros Sor Isolina Ferré, Teatro Coribantes y el Proyecto Verde Luz anticiparon al Centro de Periodismo Investigativo en agosto pasado el efecto adverso de la nueva ley, que aumentaría el costo de sus operaciones, y cuestionaron la necesidad de pagar cuotas para realizar eventos culturales o de recaudación al Colegio de Productores, una organización privada que debería agrupar a quienes se dedican a la producción de espectáculos.
De acuerdo con el autor de la medida, el portavoz de la mayoría parlamentaria en el Senado, Carmelo Ríos, el P de la S 678 pretende atender los reclamos de las entidades sin fines de lucro que se han visto obligadas a colegiarse para poder realizar eventos o en su lugar, pagar para contratar a un productor con licencia que organice la actividad, menguando los fondos producto del evento de recaudación.
“El Colegio [de Productores] es cerrado. Son muy pocos porque los requisitos son onerosos. La práctica que se está dando es que las organizaciones sin fines lucro alquilan una licencia, contratando a un productor para poder llevar a cabo el evento de recaudación y al final del día las pocas ganancias que iban a tener son menos aún. No es costo efectivo”, dijo al Centro de Periodismo Investigativo.
Pero la dispensa solo sería para las organizaciones sin fines de lucro que no se dedican al espectáculo. Ríos indicó que las entidades que se dedican a realizar teatro, musicales y los gestores culturales tendrán que colegiarse “porque esa es su profesión”.
Para el presidente de la Comisión Senatorial para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias, José Vargas Vidot, aunque es un buen proyecto, la medida de Ríos se queda corta ya que debería incluir a los gestores culturales que también enfrentan una carga onerosa, al equipararse su gestión con los grandes productores de espectáculos.
El senador independiente dijo que tras la investigación del Centro de Periodismo Investigativo, su oficina legislativa convocó a la Alianza de OSFL para la Cultura Puertorriqueña y Artistas Independientes para producir los lineamientos de los cambios que debían incluirse en el estatuto vigente, pero no hubo resultados porque el grupo insistió en la derogación total de la ley.
“La visión mía era eximir a las sin fines de lucro y también a los que se dedican a la cultura, que mueven una economía alrededor del espectáculo; pero que no son grandes productores. Estoy bien pendiente a este proyecto porque entiendo hay que proteger a una gran cantidad de personas que están haciendo teatro, música, espectáculos en las calles o en pequeños clubes que muchas veces tienen que sufrir la carga gravosa que se le impone a un productor típico de grandes ganancias”, planteó Vargas Vidot.
La Alianza de OSFL para la Cultura Puertorriqueña y Artistas Independientes, tampoco se mostró satisfecha con los cambios que propone Ríos por contener un lenguaje ambiguo que no resuelve el calvario burocrático de los gestores culturales.
“Los gestores culturales somos el grupo más discriminado porque [la ley] le cierra la puerta a la posibilidad de hacer un negocio que no es necesariamente para lucrarse. No pueden privatizar una profesión. Yo soy dramaturgo y monto todo el espectáculo”, dijo José Luis Figueroa, portavoz del grupo.
COPEP ahora apoya exclusión de las organizaciones sin fines de lucro
El Colegio de Productores de Espectáculos de Puerto Rico (COPEP) endosó la medida de Ríos. Según se desprende de un memorial explicativo dirigido a la Comisión de Turismo y Cultura del Senado que evaluó el proyecto, el director ejecutivo del Colegio, Juan Carlos Zapata, reiteró que el COPEP solicitó que no se incluyera como requisito la colegiación para las organizaciones sin fines de lucro.
El Centro de Periodismo Investigativo encontró que el pasado año, el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (COPEP) invitaba a través de su página web y en las redes sociales a todas las OSFL a colegiarse para “cumplir con la ley”. Oficialmente, el Colegio “ofrece orientación” a las OSFL diciéndoles que tienen que colegiarse, aunque no sean entidades dedicadas a la producción de eventos, pudo constatar el CPI en documentos enviados a organizaciones.
En entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo, el director ejecutivo del Colegio, Juan Carlos Zapata, favoreció la inclusión de todas las entidades sin fines de lucro ya que entendía que de propendería a mejorar la producción de sus eventos de la mano de la entidad que dirige. Para Zapata, la ley le aplica a todas las OSFL, aunque no se dediquen a realizar espectáculos públicos.
“Aunque esa organización pueda hacer un evento una vez al año, nosotros lo vemos como una oportunidad para que el Colegio pueda servirle de apoyo en la realización de ese evento, como puede ser el pago de la cuota a través de la fundación y que puedan tener más de un evento”, dijo en aquel momento el director ejecutivo de COPEP.
En una comunicación mediante correo electrónico revisada por el Centro de Periodismo Investigativo, Zapata explica a una entidad sin fines de lucro que para realizar un evento de recaudación vendrá obligada a colegiarse y tomar los seis créditos de educación continua, aunque no se dedique a hacer espectáculos.
Los cambios a la Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico que entraban en vigor en julio, con la aprobación de un reglamento, se aplazaron por tres meses a petición del Departamento de Hacienda. El gobernador Ricardo Rosselló firmó la medida el 6 de agosto otorgando el plazo adicional de tres meses tiempo.
Desde el 19 de marzo el CPI realizó gestiones para conocer si el Departamento de Hacienda aprobó el reglamento. A pesar del seguimiento, la agencia nunca respondió.