Entre las 20 empresas que más dinero han recibido en contrataciones del Gobierno federal por los trabajos de recuperación después del huracán María en Puerto Rico hay firmas con personal sin la pericia para hacer las labores contratadas, empresas implicadas en la crisis fiscal del país y otras con señalamientos formales por ineficiencias e incumplimiento de contratos.
Algunas de estas compañías están vinculadas entre sí porque pertenecen al mismo dueño o porque establecieron empresas conjuntas (joint ventures) o consorcios para proyectos a realizarse después de María.
De un total de 944 empresas, hay 18 con sede en Estados Unidos y dos en Puerto Rico que configuran la lista de las 20 que más dinero han obtenido en contratos federales, según la información oficial del documento “Hurricane Maria Contracts” en la página del Federal Procurement Data System (FPDS). Las agencias federales que encabezan como contratistas son el Departamento del Ejército de los Estados Unidos, a través del Cuerpo de Ingenieros y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
Al tope de la lista están Fluor Enterprises Inc., The Louis Berger Group, Inc., Powersecure Inc., Weston Solutions Inc., Dyncorp International LLC, Xperts Inc., Disaster Solutions Alliance LLC, Ceres Environmental Services Inc., AllTech Inc. y Vanguard Emergency Management Housing Inspection Services.
La página de FPDS solo provee información de las contrataciones realizadas por agencias federales para los trabajos de emergencia y recuperación, por lo cual no incluye contratos hechos por el gobierno de Puerto Rico.
En la lista de las 20 empresas que más han cobrado, tres tienen vínculos administrativos o han formado consorcios para trabajos en Puerto Rico con AECOM, con sede en California, descubrió el CPI. Conocida antes como AECOM Technology Corporation, esta corporación multinacional se especializa en servicios de ingeniería, que incluyen la planificación de ciudades, construcción de puentes y edificios, servicios de defensa y proyectos de infraestructura.
Entre las compañías vinculadas a AECOM sobresale Disaster Solutions Alliance, con sede en Germantown, Maryland. Ocupa el séptimo lugar en la lista y hasta junio 2019 tenía un total obligado de unos $180 millones para la distribución de comida a las víctimas del huracán en Puerto Rico.
La empresa NISTAC E también aparece con sede en Germantown y con número de oficina igual al de Disaster Solutions Alliance. En esa dirección aparece también la sucursal de AECOM en Germantown, Maryland, a 40 minutos de Washington DC.
NISTAC E ocupa el decimoséptimo lugar con $73 millones. Se especializa en servicios de ingeniería y apoyo de infraestructura. Al igual que Disaster Solutions Alliance, NISTAC E es una compañía contratada por FEMA para la recuperación luego de grandes eventos atmosféricos.
Tanto NISTAC E como Disaster Solutions Alliance aparecen mencionadas en páginas web donde el número telefónico que figura para ambas es el mismo.
En una llamada a ese teléfono, el CPI preguntó si estaba comunicándose con la oficina de AECOM en Germantown, Maryland. La respuesta fue afirmativa. Acto seguido, se le preguntó sobre el vínculo entre NISTAC E, Disaster Solutions Alliance y AECOM. La empleada de AECOM dijo que no podía proveer esa información.
En una llamada posterior, el CPI solicitó hablar con un oficial de comunicaciones o relaciones públicas de AECOM. Michael Chee, quien funge como administrador senior de medios y relaciones con la comunidad para la oficina principal de la corporación, ubicada en California, habló con el CPI.
“Algunas de las compañías que tú estás investigando es lo que llamamos empresas conjuntas”, dijo Chee, luego de preguntársele sobre la relación de NISTAC E y Disaster Solutions Alliance con AECOM.
“Hemos terminado la mayoría de las tareas”, alegó en referencia a los trabajos por los cuales AECOM y sus subsidiarias fueron contratados en Puerto Rico.
Chee dijo desconocer sobre las dos compañías de Germantown.
Tras preguntársele la razón por la cual ambas empresas aparecían ubicadas en la misma oficina dentro del edificio de AECOM en Germantown, Chee respondió que cuando se forman empresas conjuntas (joint ventures) para proyectos específicos, FEMA tiene la práctica de enviar toda la correspondencia a la oficina de una de las partes de la empresa conjunta para evitar duplicidad en la distribución de la información. Sin embargo, el CPI cotejó que la dirección de Germantown de las empresas NISTAC E y Disaster Solutions aparece en todo tipo de documentos y referencias, más allá de FEMA.
Una tercera compañía vinculada a AECOM aparece en la lista. Se trata de AECOM Recovery, con sede en Arlington, Virginia, también a minutos de Washington D.C. Entre las primeras 20 empresas, AECOM Recovery ubica en la decimocuarta posición con $83 millones. Si se suman los contratos otorgados a NISTAC E y a Disaster Solutions Alliance, también vinculadas a AECOM, esta empresa y sus subsidiarias terminan en el cuarto lugar con $337 millones en contratos otorgados.
AECOM Technology Corporation se convirtió en 2015 en AECOM, la cual había adquirido a URS Corp y todas las subsidiarias de esta empresa, incluyendo URS Group, con sede en San Antonio Texas en 2014. Esta última también está contratada para trabajos en Puerto Rico, aunque no figura entre las primeras 20.
URS Corp es la empresa que auditó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el 2013, y al mismo tiempo que participó de la emisión de bonos de esa corporación pública.
Adicional a los contratos federales otorgados a AECOM y sus subsidiarias, el gobierno de Puerto Rico contrató a la afiliada local de esa empresa, AECOM Caribe, con sede en San Juan, en seis ocasiones a partir de enero 2018. La Autoridad de Puertos, la Junta de Planificación y la Autoridad de Carreteras y Transportación habían contratado esa empresa por $1 millón entre enero y diciembre de 2018 para servicios de ingeniería y geología, consultoría administrativa e infraestructura, de acuerdo al Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.
Aunque tampoco se incluye en la lista de FDPS, el Departamento de Vivienda (DV) de Puerto Rico otorgó en julio 2019 un contrato por $22 millones a la subsidiaria AECOM Technical Services por un período de tres años. Los fondos provienen del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación (CDBG-DR) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). AECOM Technical Services trabajará en 17 municipios de las regiones sureste y sur de Puerto Rico. La empresa fue una de las cuatro firmas contratadas como Gerente del Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación (R3) del DV.
Uno de los cabilderos de AECOM Caribe es Elías Sánchez, pasado representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal que es investigado a nivel federal por supuesta venta de influencias y participó de forma protagónica en un esquema de corrupción que provocó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. AECOM ha dicho que Sánchez es solo un consultor de su empresa, pero varias fuentes del CPI indican que es su cabildero, y así lo confirmó al CPI el secretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat. En el contrato de $22 millones recién otorgado a AECOM Technical Services se incluye la misma dirección de AECOM Caribe en San Juan como referencia.
Se le preguntó a Gil Enseñat si Elías Sánchez tuvo alguna comunicación con el DV en relación a la otorgación del contrato a AECOM Technical Services. El titular de la agencia comentó que “no hubo comunicación con él u otro contratista”.
“Estas compañías fueron seleccionadas luego de determinarse que poseían la pericia técnica necesaria y luego de determinar que los costos propuestos para los servicios eran unos razonables considerando los términos y condiciones del RFP (Solicitud de Propuesta)”, dijo Gil Enseñat en declaraciones escritas al CPI.
En una comunicación posterior con Michael Chee de AECOM, este expresó no hubo cabildero o representante de AECOM Technical Services para la contratación de la empresa como Gerente del Programa R3. Sin embargo, admitió que WP Group estuvo contratada como representante de AECOM. Elías Sánchez fue parte de esa firma por ocho años hasta su salida reciente el 16 de julio de 2019, dos días después de que el CPI publicara Las 889 páginas de Telegram entre Rosselló Nevares y sus allegados. AECOM terminó su contrato con WP Group el 22 de julio de este año, dos días después de la salida de Sánchez, según informó Chee.
Aunque las contrataciones de AECOM realizadas por el gobierno de Puerto Rico no aparecen en el documento de FPDS, ni alteran las cifras u orden de las primeras 20 empresas, este dato apunta al rol protagónico de esta corporación en los trabajos de recuperación. Si se sumaran todos los contratos de AECOM y sus subsidiarias para trabajos de recuperación otorgados por el gobierno federal y el de Puerto Rico, la cifra rondaría los $360 millones.
El CPI se comunicó con Sánchez por correo electrónico para aclarar su vínculo actual con AECOM Caribe y con AECOM Technical Services, y si la investigación federal incluye su vínculo con esta empresa, pero no recibió respuesta del abogado.
La compañía Disaster Solutions Alliance fue fundada en el 2006 como parte de un consorcio entre URS (ahora de AECOM) y Atkins. En el 2012, Atkins la contrató para proveer residencias temporeras a las familias afectadas en Nueva York tras el paso del huracán Sandy.
Atkins es la compañía matriz de Atkins Caribe LLP, con sede en San Juan. En octubre de 2010, Atkins adquirió la empresa PBSJ Corporation, incluyendo su afiliada en San Juan, PBS&J Caribe, creando a Atkins Caribe.
En enero 2019, la Junta de Planificación (JP) anunció la actualización de los planes de mitigación de los 78 municipios de Puerto Rico. Le otorgó un contrato de $1.7 millones a Atkins Caribe para dirigir el proceso.
Varias de estas empresas tienen vínculos de años con agencias federales, incluyendo FEMA y el Departamento del Ejército. La relación precede las contrataciones asociadas al huracán María. Algunas siguen beneficiándose de contratos cuantiosos a pesar de cuestionamientos sobre cómo manejaron crisis pasadas.
Otra de las empresas en la lista es AllTech, con sede en Herndon, Virginia, que ocupa el noveno lugar. Hasta junio de 2019, ha obtenido $120 millones en contratos otorgados por FEMA. La relación FEMA y AllTech precede la década actual. En el 2004, la empresa fue contratada para manejar el reclutamiento de inspectores de hogares en Florida, luego de los huracanes que impactaron ese estado ese año.
Las personas contratadas por AllTech en Florida no recibieron el entrenamiento adecuado para manejar las inspecciones y reclamaciones de las familias, según informó el periódico Sun Sentinel.
La denuncia es similar a las hechas por muchos puertorriqueños aquí a quienes se les denegó la ayuda individual de FEMA.
FEMA aseguró que los inspectores son evaluados de forma rigurosa previo a su selección.
“En el caso de las inspecciones, FEMA se basa en varias fuentes para determinar la elegibilidad de quien solicita la asistencia financiera y uno de los métodos es enviando un inspector a la residencia afectada del solicitante”, explicó al CPI Abigail Dennis, portavoz de FEMA en Estados Unidos.
“En el caso de los inspectores de hogares, FEMA le requiere a los contratistas seleccionados una verificación de antecedentes, entrenamiento y equipo para sus inspectores. De manera rutinaria, FEMA realiza controles de calidad en el entrenamiento de sus inspectores y en la documentación de daños”, añadió Dennis.
Al igual que AECOM con sus afiliadas y subsidiarias, AllTech representa otro caso de concentración de capital. La compañía ahora forma parte de la empresa WSP, una corporación con presencia global que, además, adquirió The Louis Berger Group, compañía que aparece en la segunda posición entre las que más dinero han recibido en contratos federales tras María. Hasta junio de 2019, The Louis Berger Group había recibido casi $543 millones. Esa cantidad se suma a los más de $120 millones recibidos por AllTech, que ahora también forma parte de la marca WSP.
Los señalamientos hacia FEMA por adjudicar contratos a compañías sin las credenciales para trabajar situaciones después de desastres resurgieron luego de otorgar tres acuerdos por $70 millones a Tribute Contracting para la entrega de alimentos en Puerto Rico. La empresa, con sede en Georgia, nunca había trabajado en un escenario como el que se le delegó aquí. En lugar de entregar las 30 millones de bolsas de alimentos por las que se le contrató, apenas distribuyó 50,000. El incumplimiento obligó al gobierno federal a retirar el contrato, pero Tribute Contracting aparece en la lista en la decimoctava posición por el dinero que se le desembolsó luego de una disputa legal.
Otra empresa contratada por FEMA para trabajos en Puerto Rico, y que fue investigada en el 2018 por el gobierno federal, es Macro Companies, con sede en Luisiana, la cual ocupa el decimotercer puesto entre las empresas con más dinero federal recibido. Tras ser investigada por el Departamento de Trabajo federal, Macro Companies fue obligada a devolver $1.1 millones a sus trabajadores al probarse que violó los acuerdos sobre el pago de horas extras.
El CPI le preguntó a FEMA sobre sus criterios para contratar empresas, aún cuando estas han sido investigadas y señaladas por trabajos pasados.
Dennis, indicó que muchos de estos contratos son adjudicados mucho antes que se soliciten los servicios relacionados a un desastre en específico.
“Con relación al contrato de Tribute [Contracting], su contrato fue cancelado. En muchos casos, FEMA usa contratos preposicionados, los cuales se adjudican meses o años antes de utilizarse”, dijo Dennis.
También se le preguntó a Dennis por qué estas empresas señaladas y sin el peritaje para manejar situaciones de emergencia cualifican para esos contratos preposicionados.
Indicó que el criterio principal es que estas tengan buena reputación (good standing) con la oficina de Federal Acquisition Regulation (FAR).
Sin embargo, no pudo precisar si FEMA investiga la trayectoria de las empresas que contrata, más allá de cotejar si tienen good standing con el gobierno federal.
“FEMA sigue el mismo proceso legal de las contrataciones federales”, explicó Dennis.
En la decimosecta posición aparece Carnival Corporation, quien recibió $74.7 millones de FEMA para la renta del crucero Fascination que alojaría 2,056 trabajadores destacados en Puerto Rico para tareas en la recuperación posterior al huracán María. Sin embargo, solo unas 800 personas por noche se alojaban en el crucero. Los representantes de Carnival dijeron que ellos cumplieron con su parte de proveer la embarcación.
FEMA alegó al CPI que en realidad “hubo entre 1,400-1,800 trabajadores de respuesta alojados” en el crucero pero cuando el CPI le solicitó evidencia, Dennis indicó que esta información tendría que solicitarse por medio de la ley federal de Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas en inglés).
“Por medio de herramientas como sam.gov, se determina antes de la adjudicación que los contratistas son responsables; esto en cumplimiento con la Regulación Federal de Adquisiciones. Nuestro enfoque es siempre proveer el apoyo máximo a los sobrevivientes. Al mismo tiempo, estamos conscientes de nuestra responsabilidad como custodios del dinero de los contribuyentes”, puntualizó Dennis.
Rafael R. Díaz Torres es miembro de Report for America
Brenda León y Cristina Del Mar Quiles colaboraron con esta historia.
Se especializa en temas de deporte, medios y sociedad. Ha trabajado como periodista en The Puerto Rico Daily Sun y NotiCel. También ha colaborado con los periódicos Diálogo y 80grados. Es profesor de Geografía en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posee maestrías en Geografía y Estudios Mediáticos de la Universidad de Penn State. Actualmente trabaja para el CPI como parte del programa Report for America.