Las áreas recreativas son espacios comunitarios de reunión, y la participación ciudadana en los procesos de recuperación cuando estos faltan se torna más difícil. En ocasiones, su utilidad trasciende la actividad deportiva y se transforman en lugares de acogida en casos de emergencia, como ocurre desde hace varias semanas en algunos estadios municipales del sur que fungen como refugio para los damnificados del terremoto del pasado 7 de enero.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) constató que el estado de destrucción y abandono de canchas y parques en Puerto Rico, que persiste a casi dos años y medio del huracán María, impide la actividad recreativa, al punto de que continúa afectando económicamente al sector deportivo y ha obligado a comunidades, federaciones y algunos municipios a hacer malabares para sustituir o rescatar a su riesgo estos espacios de encuentro social y atlético. La gente sigue sin poder utilizar muchas de estas instalaciones públicas debido a que el desembolso de la mayor parte de los fondos de recuperación para repararlas no ha ocurrido.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) provee, bajo el renglón de obra permanente de la asistencia pública, fondos para estos fines en la categoría de “Parques, instalaciones recreativas y otros”.
Hasta enero, un total de 33 municipios y ocho agencias tienen $36,035,293 en fondos obligados para 80 proyectos que aparecen bajo la categoría denominada G (definida como Parks and Recreation) según los datos publicados por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3). De estos municipios, solo 16 han recibido algún desembolsos por los trabajos realizados: Arroyo, Barranquitas, Camuy, Cataño, Corozal, Guayanilla, Hatillo, Hormigueros, Jayuya, Orocovis, Sabana Grande, San Germán, Toa Alta, Toa Baja, Vega Baja y Vieques. Los proyectos incluyen pistas, canchas, parques de béisbol, parques pasivos y centros comunitarios.
Para enero, FEMA había desembolsado un total de $1,439,643 en la categoría G que incluye “parques, áreas recreacionales y otra facilidades”, lo que representa un 4% del total obligado en ese renglón.
El alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo Ruiz, explicó que el estadio municipal de béisbol no se ha utilizado desde el azote del ciclón que, en septiembre 2017, entró por las costas del municipio que administra.
Aunque son una de las franquicias emblemáticas de este circuito deportivo puertorriqueño, Los Azucareros de Yabucoa no han jugado en su Estadio Félix “Nacho” Millán en las pasadas dos temporadas del béisbol Doble A. Sus partidos locales en el 2018 y 2019 se celebraron en el estadio municipal de sus archirivales regionales, Los Artesanos de Las Piedras.
“El estadio para nosotros representa una prioridad en términos de proveer a Yabucoa sus facilidades recreativas. Si el estadio está en condiciones en que hay que demolerlo, ¿por qué FEMA está evaluando las luces y la pintura?”, cuestionó Surillo Ruiz.
Como parte de los protocolos de mitigación de FEMA, la pintura de las estructuras para las que se solicitan fondos se evalúa para saber si contiene plomo. Para que el estadio de Los Azucareros sea elegible para demolición según las reglas de FEMA, como aspira Surillo, el daño calculado debe costar 50% o más de valor de la propiedad.
Según el mandatario yabucoeño, el municipio tiene las manos atadas con ese y otros proyectos por los cuales todavía aguardan por la obligación de fondos de FEMA. Teme invertir dinero de las arcas municipales que después no sea desembolsado por la agencia federal.
“Necesitas esos espacios donde la comunidad se reúna para deportes y esparcimiento. Es importante cerrar un capítulo y que los niños tengan facilidades óptimas para el deporte y la sana convivencia”, comentó la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, en entrevista con el CPI.
En el municipio de Loíza, un total de 18 instalaciones recreativas quedan pendientes para arreglar, dijo la alcaldesa. Algunos lugares han podido repararse o reconstruirse gracias a los donativos de fundaciones y artistas como Marc Anthony y Bad Bunny. Sin embargo, el municipio confronta problemas con el Estadio Miguel Fuentes, sede de Los Cocoteros de Loíza en el béisbol Doble A. Si bien la administración municipal acondicionó esa instalación y aportó para la reparación de la pizarra electrónica, todavía falta reparar el techo y el área de las gradas.
“Llegó el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y nos dijeron que FEMA estaba a punto de desembolsar $1.7 millones para el estadio”, explicó Nazario Fuentes sobre una reunión en la cual el sub-secretario del DRD, Juan Figueroa, le comunicó sobre el alegado desembolso de los fondos de recuperación. Sin embargo, la alcaldesa dijo desconocer cuándo llegará ese dinero y detuvo los trabajos de reparación del estadio con fondos municipales. En comunicación posterior, el DRD confirmó la reunión de Figueroa con Nazario, pero dijo desconocer la fecha de desembolso del dinero prometido a Loíza, aduciendo que esa gestión depende de FEMA.
“FEMA va lento, lento, lento como suero de brea”, dijo la ejecutiva loizeña.
En contraste con la incertidumbre de Surillo Ruiz y de Nazario Fuentes, su homólogo de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, confía en que FEMA obligue los fondos de recuperación correspondientes a los todos proyectos incluídos en el plan de mitigación municipal. Esto incluye aquellos proyectos relacionados al renglón de parques e instalaciones recreativas y deportivas. Bayamón fue el primer municipio al cual que FEMA le aprobó su plan de mitigación.
En este caso, el gobierno municipal hizo 217 informes de daños, que se agrupan en 99 proyectos, incluyendo instalaciones que caen bajo la categoría G de asistencia pública, según COR3.
“Todos los proyectos que estén ya dentro del sistema, es muy difícil que no reciban el dinero. El proceso es lento y entonces todos los municipios vamos a reparar facilidades a esa velocidad. Entendemos que todos los proyectos nuestros lo van a aprobar”, afirmó Rivera Cruz al CPI.
A pesar de no haber recibido el desembolso de fondos de recuperación para la reparación o reconstrucción de parques e instalaciones recreativas, Bayamón destinó fondos municipales y comenzó a trabajar en la rehabilitación de algunos edificios, pistas y terrenos para uso deportivo. Algunos de estos proyectos son el Coliseo Rubén Rodríguez, el Estadio Juan Ramón Loubriel, el Bayamón Soccer Complex, el Complejo de Voleibol Vaqueros y las instalaciones deportivas comunitarias en el sector Valencia.
Para el año fiscal en que ocurrió el huracán María (2017-2018), el presupuesto anual de Yabucoa fue de $13,672,733, el de Loíza fue de $8,816,109, mientras que el de Bayamón fue de $119,000,223. El centro del poderoso ciclón entró, precisamente, por las costas de Yabucoa.
Al preguntársele a FEMA sobre las posibilidades de que los municipios reciban un reembolso por aquellos proyectos recreativos en los cuales ya comenzaron trabajos de reparación, Juan Andrés Muñoz Torres, director de Asuntos Externos de la agencia en Puerto Rico, indicó que “reembolsará a los solicitantes por todos los trabajos elegibles que hayan realizado en instalaciones elegibles. El solicitante es responsable de proporcionar la documentación necesaria que apoye su reclamación”.
Uno de los requisitos de FEMA para quienes solicitan estos fondos de recuperación es que los seguros paguen por el 50% del costo de la reparación. En caso de que los seguros no cubran ese 50%, le corresponderá a los solicitantes Gobierno o municipios, costear lo que el seguro no cubra. No obstante, puede haber casos en los cuales FEMA, de ser elegible el proyecto, podría determinar que se puede financiar completo.
A juicio de Surillo Ruiz, el tiempo que está tomando la evaluación de proyectos grandes por parte de FEMA, sumado a la negativa de algunas compañías aseguradoras de honrar las reclamaciones de los municipios, crea un ambiente de incertidumbre en torno a los trabajos en las instalaciones recreativas y deportivas. Esto a pesar de que asegura que desde agosto 2018 sometió todos los documentos que FEMA solicitó para los proyectos del municipio.
“Todavía FEMA se encuentra en la evaluación de daños a proyectos grandes. Van a pasar no menos de cinco años”, comentó Surillo Ruiz, quien además explicó que, aunque la demolición y reconstrucción del estadio municipal de béisbol costará entre $8 y $10 millones, el seguro solo aportará $2 millones. Esa cifra no cumple con la regla del 50% que FEMA requiere, por lo que el municipio tendrá que conseguir los $2 a $4 millones que faltan.
El caso del estadio de Yabucoa ilustra el de muchas otra instalaciones deportivas en muchos otros municipios a los cuales las compañías de seguro no les han respondido adecuadamente.
Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció en diciembre pasado la creación – con un fondo de $100 millones – de la Cuenta de fondos estatales para la recuperación (SRF en inglés) para financiar proyectos “pequeños” de la categoría G de FEMA. Se consideran proyectos pequeños aquellos que tienen un costo estimado de hasta $123,100.
“Esto envuelve cerca de 120 canchas de baloncesto, 30 parques de pelota, 50 parques pasivos, 21 plazas de recreo, 28 facilidades recreativas, sobre 25 complejos deportivos, que van a poder estos municipios comenzar sus proyectos con esta nueva cuenta que se ha creado a esos efectos”, mencionó Vázquez Garced en conferencia de prensa.
Sólo son elegibles aquellos proyectos que estén ya en la fase de estimado de costos. De los $100 millones de la cuenta, aproximadamente $55 millones ya se comprometieron para los primeros 1,316 proyectos, de los cuales 365 corresponden a la categoría G. Trabajos como los que se necesitan en los estadios de béisbol Doble A de Yabucoa y Loíza no son elegibles para estos fondos debido a que sobrepasan la cantidad de $123,100, que es el límite para proyectos pequeños.
Además de los municipios, agencias del Gobierno central han solicitado fondos de recuperación para la categoría G. Entre estas el Departamento de Recreación y Deportes.
“Yo siempre he dicho que el huracán afectó todas las instalaciones, porque así sea una verja de cyclone fence que se cayó, pues es una verja de cyclone fence que yo tengo que arreglar. La mayoría de los parques, sino todos, tienen una verja de protección que se cayó”, expresó Adriana Sánchez Parés, secretaria del DRD en entrevista con el CPI.
De las aproximadamente 400 instalaciones del DRD, 191 están en el grupo inicial para reparación de la agencia, según Sánchez Parés. De estos, solo cinco proyectos cuentan con fondos obligados por FEMA, de acuerdo con los datos publicados por COR3. Estos proyectos son el Mayagüez Terrace Soccer Complex, Jardines de Santa Isabel, Hato Arriba en San Sebastián, Urbanización Los Álamos en San Sebastián y el Parque Urbano de Guánica. Solo el proyecto de Guánica ha recibido el desembolso de fondos de recuperación.
Al igual que los municipios y otras agencias del Gobierno, el DRD recurrió a dinero del fondo general para hacer reparaciones. La Autoridad de Energía Eléctrica ha manejado la reparación de focos de luz en parques y complejos comunitarios, informó Sánchez Parés al CPI. Asimismo, entidades privadas, como la fundación del baloncelista José Juan Barea, donaron recursos para la reparación de canchas. Esta ayuda permitió adelantar algunos trabajos de reparación mientras FEMA evalúa la solicitud del DRD de los fondos de recuperación. En algunos casos, ciertos proyectos recreativos para los cuales se solicitan los fondos de recuperación ameritan que FEMA los clasifique como “A & E” (ingeniería y diseño arquitectónico) debido a su complejidad y especialización en el diseño. Esos proyectos pueden tardar más tiempo, según la Secretaria del DRD. Aquellos proyectos que se clasifican como “A & E” pasan por una inspección que busca garantizar que la reparación o reconstrucción resultará en una estructura mejor que la original.
“La relación con FEMA, como casi todas, con el pasar del tiempo ha ido mejorando porque nos vamos entendiendo mejor. Ese proceso, fue complicado, en lo que íbamos estableciendo la relación entre todas las partes, porque no es solamente FEMA y nosotros. Es COR3 también. Son todos los procesos que se requieren para asegurarnos que se está reclamando lo del huracán, que se está reclamando lo que se necesita y que se va a utilizar para esos propósitos”, precisó Sánchez Parés.
Además de los retos que enfrenta el DRD para reparar aquellas instalaciones bajo su jurisdicción, una ley aprobada en el 2018 alteró el manejo del Programa de Parques Nacionales de Puerto Rico, pasando su administración al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Antes los administraba el DRD.
Este cambio de jurisdicción del Programa de Parques Nacionales de una agencia a otra fue criticado por la Federación Central de Trabajadores (FCT), quien alegó que el DRNA no fue eficiente en darle prioridad a la rehabilitación y reparación de instalaciones recreativas que ahora tiene bajo su custodia.
“Ha sido lo peor que nos ha ocurrido a los trabajadores en los últimos años”, argumentó el presidente de la FCT, Juan Cortés Valle, en referencia al traspaso del programa del DRD al DRNA.
De acuerdo con Cortés Valle, la exsecretaria del DRNA, Tania Vázquez, ignoró las solicitudes hechas por los trabajadores de habilitar espacios recreativos, incluyendo balnearios, paradores y el Parque de las Cavernas del Río Camuy.
“Ella (Vázquez) no tuvo ninguna iniciativa en que el programa de parques saliera a flote después de huracán María. Lo que quieren es que el programa eventualmente se caiga”, alegó Cortés Valle, quien sugirió que la dejadez del Gobierno responde a una agenda para privatizar algunas de esas instalaciones recreativas.
Vázquez renunció a la dirección del DRNA y la Junta de Calidad Ambiental en octubre, en medio de señalamientos por irregularidades en las contrataciones en ambas agencias.
“Realmente el campo que ocupa el Programa de Parques Nacionales es tan especializado y tan diferente que nunca va a haber una agencia que tú puedas decir ‘esta es la única y más adecuada para manejar y administrar los parques nacionales’ ”, dijo Sánchez Parés, luego de preguntársele si la transferencia de los parques nacionales al DRNA fue una decisión acertada. “Si bien es cierto que los balnearios, el fin es uno recreativo y podría uno decir que el Departamento de Recreación y Deportes es el más indicado, hay un aspecto del mantenimiento de limpieza de playas, de manejo de los recursos naturales, de permisología, que debe tener el Departamento de Recursos Naturales, pues ahí entonces uno diría, entonces el adecuado es Recursos Naturales. También tiene un aspecto de centros vacacionales, que es un área más turística de paradores u hoteles, así que ahí dirías que entonces (la Compañía de) Turismo es el que debe”, mencionó.
La lentitud en la evaluación y el desembolso de fondos de recuperación para proyectos de instalaciones recreativas públicas ha llevado a las comunidades y grupos privados a tomar la iniciativa y organizarse para promover el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, aun cuando no siempre cuentan con los recursos y en ocasiones su gestión es obstaculizada.
En el municipio de Salinas, líderes comunitarios y recreativos lamentan que el atraso en la recuperación limite las oportunidades de ocio para los jóvenes. Ponen como ejemplo la cancha y parque de béisbol contiguos a la Escuela Intermedia El Coquí en la carretera PR-3. Plantean que, si el Gobierno remueve lo que quedó de techo después del huracán, que es la parte peligrosa de ese complejo deportivo, según constató el CPI en una visita, los vecinos se encargarían de sacar las ramas y escombros de la cancha de baloncesto y del terreno del parque de béisbol para poder utilizar las instalaciones.
“La misma comunidad limpia. La necesidad está”, dijo el entrenador deportivo salinense, Joseph Danner.
“Ahora mismo no se puede hacer deportes en ese parque que mayormente se utilizaba para pequeñas ligas y jugar softbol. Este año no pudimos jugar porque el parque está en desuso, está clausurado. La cancha de El Coquí está clausurada por FEMA y no se puede utilizar. Hay que demoler la cancha”, explicó, por su parte, el integrante de la Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos (IDEBAJO), Josué Clausell.
Los reclamos que personas como Danner y Clausell tienen ante las autoridades gubernamentales van de la mano con estrategias de autogestión comunitaria recreativas y deportivas, conscientes de que no pueden depender de la llegada de los fondos de recuperación para sus proyectos.
Desde el primero de mayo de 2018, Danner lidera un proyecto de voleibol de mujeres para niñas y adolescentes. Actualmente dirige una academia con 10 equipos que juegan en las instalaciones de la urbanización Las Margaritas. El líder recreativo destaca que el valor de su proyecto es proveer oportunidades para los adolescentes, en particular, para las jóvenes.
“El ambiente femenino ha sido menospreciado. Lo que se está haciendo aquí (en Salinas) en las facilidades deportivas es para adultos. Se están recuperando las facilidades deportivas, pero las que usan los adultos”, indicó Danner.
Sus gestiones no se han librado de las exigencias de FEMA para el uso de la cancha en Las Margaritas.
“Allí en la urbanización tuvo que ir un ingeniero y certificar porque FEMA no nos quería allí, porque el techo se dobló. La Alcaldesa (Karilyn Bonilla Colón) nos dijo que el caso está en que FEMA no quiere reparar; quiere que lo saquen y lo pongan nuevo”, comentó Danner, quien además explicó que la agencia federal dio instrucciones de que pueden usar la cancha, pero esta debe ser observada “a diario”, por si surgen desperfectos que atenten contra la seguridad de las jugadoras y el público.
El deporte comunitario no es el único que se perjudica por los estragos de María. Ligas de adultos, incluyendo circuitos profesionales, han tenido que ingeniárselas para mantener el deporte como una actividad viable.
Un ejemplo es el béisbol. Durante la temporada 2019-2020, el equipo de Los Criollos de Caguas en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente celebró sus partidos locales en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. En las pasadas dos temporadas usaron el estadio municipal de Gurabo, ante la condición precaria del Estadio Solá Morales de Caguas. Actualmente el Municipio de Caguas trabaja en la reparación de esa instalación que tiene fallas en el terreno de juego, el techo de las gradas, los baños, entre otras secciones del estadio. La administración municipal a aspira a tenerlo listo en octubre 2020, de cara a la próxima temporada de la liga. Los trabajos se hacen con un presupuesto de $5 millones de fondos municipales, según informó el Municipio al CPI.
En el caso de la Liga de Béisbol Doble A, además de la situación de Yabucoa, otras siete franquicias todavía no podrán jugar en sus estadios municipales durante la temporada 2020 que comenzará el 16 de febrero. Los equipos que enfrentan este reto son Peñuelas, que juega en Guayanilla; Humacao, que juega en un estadio más pequeño en el barrio Candelero Arriba del mismo municipio; San Lorenzo, que jugó en Gurabo y en el 2020 lo hará en Juncos; Hatillo, que juega en Camuy; Vega Baja, que juega en Vega Alta; Barranquitas, que juega en Aibonito; y Comerío, que juega en Aguas Buenas.
Los estadios municipales de Yauco, Sabana Grande y Guayanilla actualmente sirven de refugios para personas afectadas por los terremotos del último mes.
En las pasadas dos temporadas, uno de los mayores retos ha sido coordinar partidos y entrenamientos en estadios que son utilizados por más de un equipo.
“Nos trajo la logística de cómo coordinar los juegos para que no choquen entre sí. Hay ocasiones que sí chocan y tenemos que mover a ese equipo que está prestado en otro estadio, que busca otro estadio por lo menos por ese día para resolver. Tiene que ser un estadio donde se juegue béisbol doble A. Ya este es un béisbol a un nivel casi profesional, semi profesional y se requieren unas cosas que no todos los estadios tienen”, dijo el director ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Pedro Vargas.
Al problema de logística de la coordinación se le suma el aspecto comercial, porque se complica la venta de espacios para tablones de anuncios en el caso de los equipos que no cuentan con un estadio propio.
“Eso nos ha traído problemas porque se entiende también que la gente de ese pueblo que está jugando en otro (estadio), no está viendo físicamente el anuncio y esa es muchas veces la queja de los auspiciadores. Hay unas vallas que no las están viendo”, añadió Vargas sobre el problema que, aseguró, les ha provocado pérdidas económicas a los dueños de franquicias.
El terreno de juego en algunos estadios está bien, pero no tienen iluminación. Esta situación obliga a celebrar los partidos durante el día. Tal es el caso del Estadio Manuel González de Salinas y el Estadio Pedro Román en Manatí, por mencionar dos ejemplos.
Al describir el caso de Los Montañeses de Utuado, cuando jugaron en Jayuya en el 2018, Vargas explicó que “la gente de Utuado y otros pueblos tenían problemas en llegar a Jayuya por la condición de las calles, que no estaban bien. La gente se nos quejaba de que el doble juego se acababa a las 5:30 p.m. y 6:00 de la tarde. Así que cuando regresaban por la noche, estaba todo oscuro, con los derrumbes en unas áreas. Era un poquito cuesta arriba”.
A pesar de la cercanía geográfica, un viaje entre Utuado y Jayuya incluía hasta hace unos meses carreteras sin iluminación y la ausencia de puentes que colapsaron por el huracán María. Tal fue el caso del puente en la avenida Ribas Dominicci en la carretera PR-111. Esa estructura conecta a ambos municipios y fue reabierta dos años después de su clausura.
En su informe “Hacia una recuperación justa”, la organización Ayuda Legal Puerto Rico establece que el derecho a una vivienda digna incluye “tener un techo seguro, accesible, con acceso adecuado a servicios esenciales y en comunidad”.
Para el integrante de IDEBAJO y aliado de Ayuda Legal Puerto Rico en el tema de la recuperación justa, Roberto Thomas, el deporte debe verse como una actividad fundamental en la promoción de esos servicios esenciales y vida en comunidad.
“Ahora mismo hay unos jóvenes enfocados y entrenados porque tienen unos espacios y tienen una gente en la comunidad que se dedica a ofrecer esas posibilidades que si no, no estarían ahí. A nosotros se nos han acercado jóvenes a decirnos que en la medida en que no arreglen la cancha y no haya actividades recreativas, ‘vamos a estar aburridos como una ostra’. Bajo mi experiencia, cuando un joven está aburrido como ostra, no se quedan aburridos. Buscan qué hacer”, advirtió Thomas.
Describió la actividad deportiva y recreativa como “una dinámica de encontrarse entre jóvenes y empezar a generar relaciones que después se quedan a largo plazo en la comunidad. Muchas de las relaciones que yo tengo todavía es de la gente con quienes yo jugaba baloncesto”.
Igualmente, el director ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico resaltó la importancia del deporte en fortalecer el sentido de pertenencia de las personas con sus comunidades y pueblos. Para Vargas, reavivar el orgullo de pueblo y la economía local de los municipios fue una de las razones que motivó a su organización a llevar a cabo la edición 2018 del torneo de béisbol Doble A, a pesar del estado precario de la infraestructura deportiva.
“Bajamos el precio de las taquillas para que la gente pudiese ir. Porque nosotros entendíamos que dentro de toda la situación económica que estaba pasando la ciudadanía, el béisbol, aquí la gente lo disfruta y lo vive. Tú tener un pueblo como Utuado, Cayey, Juncos, que son franquicias grandes de muchos años, pues nosotros entendíamos que la gente de esos pueblos se merecían un respirito dentro de la situación y que pudieran ir a ver los juegos. Jugamos en parques en que el techo no estaba completo, con problemas de agua en algunos. Los jugadores hicieron sacrificios también”, explicó Vargas sobre el torneo de 2018.
Rafael R. Díaz Torres es miembro de Report for America
Se especializa en temas de deporte, medios y sociedad. Ha trabajado como periodista en The Puerto Rico Daily Sun y NotiCel. También ha colaborado con los periódicos Diálogo y 80grados. Es profesor de Geografía en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Posee maestrías en Geografía y Estudios Mediáticos de la Universidad de Penn State. Actualmente trabaja para el CPI como parte del programa Report for America.