En lo que fue un salón de matemáticas en la Escuela Amalia López de Vilá, en Levittown, ahora hay un hombre en el suelo. A su alrededor, hay documentos escolares que se convirtieron en basura y listas de asistencia que se quedaron allí cuando el Gobierno cerró el plantel en el 2018. También hay excreta seca, jeringuillas usadas y otros materiales que utilizó este hombre para drogarse con “crack”. 

“Ya no hay caballos, pero los hubo”, dice Darío Ortiz Seda, un líder comunitario que acompaña al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en un recorrido por las escuelas cerradas en Levittown. 

Es sábado. Al lado de esta escuela arropada por la maleza hay una cancha bajo techo donde jóvenes juegan un torneo de voleibol femenino. Del otro lado del plantel, hay una iglesia, y a vuelta redonda hay un mar de casas. 

A unas cuantas calles de aquí está la Escuela John F. Kennedy, también cerrada y abandonada en 2018. De ser una escuela elemental, pasó a ser un campo de gotcha y también un mini vertedero clandestino, al lado de lo que fue un parque bajo techo de pequeñas ligas de béisbol, que según el Municipio costó alrededor de $8 millones, y lleva años abandonado. 

La misma suerte de abandono corrió la Escuela María Libertad Gómez en 2016, donde precisamente hay tres hombres, vestidos con ropa militar. Disparan sus pistolas de gotcha contra las paredes, “perfeccionando la puntería” para cuando comience “la cura” sabatina. En los pasillos y salones de esta escuela también hay jeringuillas y caca seca. 

“Si no hubiéramos rescatado la Escuela Elemental Lorencita Ramírez de Arellano [que estaba igualmente en desuso], estaría así como el resto de las escuelas abandonadas en Levittown”, asegura Ortiz Seda. 

De 23 escuelas que había en Toa Baja, cerraron ocho entre el 2016 y el 2018, cinco de ellas en Levittown. Hoy día, con excepción de la Escuela Elemental Lorencita Ramírez de Arellano, el resto de las escuelas cerradas en Levittown están abandonadas.

La compra de planteles fue impulsada como política pública desde el 2016 mediante una orden ejecutiva del exgobernador Alejandro García Padilla que sirvió de base para las ventas que materializó su sucesor, Ricardo Rosselló Nevares, con la firma de la Ley 26 de 2017. Según las cifras oficiales entre 2016 y 2021 en Puerto Rico  se cerraron 480 escuelas públicas.

“Logramos rescatar esa escuela porque nos mantuvimos firmes, con una iniciativa que todavía hoy, a pesar de los múltiples obstáculos gubernamentales, tiene como prioridad ofrecer un servicio genuino a la comunidad”, explica el líder comunitario de Toa Baja. 

En la Escuela Elemental Lorencita Ramírez se organizó por primera vez, en 2018, el Movimiento al Rescate de Nuestras Escuelas (MARES), una organización sin fines de lucro, cuya Junta de Directores es presidida por Ortiz Seda. 

Al llegar al portón principal de este plantel lo primero que se escucha es el ruido de generadores eléctricos. Hay un voluntario pasando trimer y otro arreglando daños en el techo. Son varios los generadores eléctricos que compraron estos voluntarios. Están distribuidos por todo el plantel, porque luego de rescatar la escuela y habilitarla para ofrecer múltiples talleres educativos, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) les suspendió el servicio. 

Así llevan casi un lustro luchando por la titularidad de la propiedad al tiempo que dan clases de zumba, teatro, educación física, recursos naturales, arte, y ofrecen tutorías gratuitas e imparten talleres agrícolas a la comunidad. “Pero lo que hacen es meternos el pie”, insiste Ortiz Seda. 

Burocracia del abandono

En el 2021 el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, junto a la representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Deborah Soto Arroyo, presentaron la Resolución Conjunta 28 de la Cámara de Representantes para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles (CEDBI), la transferencia de la escuela a MARES, por el valor nominal de $1. La medida recibió un veto de bolsillo del gobernador Pedro Pierluisi en enero de 2022. 

El CEDBI se creó con la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal con el fin de “llevar a cabo todas las acciones necesarias para lograr la disposición de los bienes inmuebles”, bajo la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF). Entre 2017 y marzo de 2023 el CEDBI aprobó el alquiler de 206 planteles escolares en desuso a los municipios y 82 escuelas a entidades privadas. Según el informe de transición del extinto Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares, bajo CEDBI, entre 2017 y 2019 se arrendaron 231 planteles por un año y un canon de un dólar mensual. La AAFAF no precisó si las 231 permanecen bajo alquiler al momento. 

Asimismo, entre 2018 y marzo de 2023 el CEDBI autorizó 36 transacciones de compraventa de escuelas a entidades privadas y ocho a los municipios, de acuerdo con la información provista. 

Desde el 2016, el gobernador García Padilla autorizó la comercialización de los planteles no utilizados por el Departamento de Educación a través de una orden ejecutiva que también requirió al secretario de esa agencia a presentarle al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) el inventario de las escuelas disponibles para la venta. Desde 1975, el secretario del DTOP tiene la facultad de vender, permutar, gravar y arrendar cualquier propiedad del Estado que dejé de tener utilidad pública.

En realidad, la venta, permuta o arrendamiento de las escuelas en desuso recae en el DTOP. No obstante, los alcaldes tienen el poder político para emitir recomendaciones, permisos y promover los usos que quieren para las escuelas cerradas dentro de sus municipios.    

Unas 844 escuelas (56.9%) son operadas por el Departamento de Educación, mientras que 470 estructuras que antes eran escuelas están cerradas o abandonadas y 170 (11.5%) estructuras son operadas por alguna organización, según un nuevo informe realizado entre marzo y junio de 2022 y presentado esta semana por El Puente: Enlace Latino de Acción Climática de Puerto Rico, en colaboración con el Centro para los Estudios Puertorriqueños del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. El Proyecto Inventario de Escuelas Públicas en Puerto Rico (2011-2022), documentó mediante visitas presenciales el estado de 1,492 planteles que están en una lista oficial provista por el Departamento de Educación. 

En febrero de 2022, luego de concluida una reunión del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública en La Fortaleza, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, aprovechó la oportunidad para cuestionar al Primer Ejecutivo sobre el veto de bolsillo. La respuesta del Gobernador se limitó a señalar la posibilidad de algún error, y dijo que refirió el caso al CEDBI. 

La secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró Mojica, informó al CPI que “la medida estaba mal redactada, el título no correspondía al resuélvase y eso la hacía inconstitucional”. Especificó que las secciones dos, tres y cuatro no eran compatibles con la sección uno. “Por estar los cuerpos legislativos en receso no se podía devolver para arreglarla. Se habló con los autores en enero de 2022 para que la volvieran a radicar y aprobar”, añadió. La presidenta de la Federación de Maestros negó que la medida tuviera errores y destacó que fue aprobada unánimemente por Cámara y Senado. Puntualizó que cuentan con toda la documentación para completar el proceso a través del CEDBI. 

“Bajo la administración del [exSecretario de Educación] Eligio Hernández (2019-2020) logramos varias reuniones. Y llegamos a La Fortaleza para manifestarnos, junto a la presidenta de la Federación de Maestros y otros compañeros. Nos atendieron”, relata Wanda Ivelisse González, secretaria de la organización MARES. “Después de varias reuniones con el Departamento de Educación, durante varias semanas, llegamos a un supuesto acuerdo para que nos cedieran el espacio, pero nos dijeron que teníamos que esperar a que le transfirieran la estructura al Departamento de Educación desde el Departamento de Transportación Obras Públicas. Hasta el sol de hoy”, agrega.

De acuerdo con la lista de planteles escolares en desuso disponibles que informó el CEDBI actualizada en marzo, sólo hay 31 escuelas en todo Puerto Rico que podrían estar disponibles para transacciones de venta, permuta o arrendamiento. Mientras que en la lista de las transacciones de escuelas cerradas aprobadas por el CEDBI hasta diciembre de 2022, hay tres escuelas en este municipio cuyos arrendamientos fueron aprobados. 

En ninguna de las listas figura la Escuela Lorencita Ramírez. 

El CEDBI aprobó arrendarle al Municipio de Toa Baja las escuelas María Libertad Gómez, en Levittown, y la Antonia Sáez Irizarry, del Barrio Pájaros. Aunque la transacción se aprobó en 2020, ambas están en total abandono. La tercera escuela en desuso de Toa Baja en esa lista de arrendamientos es la Ernesto Juan Fonfrías, en el Barrio Candelaria, que fue arrendada por un término de cinco años a la organización Corazón Azul, Inc., un centro de vida independiente para adultos mayores de 21 años con autismo.

Según se les informó, MARES debía hacer una gestión adicional y someter una carta de referencia de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) y copia de la planilla correspondiente al 2022, y así lo hicieron.

Antes de que se incluyera en la lista de cientos de escuelas cerradas, Mercedes Martínez fue maestra de este plantel y sus hijos también estudiaron en la Lorencita Ramírez. 

“Cuando se comenzó a rescatar esta escuela, se hizo un censo en la comunidad donde participaron más de 200 personas para saber qué la comunidad quería que ocurriera en esta escuela. Como resultado, todos los sábados aquí se dan clases de bellas artes, de educación física y se ofrecen estudios supervisados a la comunidad con maestros del Departamento de Educación. Hemos convertido esta escuela en un centro comunitario producto de una alianza de comunidad”, dice Martínez. 

Lamenta que la escuela, que tenía un teatro de nivel elemental con capacidad para 150 personas, camerinos y baños quedó en desuso cuando el plantel cerró. 

“Lo abandonaron. Un teatro nuevo. Al Gobierno no le bastó con cerrar la escuela”, critica. “Cuando vieron que la rescatamos, cortaron la luz. Y no podemos poner placas solares porque no contamos con la titularidad. Aún así, estamos aquí y los niños están aquí”, agrega. 

Mientras estamos de visita, en el teatro hay una decena de niños bailando. Completan una sesión en parejas. Son tres grupos de estudiantes los que están tomando clases en la escuela. Un grupo toma movimiento corporal, otro toma un taller de recursos naturales y el tercer grupo de teatro. Rotan para poder tomar las tres clases del día. Son alrededor de 40 estudiantes. Están aquí desde las nueve de la mañana hasta las doce del mediodía. 

En febrero hicieron gestiones para que no suspendieran el servicio de agua potable en la escuela, luego de una visita de representantes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Como respuesta, MARES sometió evidencia de los trámites con CEDBI y La Fortaleza y, aunque detuvieron el corte, siguen con la incertidumbre de una posible suspensión del servicio en cualquier momento. 

Una forma distinta de educar

Juan Camacho se retiró del magisterio en el 2006 luego de casi cuatro décadas en el sistema público. En los últimos cuatro años fue maestro de segundo grado en un proyecto montessoriano. A sus 76, Camacho, quien fue dirigente magisterial, es parte de los maestros voluntarios que llegan a la Escuela Lorencita Ramírez de Arellano. 

“Aquí ofrezco clases de poesía y recursos naturales en un ambiente de más libertad”, sostiene. “La idea es que los niños rompan con la rutina académica. Aprenden divirtiéndose y eso es fundamental”.

Para Camacho ejemplos como el de esta iniciativa, contextualizada en el caso particular de tantos cierres de escuelas en Levittown, son un mensaje al Estado de que los proyectos pueden continuar en este espacio. 

“Tenemos un proyecto corriendo”, dice con orgullo Camacho. “¿Que es pequeño? Sí, es pequeño porque lo estamos haciendo con nuestros propios recursos y gastando nuestro dinero. Que vengan aquí y vean lo que se hace, esa evidencia vale más que cualquier papel”, puntualizó. 

Al maestro de nivel primario le parece poco razonable que se impida o se entorpezca el rescate que hacen las comunidades de sus escuelas abandonadas. 

“Si el Gobierno no las retuvo y las dejó en el abandono, permitiendo que se convirtieran en hospitalillos, estorbos entre maleza y en adefesios en zona residencial, ¿por qué impedir que sean rescatadas?”, se pregunta. 

Vulnerabilidad burocrática 

A poco más de una hora en carro de la Escuela Elemental Lorencita Ramírez de Arellano, en Humacao, la Asociación Recreativa y Educativa Comunal del Barrio Mariana (ARECMA) reclama la titularidad de la Escuela Elemental Juan de Dios López, cerrada en 2014 y que es una de las 15 escuelas cerradas por el Gobierno en este municipio entre 2010 y 2018. 

Esta escuela también está bajo la sombrilla del DTOP y en 2020 venció el contrato de arrendamiento con ARECMA, que tiene allí su Centro de Transformación Comunitaria. Desde entonces, en la organización hay incertidumbre, particularmente por la inestabilidad administrativa de un municipio cuyo ex alcalde novoprogresista Reynaldo Vargas Rodríguez fue arrestado por corrupción en 2022, apenas un año después de su toma de posesión. 

Humacao es propietario de dos escuelas cerradas en 2017, la Adrián Medina y la Dr. Víctor Rincón y por las que pagó $336,000 en 2020 y $539,000 en 2021, respectivamente para ubicar centros head starts. Estos dos planteles son parte del listado de solo seis transacciones de compraventa aprobadas por el CEDBI para los municipios con escuelas bajo DTOP. Todas esas transacciones se aprobaron en 2019. Otras 29 escuelas bajo la sombrilla del DTOP se han vendido a entidades privadas entre 2018 y marzo de 2023. 

“Antes del 2020 estamos luchando porque se nos ceda el espacio a la comunidad, porque [el plantel] fue rescatado por su gente, por la misma comunidad luego de ser abandonado”, sostiene Zoeli Vega Vega, presidenta de la junta directiva de ARECMA. “Se han creado proyectos bellísimos, especialmente para personas de la tercera edad. Lo que queremos es tener la seguridad de que todo lo que hemos invertido aquí, en esfuerzo y en tiempo, no sea en vano y que podamos pasarlo a las próximas generaciones para continuar trabajando por el bienestar de esta comunidad”, explica.

En los últimos cinco años, el Municipio de Humacao ha tenido cuatro alcaldes. En 2019 falleció el alcalde popular Marcelo Trujillo Panisse y lo sucedió Luis Raúl Sánchez Hernández. En 2021, juramentó Vargas Rodríguez y lo sucedió Julio Geigel Pérez. Esos cambios de administración municipal han entorpecido los trámites que hace ARECMA para que se les traspase la escuela. 

“No hemos podido concretar un acuerdo ni con una administración ni con la otra. Aún ellos sabiendo lo que la organización hace en esta comunidad de Mariana, que cubrimos responsabilidades del Estado de manera voluntaria, por el bienestar de una comunidad donde vivimos nosotros. Nosotros hacemos, prácticamente, el trabajo de ellos y lo único que pedimos es que nos pasen formalmente la propiedad”, explica Vega Vega. 

Alrededor del 20% de los residentes del Barrio Mariana son mayores de 65 años, según datos del Censo del 2020. Cerca del 30% de las unidades de vivienda en esta comunidad están vacantes. 

Todavía el alcalde Geigel Pérez no ha discutido el caso de ARECMA y la Escuela Juan de Dios López con la comunidad de Mariana, tampoco lo hizo su antecesor y, al momento, ningún funcionario del municipio ha visitado esta escuela para conocer lo que aquí se hace. 

Aún así, el Municipio de Humacao presentó un Plan de Recuperación en diciembre del año pasado donde estableció la iniciativa “a corto plazo” de gestionar el traspaso de titularidad de la escuela, del DTOP a ARECMA. 

Pero del dicho al hecho hay un largo trecho. 

“Ya [en el Municipio de Humacao] no se está hablando de cedernos la titularidad porque el municipio lo presenta como algo imposible ahora mismo. Dicen que no es viable”, indica Vega Vega. “Ellos tienen un plan de desarrollo y como parte de ese plan está documentada la intención de ceder la escuela, mientras nos comunican a nosotros lo contrario. Y se amparan en que no tienen el poder para tomar esa decisión”, agrega.

Esta escuela, que opera con un sistema de placas solares gestionado por ARECMA apoyado por la organización Para la Naturaleza, es un centro de práctica para estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico y de estudiantes de distintas disciplinas de universidades privadas. También opera una clínica comunitaria, una lavandería, una biblioteca, y está en preparativos para comenzar un programa de tutorías libre de costo para los niños de la comunidad luego del horario escolar. 

Pero es algo más, pues como parte de su desarrollo, los integrantes de esta organización humacaeña, junto a estudiantes practicantes de trabajo social de UPR Humacao, elaboraron un mapa del Barrio Mariana, donde se identificaron las residencias de adultos mayores, los hogares donde hay niños o jóvenes, cuerpos de agua y personas que necesitan un plato caliente de comida diariamente. Mientras hablamos con sus portavoces, por ejemplo, entra un hombre mayor con una carta. Se trata de un caso referido por el Departamento de la Familia, que ante la insuficiencia de trabajadores sociales, recurre a esta organización para que ayude a esta persona en una situación familiar.

“Desde aquí se diseñaron varios comités en la comunidad. En el contexto de elaborar un plan de emergencia, la gente se organizó para levantar información que nos ayude a evitar lo que se vivió en este barrio en el huracán María, cuando estuvimos nueve meses sin luz y seis meses sin agua. Ahora tenemos múltiples pozos de agua en diferentes puntos del barrio y un centro que opera con energía solar. Por eso necesitamos operar con la seguridad de que esto seguirá en manos de la gente”, añade Vega Vega.

La presidenta de la Junta Directiva de ARECMA explica que son una organización con una trayectoria de 40 años. Dice que la experiencia les ha enseñado que el traspaso de la titularidad es necesario “para evitar que nuestro trabajo se vea condicionado por la inestabilidad de los procesos burocráticos y administrativos del Gobierno”. 

Nos movemos entre Humacao y Yabucoa. A seis minutos de la Escuela Juan de Dios está la Escuela Manuel Surillo, que se encuentra en total abandono desde su cierre en 2018. No figura en el listado de transacciones aprobadas por el CEDBI ni tampoco en la lista más reciente de planteles en desuso disponibles.

“Tienes organizaciones como ARECMA haciéndole el trabajo al Departamento de Educación, al Deparatamento de la Familia, al municipio, ¿y no eres facilitador? No están facilitando las cosas”, denuncia  la administradora del Centro de Transformación Comunitaria, Ricarda Figueroa.

La última comunicación del Municipio de Humacao a ARECMA fue sobre la intención de lograr un acuerdo de arrendamiento por un término de diez años. El DTOP le traspasaría la titularidad al municipio, que luego llegaría a un acuerdo con la organización. Pero un pacto similar fue lo que los trajo hasta aquí. De ahí la insistencia de la organización comunitaria en un traspaso completo de la titularidad del municipio a ARECMA.