Durante ocho años Jorge A. Rodríguez Acevedo, un maestro de 26 años de edad que enseña en un colegio privado, ahorró dinero junto a su compañera con el propósito de comprar su primer hogar. La joven pareja vio como una opción adquirir una casa que, aunque estuviera en malas condiciones, costara menos que las alternativas que ofrece el mercado, y que poco a poco pudieran reparar y lograr su sueño de establecer un hogar.

Así escogieron una propiedad del Programa de Estorbos Públicos del Municipio de San Germán que se ajustaba a su presupuesto. El 12 de enero de 2022, el educador firmó un contrato de expropiación y adquisición con Universal Properties Realty Government Services LLC., empresa contratada por el municipio para manejar los estorbos públicos, y bajo la promesa que le entregarían la casa en nueve meses, le dio $25,000, que eran los ahorros de la pareja. 

A casi dos años de iniciado el proceso la pareja no tiene ni casa ni ahorros. Cada dos semanas llamaban para saber el estatus de su caso. Al principio, la compañía se justificaba con el argumento de que tenían muchos casos atrasados, pero luego empezaron a retrasar la fecha para culminar la expropiación y entregarles la propiedad. Cuando se vencía esa nueva fecha les decían que tomaría más tiempo y prorrogaban a un nuevo término.

“Nos decían ‘falta este documento’ o ni siquiera contestaban. Esta compañía nunca fue abierta [con nosotros]. Te daban un número de teléfono donde te decían ‘no tengo acceso completo, llámate a este otro número’ y ese otro número nunca contestaba. No pudimos hacer mucho. No nos dieron la casa, no nos dieron el dinero y aún nos están debiendo $25,000”, dijo Rodríguez Acevedo en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La preocupación de Rodríguez Acevedo se agudizó al publicarse las denuncias de irregularidades de Universal Properties Realty en el manejo y disposición de estorbos públicos lo que provocó que la compañía fuera referida al Departamento de Justicia. No obstante, cuando llamaban para dar seguimiento a su caso la respuesta seguía siendo que el proceso estaba en pie. 

En agosto, Jorge y su compañera se enteraron de que el Municipio de San Germán canceló el contrato y demandó a Universal Properties Realty. A partir de ese momento, perdieron toda comunicación ya que el número de la persona contacto de Universal en San Germán estaba desconectado y, en las oficinas centrales, les prometían que se comunicarían para proporcionarles información, pero nunca lo hicieron.

En conversaciones con funcionarios municipales, el joven maestro se enteró de que, contrario a lo que le habían dicho, la compañía nunca presentó  en el Tribunal la solicitud de expropiación forzosa de la propiedad. 

“O la propiedad o el dinero. No pueden quedarse con las dos cosas porque eso representa un robo a mí y a mi familia”, afirmó Rodríguez Acevedo, quien señaló como responsables a Universal Properties Realty y al Municipio de San Germán.  

Rodríguez Acevedo es uno de varios compradores que no saben cuándo recuperarán el dinero que le entregaron a la compañía por una propiedad. Varios alcaldes, que contrataron los servicios de Universal, mencionaron al menos 96 casos de compradores que entregaron dinero a la compañía y no han logrado el traspaso de las propiedades a sus nombres ni el reembolso del dinero.

Universal Properties Realty ofrecía a la venta los inmuebles de una lista de estorbos públicos que ofrecía el municipio. Hacía contratos de venta futura, cobraba el dinero anticipadamente a los compradores, pero no lo depositaba en una cuenta de plica (una cuenta especial requerida por ley y separada de la cuenta de la empresa) para que estuvieran disponibles en caso que no se culminara la compraventa, según se desprende de entrevistas con alcaldes y documentos judiciales. La compañía le reconoció al Municipio de Caguas que utilizaba parte del dinero para sus gastos operacionales y argumentó, entonces, que no era un requisito tener la cuenta de plica. 

La compañía argumentó que su función fue de ente facilitador entre el municipio y el comprador, con el deber de asistir “al municipio en todo el trámite, tanto administrativo como judicial para la expropiación forzosa de la propiedad y su posterior transferencia al solicitante adquirente. Dicho de otro modo, UPRGS [Universal Properties] no ejerce funciones como agente de bienes raíces, sino que es el intermediario entre el MAC [Municipio Autónomo de Caguas] y un tercero”, lee la carta enviada por la empresa al Municipio pidiendo reconsideración de la cancelación de su contrato en mayo.

No obstante, en 19 de los 22 contratos que Universal Properties Realty firmó con varios municipios, aseguraba que el dinero de los compradores se depositaría en una cuenta de plica, halló el CPI. La cuenta especial se menciona también en todas las propuestas de servicios con los municipios que el CPI examinó. El depósito del dinero en una cuenta de plica no consta en los contratos firmados con Caguas, Morovis y Guánica en el 2021, pero sí en las propuestas que se anejan a esos contratos.

Universal Properties Realty y los municipios que contrataron sus servicios fueron negligentes al no mantener una cuenta de plica para garantizar la disponibilidad del dinero pagado como opción de compra de los estorbos públicos, de acuerdo a expertos consultados por el CPI. Esa omisión incumple con la Ley 10 de 1994, que reglamenta el negocio de bienes raíces en Puerto Rico.

El 31 de mayo de 2023, Jeanice Rodríguez Pagán y su cónyuge Luis A. Dávila Ortiz presentaron una demanda por cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños contra Universal Properties y contra el Municipio de Arroyo. Exigen el pago de $140,000 por concepto del dinero que pagaron a la empresa por una propiedad que nunca se les entregó y para que se les indemnice por los daños ocasionados a la familia que se ha visto privada de obtener una nueva propiedad. 

El 20 de abril de 2022 el matrimonio pagó $90,000 para adquirir una casa en el barrio Ancones de Arroyo. Varios meses después vieron que la estructura estaba siendo remozada. Universal Properties Realty les dijo que las mejoras eran realizadas por su personal, pero luego el matrimonio se enteró de que la propiedad fue vendida por su dueño a otra persona, según consta en la  página digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Cuando pidieron el reembolso de su dinero, Universal Properties Realty solo envió un cheque por $20,000, por lo que optaron por acudir a los tribunales.

En la demanda se argumenta precisamente que los cheques entregados por la pareja a Universal Properties Realty no fueron depositados en una cuenta de plica como dispone la ley sino en la cuenta regular de la compañía. El Municipio de Arroyo es codemandado porque la empresa actuaba en nombre del ayuntamiento.  

Todo corredor, vendedor y empresa de bienes raíces tiene que tener una cuenta de plica activa si está utilizando su licencia de corretaje. Ahí es que se depositan los fondos que menciona la Ley 10, reiteró al CPI la presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Melissa Montero. 

“Esas cuentas pueden ser auditadas por el Departamento de Asuntos del Consumidor y por la Junta Examinadora. No tiene opción”, sostuvo Montero.

Los municipios debieron supervisar adecuadamente el fiel cumplimiento del contrato, procurar que la empresa rindiera cuentas periódicamente sobre sus gestiones y sobre el dinero que recibían por opcionar las propiedades declaradas estorbos, sostuvo la Dra. Palmira N. Ríos González investigadora académica y expresidenta de la Red Interamericana de Educación en Administración Pública.

“Este nivel de negligencia, porque el término es negligencia, es lo peor de la administración pública porque es contrario al principio básico que nos dice que, si vas a empezar un proyecto, el que fuera, tienes que tener un plan de implementación, evaluación y monitoreo del mismo. Si las cosas no están funcionando como esperabas, haces un detente, haces ajustes y continúas. No hay nada malo en eso”, sostuvo Ríos González.

Si bien es cierto que Universal Properties Realty recibía dinero de ciudadanos y entidades privadas interesadas en adquirir los estorbos, las propiedades en venta son consideradas públicas porque — al ser expropiadas — el municipio obtiene el dominio, inmediata posesión y uso de la propiedad e incluso el Tribunal ordena al Registro de la Propiedad a inscribirla a favor del municipio.  

“Ellos manejan propiedad del municipio”, afirmó la profesora retirada. 

Los municipios — que figuran como codemandados en varias acciones judiciales — corren el riesgo de tener que asumir las deudas de Universal Properties Realty con los compradores de estorbos públicos.  

El Código Penal establece entre los Delitos contra el Cargo Público que incurrirá en delito menos grave “todo funcionario o empleado público que mediante acción u omisión y a propósito, con conocimiento o temerariamente, incumpla un deber impuesto por la ley o reglamento y, como consecuencia de tal omisión se ocasione pérdida de fondos públicos o daño a la propiedad pública”.

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres firmó este lunes la Resolución 17 que crea un fondo especial de $656,600 para la reparación de agravios como mecanismo para atender “las reclamaciones ciudadanas resultantes de los actos u omisiones de la corporación Universal Properties Realty Government Services”. Además, la medida establece que al momento de la cancelación del contrato, la empresa había suscrito 31 acuerdos de adquisición con terceros adquirentes sin que se iniciara el trámite judicial. Al menos 21 de estos compradores han notificado al municipio su intención de desistir de la adquisición de la propiedad.  

El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, señaló que para los municipios pequeños, que tienen poco personal, la contratación de compañías privadas  para manejar los programas de estorbos públicos puede ser una alternativa efectiva, pero únicamente si el municipio está pendiente de velar y garantizar la pureza de los servicios contratados.  

“No podemos dejar todo en manos del ente privado”, dijo en entrevista con el CPI el también alcalde de Camuy. Indicó que en su pueblo ese servicio lo presta la entidad sin fines de lucro Centro para la Reconstrucción del Hábitat, Inc., quienes solo participan en la primera fase de identificar los estorbos, y no tiene participación en el proceso de expropiación.

El CPI entrevistó a cinco compradores de estorbos a quienes se les debe dinero por propiedades opcionadas y todos dijeron que les preocupa que ni la empresa ni los municipios respondan. Contra Universal Properties Realty hay al menos seis demandas de cobro de dinero e incumplimiento de contrato de ciudadanos y corporaciones, quienes incluyen como codemandados a los municipios donde están los estorbos públicos. Otras tres demandas por situaciones similares ya tienen sentencias del Tribunal. Al cierre de esta edición, la compañía no había contestado la llamada del CPI para reaccionar a estos señalamientos. 

Universal Properties Realty enfrenta, además, las demandas de los municipios de Caguas, San Germán y Guayama, que reclaman incumplimientos de contrato, entre otras alegaciones. El Municipio de Humacao también demandó en noviembre de 2021 para que le devolviera los expedientes de los casos de estorbos referidos y por incumplimiento de contrato. El Tribunal falló a favor del municipio. 

El Municipio de Guayama radicó el 26 de septiembre de 2023 una petición de interdicto para que Universal entregue todos los expedientes relacionados a los estorbos públicos que manejó y para que consigne en el Tribunal el dinero obtenido por la empresa de parte de los adquirentes de esos inmuebles. Reclama también $2 millones en daños.

El municipio alega que esos contratos de compraventa se dieron sin su conocimiento ni su participación. La administración municipal estima que son 40 casos. La vista judicial del pasado miércoles se suspendió porque no se había podido emplazar a la compañía. El alcalde de Guayama, O’brain Vázquez Molina dijo al CPI que posteriormente se hizo el emplazamiento.

El alcalde de San Germán, Virgilio Dávila Dávila dijo en entrevista con el CPI que en su municipio hay 15 personas a quienes Universal Properties les adeuda dinero. Entre los perjudicados figuran pequeños comerciantes y una pareja de adultos mayores que hizo un préstamo personal de $30,000 para comprar una propiedad, según el Alcalde.

“En un principio comenzaron a devolver el dinero, incluso con cheques sin fondo, pero ya a lo último la empresa nos decía que en efecto se quedaron sin dinero y que ellos estaban buscando inversionistas para que le inyectaran dinero a la empresa. Claramente, ahí se ve que gastaron el dinero en otros usos [..] Al final del día el municipio va a responder”, aseguró. 

El Alcalde encomendó a los abogados que llevan la demanda municipal  que completen los expedientes de los 15 terceros adquirentes para que sean parte del caso judicial, a quienes Universal Properties Realty les tiene que devolver $389,574. La demanda contra Universal es por $1,872,267.   

Otro municipio que considera demandar es Toa Alta confirmó su alcalde, Clemente “Chito” Agosto. Luego de la cancelación del contrato, la compañía desapareció.

“Hasta el momento, se han reportado cuatro casos de personas que alegan haber pagado directamente a Universal Properties Realty. Estos cobros fueron realizados de manera indebida por la compañía, dejando a estas personas sin la propiedad que pretendían adquirir y sin la devolución de su dinero”, dijo el Alcalde.

El alcalde de Guánica, Ismael Rodríguez, explicó al CPI que en su municipio hubo 20 casos a los que Universal Properties Realty no les había devuelto su dinero, pero que por gestiones de su personal se consiguió la devolución del dinero a 18 compradores. 

“Solo faltan dos. Hemos tenido problemas con ellos porque han entregado cheques sin fondo”, dijo Rodríguez. 

En el caso de Arroyo, la administración municipal decidió cancelar el contrato con Universal Properties Realty tras advenir en conocimiento de que la empresa había presentado en el Tribunal cuatro recursos de expropiación a nombre del municipio sin su consentimiento. 

El abogado del municipio Luis Ortiz Carrasquillo dijo que la compañía nunca respondió a las solicitudes que, desde febrero de 2023, el ayuntamiento hizo para la devolución del inventario de propiedades y un estatus de las gestiones realizadas. Dijo que el municipio se propone desistir de los casos de expropiación presentados por Universal.

Los municipios de Loíza, Canóvanas, Cidra y Morovis, quienes tuvieron contratos con la compañía, dijeron que no tienen casos de personas a quienes Universal les adeude dinero. Los alcaldes de Juncos y Aibonito, Alfredo Alejandro y William Alicea Pérez no quisieron dar declaraciones supuestamente para no afectar la investigación en curso en el Departamento de Justicia.

Contrademanda Universal a Caguas por “provocar cancelación de contratos con otros municipios” 

Universal Properties responsabilizó al Municipio de Caguas por la cancelación de contratos en cadena que ha tenido en los últimos meses, según argumentó en una demanda que presentó contra el ayuntamiento en cobro de dinero, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. 

El recurso presentado el 21 de agosto de 2023 pide que el tribunal ordene al municipio a cumplir con el contrato, se le permita continuar los procesos, finiquitar las transacciones y cobrar por esos servicios. Además, solicitan que le paguen $2,295,000 por los gastos incurridos y los daños ocasionados, otros $6,465,000 que la empresa dice dejó de devengar y $500,000 por sanciones por temeridad, costas y gastos de honorarios de abogados.

Para el oficial investigador del Municipio de Caguas, Alex Rivera Longchamps, la demanda de Universal Properties Realty es “un ejercicio de frivolidad”.

De 22 municipios que inicialmente contrataron los servicios de Universal Properties, solo están vigentes Las Piedras y Aibonito, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor. Morovis aparece con un contrato activo, pero su alcaldesa, Carmen Maldonado dijo al CPI que fue cancelado.