Universal Properties Realty, que manejaba los estorbos públicos en 22 municipios, no depositó en una cuenta de plica el dinero de los compradores y ahora no les responde.
Ciudadanos quedan indefensos ante un patrón en el que alcaldes dieron rienda suelta a un grupo de compañías para que gestionen las declaraciones de estorbos públicos.
A la empresa se le imputa haber retenido indebidamente $1.5 millones en sus operaciones en Caguas, hacer representación falsa del Municipio e inflar sus facturas.
El proceso de declaración de estorbos públicos, la tasación de los inmuebles, la notarización de documentos, la transferencia de titularidades y la representación legal de los municipios ante el Tribunal para la expropiación forzosa de estructuras y solares, recaen todos en la misma compañía que, además, tramita la venta a nombre de los ayuntamientos.