A tres años de la privatización de la red eléctrica, el consorcio LUMA Energy se encuentra bajo fuego de la opinión pública. Aumentan la duración de los apagones, las quejas y el costo operacional del sistema energético. Al reclamo del pueblo de mayor fiscalización y cancelación del contrato, se añaden políticos, organizaciones empresariales y entidades sin fines de lucro.
Mientras tanto, las entidades gubernamentales a cargo - la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y el Negociado de Energía - se pasan la papa caliente sobre a quién le corresponde establecer los parámetros para fiscalizar a la empresa y las penalidades.
Hace más de 20 años, Puerto Rico experimentó una situación similar cuando se canceló el contrato de la empresa Ondeo, tras 18 meses de otorgado para manejar la operación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
El Centro de Periodismo Investigativo es una organización sin fines de lucro que reconoce que el requisito fundamental para las aspiraciones democráticas es que la ciudadanía esté bien informada y que existan entidades independientes con la capacidad de fiscalizar los poderes que accionan en la sociedad, sean públicos o privados.