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Entre estos 114 fondos de cobertura, se encuentran fondos buitre que, según define la Organización de las Naciones Unidas, son empresas que adquieren deuda en incumplimiento o en dificultades con el objetivo de lograr un alto rendimiento o retorno de inversión, y lo hacen mediante compra, cesión o alguna otra transacción, como pudieran ser sentencias judiciales.

Este jueves, 3 de noviembre habrá una vista ante el juez federal Francisco Besosa donde se verá la demanda consolidada de Peaje Investment, Assured Guaranty y Altair Global que buscan que se levante la suspensión de litigios que impuso PROMESA y que se restituyan fondos que alegadamente el gobierno movió entre agencias para evitar pagos de deuda.

La renunciante presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta Febo, podría activar, nuevamente, la llamada revolving door o puerta giratoria entre el gobierno y la empresa privada. En una conversación con el Centro de Periodismo Investigativo a unas horas de anunciarse su salida de la agencia el próximo 31 de julio, la funcionaria no mostró reparos a la idea de trabajar para los bonistas, con los que hasta hace unos días, estaba en la mesa negociando a nombre del gobierno.

La demanda radicada por el CPI y el periodista Joel Cintrón Arbasetti contra el Banco Gubernamental de Fomento y su presidenta Melba Acosta, así como el gobernador Alejandro García Padilla, establecía que la información es de alto interés público, ya que las firmas de inversión que buscan cobrar su deuda estaban tratando de influir en las decisiones económicas y de política pública para asegurar sus ganancias, lo que conllevaría que servicios esenciales para los ciudadanos del país se vieran afectados ante la falta de liquidez del gobierno.

CPI revela contrato con compañía que identificó a los bonistas y entrevista al presidente de BondCom, Robert Apfel.

V2A fue la firma consultora encargada de asesorar a la administración del ex gobernador del Partido Nuevo Progresista Luis Fortuño en la implementación de la Ley 7. Ahora tiene un contrato por $409,500 para "apoyar" al “grupo de trabajo” nombrado por el gobernador Alejandro García Padilla en la producción de un plan de ajuste fiscal y económico.

La certificación surge por orden de la jueza Aileen Navas.

Uno de los retos que enfrenta la cobertura sobre la crisis fiscal es la falta de información sobre los poseedores de la deuda y la evasiva de las fuentes del gobierno para ofrecer información.