Hace años que observo una transformación social y política en Puerto Rico. El histórico resultado electoral de esta última jornada no debió tomar por sorpresa a nadie debido al cada vez más evidente hastío de la ciudadanía con décadas de ciclos electorales de lealtad a los, hasta ahora, dos partidos principales sin que se hayan logrado cambios de peso en política pública, adecentamiento en la gestión pública ni transparencia en los procesos de gobernanza.
No ha disminuido la pobreza en el país, el deterioro de la infraestructura pública es cada vez más notable, los servicios públicos menguados, la falta de oportunidades y de trabajo, la corrupción, la ausencia de iniciativas de desarrollo económico local de peso que impulsen al país en una nueva dirección. Ninguno de los partidos que han tenido el turno al bate han logrado atender estos problemas estructurales. De ahí sale la diversidad que surge en la nueva Asamblea Legislativa, con decenas de caras nuevas que hacen evidente el cambio de liderato desde el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Proyecto Dignidad (PD), tras lograr en conjunto el voto del 35.14% del electorado. Resulta que no solamente han roto el paradigma político tradicional en Puerto Rico, sino que son un punto de no regreso para que el nuevo gobierno venga obligado a administrar desde el consenso para poder ser funcional.