Aunque decenas de municipios han privatizado el manejo de estorbos públicos, otros han optado por establecer bancos de tierras comunitarias o gestionarlos mediante fideicomisos que garanticen casas asequibles.
Apenas hay vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, hay escasez de boyas de anclaje, se destruyen corales, proliferan los proyectos ilegales y no hay control de impacto ambiental.