Ningún ciudadano tiene que demostrar para qué quiere un documento público que solicita al estado o cuál es su interés en el mismo, sino que es el funcionario público quien tiene que probar la necesidad del Gobierno de mantenerlo en secreto. Este derecho al acceso a la información también es aplicable a las comunicaciones electrónicas de los gobernantes y funcionarios.
Para una ciudadanía activa que valora y defiende sus derechos, la información es fundamental. Esta es la lógica tras el desarrollo de varias herramientas dirigidas a grupos con limitaciones en su acceso a la justicia.
La opinión mayoritaria del Tribunal Supremo, que determinó que una pareja del mismo sexo no puede adoptar, refleja el desconocimiento que tienen los jueces de la mayoría sobre los conceptos de sexo, género y orientación sexual.