Ernesto Del Rosario Camareno, estudiante de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tuvo que esperar más de siete meses y acudir al tribunal de Humacao para lograr acceso a información pública en poder del Municipio de Las Piedras, donde reside.
A más de tres años de su aprobación, la implementación de la Ley de Transparencia por el Gobierno de Puerto Rico ha sido deficiente e inconsistente, concluye un informe sobre la ejecución de la Ley 141 de 2019 hecho por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Debido al rezago identificado en el proceso de investigación del informe, el CPI presentó acciones legales en contra de las agencias y municipios que han incumplido con la política pública de transparencia gubernamental.
Un recurso especial de acceso a información pública fue presentado este miércoles en el Tribunal Superior de San Juan contra la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico por incumplir con una solicitud del Centro de Periodismo Investigativo sobre el plan médico del Gobierno.
Hace más de dos años que se aprobaron dos leyes para hacer disponibles ciertas categorías de datos en las agencias públicas y establecer procedimientos para el acceso a la información. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló que el Gobierno ha nombrado un 98% de los Oficiales de Información y solo un 36% de los Oficiales de Datos en las agencias, mientras que la información de la mayoría de los funcionarios nombrados o sus datos de contacto no los ha hecho disponibles al público.
Alrededor de un 20% de los nombramientos de ambos tipos de oficiales ocurrieron luego de que el CPI enviara en enero una solicitud de información. En un ejercicio por fiscalizar la implantación de las leyes 122 de 2019, “Ley de Datos Abiertos”, y la 141 de 2019, “Ley de Transparencia”, el CPI envió solicitudes de información a La Fortaleza, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y la Puerto Rico Innovation and Technology Services (“PRITS”) sobre el cumplimiento de los estatutos.
De la información y los correos electrónicos recibidos como resultado de la solicitud, se percibe que existe una duplicidad, y hasta confusión, en los nombramientos de Oficiales de Información y Oficiales de Datos. Es decir, el Gobierno contabiliza en múltiples instancias a Oficiales de Información, como si fueran Oficiales de Datos y, a su vez, varias entidades gubernamentales han nombrado a funcionarios a ambos puestos indiscriminadamente. En el intento por centralizar y uniformar esta información pública, con la ayuda de estudiantes de derecho del Programa Pro Bono de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, se crearon dos bases de datos (Oficiales de Información y Oficiales de Datos) que recopilan la información producida de forma accesible.
El Centro de Periodismo Investigativo y la Unión Americana de Libertades Civiles publican esta información para explicar el derecho de acceso a la información y la forma de ejercerlo, algo que cada persona puede hacer por derecho propio, sin necesidad de representación legal.
