Carlos F. Ramos Hernández es abogado de interés público en el Centro de Periodismo Investigativo mediante una beca de Equal Justice Works. Es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Ernesto Del Rosario Camareno, estudiante de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, tuvo que esperar más de siete meses y acudir al tribunal de Humacao para lograr acceso a información pública en poder del Municipio de Las Piedras, donde reside.
More than two years ago, laws were passed to ensure the availability of specific data generated by public agencies and to establish procedures to access government information. The Center for Investigative Journalism (CPI, in Spanish) found that the government has appointed 98% of the Public Records Officers and only 36% of the Data Officers in the agencies, while the contact information for the majority of these appointed officials has not been made available to the public. Approximately 20% of both types of officers’ appointments occurred after the CPI sent public information requests in January. In an exercise to oversee the implementation of Act 122 of 2019, “Puerto Rico Open Government Data Act,” and Act 141 of 2019, “Transparency and Expedited Procedure for Public Records Access Act,” the CPI sent information requests on the compliance of these statutes to La Fortaleza (the Governor’s Office), the Office of Management and Budget (OGP, in Spanish), and the Puerto Rico Innovation and Technology Services (PRITS). In light of the information received in response to these requests, it is clear that there is duplicity, and even confusion, with regards to the appointments of Public Records Officers and Data Officers.
Hace más de dos años que se aprobaron dos leyes para hacer disponibles ciertas categorías de datos en las agencias públicas y establecer procedimientos para el acceso a la información. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló que el Gobierno ha nombrado un 98% de los Oficiales de Información y solo un 36% de los Oficiales de Datos en las agencias, mientras que la información de la mayoría de los funcionarios nombrados o sus datos de contacto no los ha hecho disponibles al público.
Alrededor de un 20% de los nombramientos de ambos tipos de oficiales ocurrieron luego de que el CPI enviara en enero una solicitud de información. En un ejercicio por fiscalizar la implantación de las leyes 122 de 2019, “Ley de Datos Abiertos”, y la 141 de 2019, “Ley de Transparencia”, el CPI envió solicitudes de información a La Fortaleza, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y la Puerto Rico Innovation and Technology Services (“PRITS”) sobre el cumplimiento de los estatutos.
De la información y los correos electrónicos recibidos como resultado de la solicitud, se percibe que existe una duplicidad, y hasta confusión, en los nombramientos de Oficiales de Información y Oficiales de Datos. Es decir, el Gobierno contabiliza en múltiples instancias a Oficiales de Información, como si fueran Oficiales de Datos y, a su vez, varias entidades gubernamentales han nombrado a funcionarios a ambos puestos indiscriminadamente. En el intento por centralizar y uniformar esta información pública, con la ayuda de estudiantes de derecho del Programa Pro Bono de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, se crearon dos bases de datos (Oficiales de Información y Oficiales de Datos) que recopilan la información producida de forma accesible.
