La Junta de Control Fiscal, impuesta por el gobierno federal para procurar la disciplina fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus agencias, lleva casi más de un año sin publicar los informes financieros de sus miembros, según requiere la ley federal PROMESA. Tampoco ha publicado los informes financieros de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien también debe cumplir con esta obligación como miembro ex officio, o sin voto, de la Junta.
El panorama no es alentador, pues ahora la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional supervisará personalmente cualquier subvención o adjudicación de contrato que sobrepase los $100,000 antes de obligar los fondos, dijo la agencia al CPI.
La audiencia en Washington sobre la Junta de Control Fiscal deja todo como estaba. Los congresistas “evaluaron” el desempeño de la Junta con preguntas retóricas, sin parámetros concretos y sin propuestas de cambio.
Lejos de estar buscando su salida, la Junta de Control Fiscal está en su momento de mayor integración al Gobierno de Puerto Rico. En momentos en que cada parte tiene su propia lectura de lo que pide PROMESA, parece improbable que la Junta salga bajo sus propios términos.