Aunque decenas de municipios han privatizado el manejo de estorbos públicos, otros han optado por establecer bancos de tierras comunitarias o gestionarlos mediante fideicomisos que garanticen casas asequibles.
La experiencia de comunidades en Isabela y en Vega Baja muestra que el Gobierno de Puerto Rico actúa en contra de las recomendaciones de expertos y de su propia política pública, que se supone proteja los recursos costeros.