Senado de Rivera Schatz: Impecable el ex juez Santiago Concepción

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Para convertirse en juez superior, Reinaldo Santiago Concepción tuvo que pasar por varios procesos de evaluación, incluyendo un examen sicológico “riguroso” y una revisión de su reputación como ciudadano y de su calidad como profesional, para lo cual se entrevistaron vecinos, abogados, jueces y fiscales relacionados a su persona. Sin embargo, ninguna de esas evaluaciones arrojó alguna advertencia sobre el carácter del ahora ex juez, imputado de abuso físico y sicológico contra su esposa y de uso de narcóticos ilegales.

La semana pasada el Tribunal Supremo de Puerto Rico destituyó a Santiago Concepción de la judicatura y lo desaforó por los citados hechos, de los cuales el Gobierno tenía advertencias desde el 2009, según trascendió.

Antes de que se diera a conocer el patrón de abuso que llevaba contra su esposa y las ilegalidades en las que incurrió del 2005 al 2009, Santiago Concepción estuvo a cargo de la representación de casos civiles en el área de derecho de familia, cuando se desempeñaba como abogado para el Bufete Mendoza, Santiago y Álvarez, según se desprende del informe de la Comisión de Nombramientos del Senado.

También se desprende de dicho informe que del 1998 al 2000, Concepción trabajó como abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal de San Juan y Bayamón “como defensor de personas indigentes”. Posteriormente, en el 2000, fue nombrado Fiscal Auxiliar I.

Pero en caso de que alguien con el conocimiento del historial oscuro de Santiago Concepción se hubiera querido oponer a su confirmación como Juez Superior, no hubiese podido hacerlo, pues el Senado, en mayoría absoluta, bloqueó esa posibilidad.

La mayoría de ese cuerpo aprobó una moción presentada por el ex senador Roberto Arango para que se dejara sin efecto la Regla 47.9 del Senado, que estipula que la notificación al gobernador no se efectuará hasta tanto haya expirado el plazo en que puede solicitarse la reconsideración de un asunto, como por ejemplo los nombramientos al Tribunal. Una vez notificada la confirmación al gobernador, la misma no puede reconsiderarse.

De esta forma, se procedió a la notificación inmediata al gobernador sobre la confirmación de Santiago Concepción como juez, sin esperar el plazo estipulado de expiración.

La decisión de dejar sin efecto esta regla se tomó conforme al artículo 2.1 del Reglamento del Senado, el cual permite enmendar el reglamento si se cuenta con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros de ese foro. Pero la regla general es que el término para la consideración de un nombramiento se extienda hasta la conclusión de la sesión ordinaria siguiente a la fecha del nombramiento.

El día de la confirmación de Santiago Concepción, el 8 de junio de 2009, el nombramiento del juez se presentó como el primer asunto a considerarse en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, y se anunció el informe sometido por la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura, presidida en ese momento por el ex senador Héctor Martínez Maldonado, a quien se le imputaron cargos criminales por corrupción y soborno en el 2010, de los cuales posteriormente fue exonerado.

Esa comisión que presidía Martínez es responsable, entre otras funciones, de evaluar y recomendar la confirmación o rechazo de varios funcionarios públicos, entre ellos jueces del Tribunal de Primera Instancia, tan pronto los nombramientos son sometidos por el gobernador.

Por otra parte, la investigación en torno al trasfondo del nominado había sido delegada, como es la norma, a la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado. Esta oficina rindió su informe en torno al historial de Santiago Concepción el 26 de mayo de 2009.

La Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos está adscrita a la Oficina del Presidente del Senado, en ese momento Thomas Rivera Schatz, y tiene como propósito la recopilación, evaluación y preservación transitoria de información personal, psicológica, académica, profesional y financiera de los nominados por el gobernador a cargos públicos. También tiene como fin señalar hallazgos materiales y pertinentes a las funciones que ejercerá un nominado sin hacer ningún tipo de recomendación a favor o en contra.

Para ese entonces, según un reportaje publicado en Claridad en marzo de 2009, que reveló los contratos por servicios profesionales del Senado para el año fiscal 2009-2010, la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos del Senado tenía como investigador a Ramón Cruz, de la compañía Jotace Group, con un contrato de $31,980 anuales. La firma S&J Consulting también era responsable de hacer investigación con un contrato de $40,000.

Las evaluaciones sicológicas de los nominados eran responsabilidad de la sicóloga Lizzette Pérez Figueroa, contratada por $21,000.

También estaban contratados Financial Services and Consumer por $30,000; Luis F. Navas de León fungía como asesor legal por $5,000 mensuales y José J. Otaño Malavé como ayudante por $2,000 mensuales.

La evaluación de Santiago Concepción por parte de la Oficina de Evaluaciones Técnicas de Nombramientos se concentró en tres aspectos: historial personal y profesional, evaluación sicológica, análisis financiero e investigación de campo. Este es el mismo procedimiento que se aplica para la mayoría de los nominados a cargos públicos.

Como parte de la investigación de campo en torno a Concepción se entrevistaron a varios funcionarios del Centro Judicial de Carolina y Fajardo.

Los entrevistados que apoyaron el nombramiento de Santiago Concepción fueron los jueces Roberto Rodríguez Casillas, José Delgado Delgado, Felipe Rivera y Juan Hernández, los fiscales Carlos Rodríguez y Laura Hernández, y los abogados Rubén Falú Allende, Edwin Castro Fontánez, Alfredo Álvarez Le Hardy  y la abogada Lilia Ortiz Puig.

Todos los entrevistados expresaron que el nominado era conocedor del derecho, muy respetuoso con todos los funcionarios del Tribunal, responsable y con buen temperamento judicial. Además, indicaron que “está capacitado, enérgico y tiene mucho que aportar a la judicatura”.

Además, se entrevistó al licenciado Ramón Mendoza Rosario, quien compartía oficina con Santiago Concepción y quién expresó que “fueron fiscales juntos en Carolina y siempre demostró responsabilidad, seriedad, trabajaba muy bien en sus casos, buen compañero, puntual y buen litigante”.

Por último, se entrevistaron varios vecinos de Santiago Concepción, quienes los describieron como una persona “servicial, cooperador, íntegro, amable y caballeroso”.

Santiago Concepción también fue objeto, según el informe, de una “rigurosa evaluación sicológica” por parte de la sicóloga contratada por la Oficina de Evaluaciones Técnicas. El resultado de dicha evaluación concluyó que Concepción poseía la capacidad sicológica para ejercer el cargo al que fue nominado.

Luego de este informe, la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura adjudicó que:

“El historial académico y profesional del nominado demostró la capacidad, dedicación y compromiso de éste en su desempeño en la profesión legal. El examen de las calificaciones personales, académicas y profesionales refleja que el nominado cumple con todos los requisitos constitucionales, académicos y de carácter moral para ejercer el cargo al que se le designa, y tiene total compromiso y responsabilidad con la Rama Judicial”.

El pasado 22 de agosto se dio a conocer que el Tribunal Supremo de Puerto Rico destituyó a Santiago Concepción del cargo de juez y lo desaforó del ejercicio de la abogacía luego de una investigación que reveló un patrón de violencia física y sicológica contra su esposa. También se reveló que Santiago Concepción es usuario de cocaína y que visitó varios puntos de drogas mientras era juez.

Las denuncias de violencia de género contra Santiago Concepción eran conocidas por el Departamento de Justicia desde 2012, según confirmó a Primera Hora el secretario de esa agencia, Luis Sánchez Betances. Además, la directora Oficina de la Administración de Tribunales, Sonia Ivette Vélez, también confirmó al diario que en el expediente de Santiago Concepción consta una denuncia de violencia de género que hizo una mujer en el 2009 por medio de una llamada telefónica.

  • MARIA BONET RUIZ

    Además, se entrevistó al licenciado Ramón Mendoza Rosario, quien compartía oficina con Santiago Concepción y quién expresó que “fueron fiscales juntos en Carolina y siempre demostró responsabilidad, seriedad, trabajaba muy bien en sus casos, buen compañero, puntual y buen litigante”.