Senado aprueba proyecto de ley que agrava el acceso a información en Puerto Rico

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A pesar del rechazo contundente de líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro, gremios periodísticos y medios de comunicación del país, el Proyecto de Senado 63 (PS 63), que añade nuevas limitaciones a la Ley 141 de Transparencia, fue aprobado este martes por mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo legislativo. La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes. Entre las enmiendas añadidas a último minuto al proyecto de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se incluye una que establece que ninguna agencia tendrá que generar o elaborar un documento que no exista cuando se curse una solicitud de información. Además, si la información no está disponible en el formato que pidió el solicitante, la agencia deberá notificarlo y disponer de los datos en la forma que se encuentren. 

En su turno, la legisladora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón, argumentó que: “Si fuéramos a pedir un documento donde se identifiquen todos los gastos de [las escoltas de] los exgobernadores por los últimos 15 o 20 años, ese documento no existe. Tendrían que generarlo, porque aparecerá el dato en las partidas presupuestarias, los desembolsos o las nóminas de los agentes, pero el documento en sí realmente no existe.

Senado de Rivera Schatz: Impecable el ex juez Santiago Concepción

Para convertirse en juez superior, Reinaldo Santiago Concepción tuvo que pasar por varios procesos de evaluación, incluyendo un examen sicológico “riguroso” y una revisión de su reputación como ciudadano y de su calidad como profesional, para lo cual se entrevistaron vecinos, abogados, jueces y fiscales relacionados a su persona. Sin embargo, ninguna de esas evaluaciones arrojó alguna advertencia sobre el carácter del ahora ex juez, imputado de abuso físico y sicológico contra su esposa y de uso de narcóticos ilegales. La semana pasada el Tribunal Supremo de Puerto Rico destituyó a Santiago Concepción de la judicatura y lo desaforó por los citados hechos, de los cuales el Gobierno tenía advertencias desde el 2009, según trascendió. Antes de que se diera a conocer el patrón de abuso que llevaba contra su esposa y las ilegalidades en las que incurrió del 2005 al 2009, Santiago Concepción estuvo a cargo de la representación de casos civiles en el área de derecho de familia, cuando se desempeñaba como abogado para el Bufete Mendoza, Santiago y Álvarez, según se desprende del informe de la Comisión de Nombramientos del Senado. También se desprende de dicho informe que del 1998 al 2000, Concepción trabajó como abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal de San Juan y Bayamón “como defensor de personas indigentes”.