La vida de Samuel Sánchez Coreano nunca volverá a ser la misma.
El pasado 23 de octubre pasó de tener un corazón saludable a ser un paciente cardíaco tras la explosión de la Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO), condición que le acompañará por el resto de sus días.
“Yo estaba aquí mismo, feliz y contento mirando por la ventana cuando sonó ese estallido. Fue como en cadena, como un trueno bien fuerte. Para mí que se había caído un avión ahí, bien cerca”, relató en aún en pijama al mediodía, desde el sofá en donde estaba sentado la noche del siniestro.
Luego vio el resplandor, bajó con sus niños a ver qué sucedía, y rápido se percató que se trataba de la antigua refinería, hoy almacén de combustible. Su esposa agarró a los pequeños para llevárselos al refugio, y él se quedó atrás para ver un poco las imágenes que transmitían los noticieros en la televisión. En ese mismo instante le dio un ataque al corazón.
“Empecé a sudar y me dio un dolor de pecho bien fuerte, sabía que algo estaba pasando así es que bajé y en vez de al refugió me fui al hospital”, contó.
A una semana de la explosión y el fuego que le acompaño está de vuelta en su hogar, que ubica a pasos de uno de los caños contaminados por los derrames causados por el incidente, pero no es el mismo. Ahora tendrá que tomar medicamentos diariamente de por vida, porque al ser paciente transplantado de riñón no es candidato a cateterismo. Ahora apenas sale de su casa, dijo, porque se fatiga con facilidad.
Pero Sánchez no es la única víctima de salud del más reciente desastre de la CAPECO. El sábado pasado un menor de cinco años permanecía hospitalizado porque “se le quemaron los pulmones” con el humo, relató su primo José Hernández, y gran parte de los residentes de las comunidades aledañas está teniendo problemas emocionales y de sueño, aseguró el líder comunitario, Pedro Carrión.
“Desde que ocurrió no ha habido un día que no haya soñado con una explosión. Anoche soñé que me estaba quemando en Puente Blanco”, agregó.
Se desconoce cuántos residentes adicionales sufrieron complicaciones de salud debido al incidente, pero anecdóticamente decenas de personas se quejaron durante esos días de problemas respiratorios por las ondas radiales. Además, al momento ya hay seis demandas radicadas reclamando daños por el impacto ambiental y de sustancias tóxicas a los residentes.
Pero los problemas de salud relacionados a las operaciones e incidentes de derrames de la CAPECO no son nuevos.
Los planteamientos de los efectos nocivos de las emanaciones y derrames de la planta legendarios, y han sido pobremente atendidos por el Estado por décadas, según la líder ambientalista comunitaria Rosa Hilda Ramos. Según indicó, cuando la refinería operaba –hasta el 2000- descargaba Tolueno, sustancia contenida en el pegamento que causaba dolores de cabeza e inhabilidad de sumar de los niños del área, similares a los del síndrome de adicción a pegamento. La situación era de tal magnitud que se estableció una “escuela especial” en la comunidad Puente Blanco para estos menores, la Ramón B. López, y los síntomas fueron documentados en los años 90 por los maestros del plantel, pero nunca estudiados por el Departamento de Salud pese a las quejas, relató.
Según dijo, cuando la refinería cesó operaciones en el 2000 también desaparecieron los síntomas de los niños.
“Todo esto desapareció cuando la refinería cerró”, afirmó.
Lo que sí fue documentado por Salud la pasada década tras la insistencia de la comunidad fue la alta tasa de cáncer en Cataño, el pueblo más afectado por la contaminación de CAPECO y de otras industrias del área, y la alta morbilidad por asma. La morbilidad por asma resultó entre las más altas, y la tasa de cáncer resultó la más alta de los 78 municipios de Puerto Rico en todos los tipos de cáncer, apuntó.
La situación con el cáncer mejoró tras el cierre de la refinería y a raíz de la atención a reclamos de las comunidades, al punto que el año pasado Cataño fue declarado el pueblo con menor incidencia, agregó Ramos. Sin embargo, puntualizó que nunca se ha hecho un estudio integral del impacto de las operaciones de la CAPECO en la salud, incluyendo otras condiciones, de toda la población afectada que ha sido estimada en 400,000 personas en los pueblos de Cataño, Toa Baja, Guaynabo, Bayamón, San Juan, e incluso Dorado.
En 1995 Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA) radicó una orden administrativa por violaciones a la Ley Federal de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA, por sus siglas en inglés) tras haber encontrado evidencia de descarga al ambiente de cinco sustancias altamente tóxicas a la salud humana: benzina, cromo, mercurio, plomo y tolueno, según la orden II RCRA-95-3008 (h)-0303. La exposición a las sustancias, detectadas en pozos y aguas subterráneas, está vinculadas a efectos en el sistema nervioso central y a la leucemia (benzina); al cáncer, a irritación de piel y ojos, y a efectos en el sistema nervioso central y psicotrópicos (tolueno); al cáncer en los pulmones y riñones, a presión intracraneal, anorexia, vómitos, y convulsiones (plomo); y a efectos corrosivos en la piel y membranas mucosas, náusea severa, vómitos, diarrea, daño renal, y muerte (mercurio), reza el documento.
De otra parte y al otro lado de la Isla, en 1993 un derrame de una de las gasolineras Gulf de CAPECO, en Utuado, también contaminó seriamente el ambiente afectando la salud de 263 residentes del área y convirtiéndose en su pesadilla, según relata una demanda resuelta a favor de la comunidad y por la cual que la empresa deberá compensar por lo menos $1.3 millones. Durante el incidente, admitido por la compañía, la instalación arrojó entre “5,000 y 20,000” galones de gasolina al Río Grande de Arecibo. Sin embargo los residentes de la urbanización Cabrera Development reportaron sentir fuertes emanaciones desde entonces hasta 1997 y denunciaron efectos tales como padecimientos respiratorios, fuertes dolores de cabeza, mareos, irritación de la piel, ojos, nariz y garganta, alergias severas, y condiciones emocionales, según el pleito.
En los 30 casos que serán compensados, según dos órdenes de la Corte de Quiebras de 2008 y abril de 2009, hay relatos constantes documentados de visitas a salas de emergencia y de familias que sencillamente tenían que vivir encerrados herméticamente en sus hogares por la situación.
La instalación principal de CAPECO abarca 179 acres y ubica en el Parque Industrial Luchetti en Bayamón. Ésta inició operaciones bajo el nombre de Carribbean Refining Corporation en 1955 y Gulf Refining Corporation la compró en 1962. En 1984 Chevron compró a la Gulf y finalmente en 1987 vendió todos sus activos en Puerto Rico a First Oil International, propiedad del empresario israelí Gaad Zeevi. En 1988 la refinería cerró temporeramente y reabrió en 1989 propiedad de Carribbean Petroleum Corporation (CAPECO), también propiedad de Zeevi. En el 2000 CAPECO cierra la refinería citando complicaciones financieras y el precio del crudo en el mercado, y en el 2001 se acoge al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Al momento la empresa tenía ventas anuales por $412 millones, 211 estaciones de gasolina -propietarios del terreno en 128 de ellas- que controlaban el 19% del mercado detallista de gasolina en Puerto Rico, y clientes tales como Bacardí, Harbor Fuel, y el Gobierno de Puerto Rico.
Durante sus últimos 20 años de operaciones la empresa ha incurrido en múltiples violaciones ambientales que incluyen al menos 25 incidentes de derrames y emanaciones, y más de $1.3 millones en multas de la EPA.
