Contrario a la percepción pública, no todo fue miel sobre hojuelas en la aprobación del traspaso de terrenos agrícolas orgánicos de la Universidad de Puerto Rico al municipio de Gurabo y la permuta de terrenos de Yabucoa, ya que cinco de los 17 miembros de la Junta de Síndicos le votaron en contra cuestionando su legalidad y sensatez, según supo el Centro de Periodismo Investigativo.
Los cinco síndicos parecieron dejar la puerta abierta para recurrir a los tribunales en una explicación sobre sus votos en la Junta que compartieron con colegas de la comunidad académica y en la cual denuncian que el proceso se hizo a sus espaldas y fue impuesto por el gobierno, en violación a la autonomía universitaria.
En contra de refrendar las transacciones de tierras que avaló el presidente de la Junta de Síndicos, Luis Berríos Amadeo, y el presidente de la UPR, Miguel Muñoz, votaron los síndicos Isabel Picó Vidal, Carlos Pérez Díaz, Christopher Torres Lugo, Carmen Ana Miranda Rivera y Ana Matanzo Vicens.
A favor votaron Aida Ávalo de Sánchez, César A. Barreto Bosques, Agustín Cabrer Roig, Felipe Carro Rivera, Aura L. González Ríos, Norman I. Maldonado Simón y Carmen Vega Fournier,
Se abstuvieron Francisco J. Fantauzzi Córdova, Carlos Vivoni Nazario y Roberto E. Biaggi Busquets. Marisara Pont Marchese, no estuvo en la reunión porque estaba de viaje fuera del País.
Aunque la votación se efectuó en una reunión de la Junta de Síndicos el sábado el 11 de agosto, el jueves 9 se difundió la noticia sobre la controvertible permuta de terrenos de la antigua Central Roig de Yabucoa, de valor incomparable a los de Gurabo, según la propia comunidad académica.
El presidente de la UPR declaró la semana pasada que visitó los terrenos de Yabucoa y alegó que eran de valor comparable a los de la finca de Gurabo.
Los cinco síndicos opositores plantearon que la Junta “no ha sido colocada en posición de poder evaluar si los terrenos de la Autoridad de Tierras en el Municipio de Yabucoa, transferidos a la UPR mediante la Resolución Conjunta 1054 y la Orden Ejecutiva 2012-41, constituyen una justa compensación por las 50 cuerdas de la Subestación Experimental de Gurabo”.
“No se nos han presentado los estudios e informes necesarios para aquilatar los valores de todos los terrenos envueltos en la transacción. Para poder evaluar responsablemente la transacción propuesta resultaría preciso comparar el valor de las 50 cuerdas en Gurabo, clasificadas como ‘suelo urbanizable’ (y que cuentan con infraestructura), con el valor de las 300 cuerdas en Yabucoa, clasificadas como ‘suelo rústico’ y que está en parte clasificada bajo zonificación especial de reserva agrícola. Además, sería importante precisar los términos y condiciones de los contratos de arrendamiento a los que están sujetos los terrenos comprendidos en la OE 2012-41, datos que no estaban disponibles para la consideración de la Junta de Síndicos”, señalaron.
Para la consideración del asunto, los síndicos dijeron que no se les facilitó información técnica y pericial que certifique la cantidad de cuerdas a ceder al municipio, necesaria porque los lindes establecidos en la RC 1053 podrían implicar más de las mencionadas 50 cuerdas.
Aparte de las resoluciones conjuntas de la Asamblea Legislativa, el otro documento sometido a los síndicos fue la orden ejecutiva 2012-41 del 8 de agosto, con la que el gobernador Luis Fortuño ordena al secretario de Agricultura identificar cuerdas de la antigua Central Roig (que administra la Autoridad de Tierras) y “otras adicionales” para transferir a la UPR, afirmando que la Universidad “ha expresado que requieren mayores recursos para continuar ampliando sus programas de desarrollos e investigación agrícola”.
Las resoluciones conjuntas ordenan la transferencia, “libre de costo”, de la titularidad de 100 cuerdas de la Central Roig a la estación experimental agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) en Gurabo como compensación por las otras 50 cuerdas dadas al municipio para que desarrolle una escuela, hospital y viviendas, entre otros.
Tomando en cuenta la situación financiera de la UPR, que opera con déficit, los opositores apuntaron que no se definió ni existe un plan ante el gasto de habilitar estructuras e infraestructuras para el traslado y continuación de los proyectos académicos en progreso en Gurabo a otros terrenos; ni medidas para evitar el impacto adverso en la red de subestaciones del Colegio de Ciencias Agrícolas del RUM.
Planteada la vía judicial y la intromisión indebida
Quedó abierta la posibilidad de una acción legal porque los opositores concluyeron que “ante esta incertidumbre nos parece prematuro descartar, sin los informes de peritos y la consulta legal pertinente, la posibilidad de impugnar ante los tribunales la cesión de terrenos decretada mediante una medida de dudosa validez constitucional. Nuestro deber de fiducia nos obliga a una decisión cabalmente informada”.
La decisión de ceder estos terrenos fue considerada como “una intromisión indebida que altera la orientación de los programas académicos (del RUM)” y “una usurpación de las funciones propias del ámbito autónomo universitario”, concluyeron los síndicos.
Para esta decisión, la Junta no consideró ni escuchó a los representantes claustrales, investigadores y estudiantes afectados, de los recintos de Mayagüez, Humacao y Río Piedras, se denunció también.
El año pasado, la Junta acordó por unanimidad (18 de junio de 2011, Certificación 135 2010-2011) su oposición a la resolución conjunta del Senado 807, que ordenaba a la UPR permutar 100 cuerdas de Gurabo por 12 parcelas de terreno, “de cabida indeterminada”, propiedad del Municipio, entre otras razones por el impacto que tendría en la designación del RUM como “Land Grant”, lo que lo hace beneficiario de $10 millones de fondos federales para la enseñanza, investigación agrícola y divulgación de tecnologías.
Uno de los argumentos fue que los terrenos de Gurabo eran de “alto valor agrícola”, mientras los que ofrecían para la permuta tenían un “limitado uso agrícola y de un valor sustancialmente inferior”. Además, la disparidad de valor fomentaría el “enriquecimiento injusto a favor del municipio de Gurabo” y privaba a la UPR de una justa compensación.
La misma opinión del año pasado (Cert. 135) indicó otras parcelas viables para el Municipio, como la escuela Superior Pública, sin necesidad de privar al RUM de sus terrenos agrícolas.
“El asunto sienta un precedente muy peligroso para la conservación e integridad del patrimonio de la UPR”, y lo que podría pasar con la conservación de estructuras de gran valor arquitectónico e histórico, como la vaquería experimental de Gurabo a traspasarse y que es “obra única en su género, diseñada por el afamado arquitecto Henry Klumb”, señaló la oposición minoritaria sobre la decisión del 11 de agosto.
Sombra por la falta de transparencia
La falta de transparencia provocó que algunos síndicos cuestionaran al liderato de la Junta y su compromiso con los mejores intereses de la institución, ya que lo que llevaron fue “un trámite puramente formal” después que la decisión estaba tomada y ejecutada con la orden ejecutiva del 8 de agosto, anunciada públicamente como una transacción beneficiosa para la UPR a los medios noticiosos.
“El proceso se ha conducido a espaldas de la comunidad académica y de la totalidad de los miembros de esta Junta”, lo cual plantea una preocupación que “rebaza por mucho el valor de unos terrenos”, se planteó.