El gobernador Alejandro García Padilla es el quinto gobernador consecutivo que autoriza el uso de la fuerza militar local en gestiones policiales de lucha contra el narcotráfico y la violencia que genera, un recurso que se ha convertido en un patrón en los últimos años ante la incapacidad de la Policía sola en atajar el tráfico de drogas y armas por Puerto Rico.
Los cuatro gobernadores posteriores a la muy criticada e intensa militarización de la “Mano Dura Contra el Crimen” de Pedro Rosselló – Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y ahora García Padilla – todos suscribieron órdenes ejecutivas para activar la Guardia Nacional, con variadas justificaciones y de usos menos extensos, pero con el mismo propósito de combatir las drogas ilegales. Los dos últimos lo hicieron llegando a la Fortaleza. Rafael Hernández Colón, la usó para vigilancia policiaca durante la huelga de trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, en 1973.
En la década del cincuenta, también se utilizó la Guardia Nacional en contra del movimiento nacionalista.
Más reciente, Fortuño activó la Guardia Nacional al comenzar su cuatrienio (OE2009-29), “para brindar apoyo a las autoridades civiles durante situaciones de grave perturbación del orden público”.
El Mayor General Antonio J. Vicens, saliente ayudante general de la Guardia Nacional (GN), explicó en entrevista con el CPI que en el 2009, la administración Fortuño le asignó más fondos para la llamada “lucha contra el crimen”, pero subrayó que para la activación “existía un propósito” y alegó que había un “exit strategy”, o sea, condiciones para terminar.
“La policía había perdido personal y les tomaba tiempo capacitar personal. Reparamos patrullas y los acompañamos (a los policías)”, explicó el saliente Ayudante General. “Poco a poco redujeron” los recursos de la GN y “cumplieron su misión”, acotó.
La orden de Fortuño decía que el superintendente de la Policía podía solicitar apoyo de la GN “cuando sea necesaria para mantener el orden público, proteger la vida, propiedad y seguridad de los ciudadanos y garantizar servicios esenciales a la ciudadanía”.
Para el año fiscal 2012, la GN recibió más de $200 millones en asignaciones federales y $9 millones del gobierno de Puerto Rico.
En su informe de transición, Vicens explicó que de $29.9 millones de fondos federales que tenía para el 2013, unos $19.9 eran para cubrir la operación de instalaciones, seguridad, antiterrorismo, centro de lenguaje inglés, prevención de incendios, entre otros. Los otros $10 millones requieren pareo estatal para cumplir acuerdos cooperativos.
La nueva orden 2013-001 de García Padilla se diferencia de las anteriores en que es “para brindar apoyo en las labores de vigilancia en las zonas portuarias y aeropuertos a los fines de impedir la entrada de drogas y armas ilegales al país”.
El designado ayudante general, Coronel Juan José Medina, que le toca cumplirla, viene de dirigir el Programa de Control de Drogas bajo el mandato de Vicens.
El programa anti-drogas, según el informe de transición de Vicens, “ha sido de gran impacto para el país” porque contribuyó a reducir el trasiego y uso ilegal de drogas con la incautación de 94,035 libras de narcóticos, valorados en $800,836,038.26 en el mercado. Además, realizaron 6,324 de arrestos, 137 confiscaciones de vehículos y 902 armas de fuego, con un valor estimado de $3,508,565.
Este programa colabora con agencias federales y estatales en misiones de vigilancia, monitoreo y rastreo de sustancias controladas, lavado de dinero y tráfico ilegal de humanos en nuestros límites territoriales, por lo que no debería ser noticia para la fiscal de distrito federal Rosa Emilia Rodríguez, quien expresó desconocimiento sobre cómo se implantará la nueva orden de García Padilla, o para el reelecto comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien criticó la medida.
El presupuesto consolidado de la GN para el año fiscal 2012-13 asciende a $41,511,000: $11,531,000 de una resolución conjunta del presupuesto general del gobierno y $29,980,057 de fondos federales para acuerdos cooperativos entre el Departamento de la Defensa de Estados Unidos y el Gobierno de Puerto Rico.
Los fondos estatales cubren gastos de nómina ($5,315,000), pagos por servicios de agua y luz, seguros y transportación ($2,487,000), y un pareo de fondos requeridos para la construcción de un nuevo centro en Gurabo, así como gastos del programas Puerto Rico Youth Challenge, y otras operaciones ($3,729,000) del Ejército y la Fuerza Aérea en las cuales el informe de transición no abundó.
García Padilla justificó la movilización con las estadísticas de 2009-2012 de más de 4,000 asesinatos, lo cual representa un promedio de 1,000 asesinatos anuales, y porque el trasiego de drogas y armas ilegales es la principal causa de los crímenes violentos en el país. Se refirió a un estudio sobre el mercado y alto tráfico de la droga en Puerto Rico y las Islas Vírgenes (reseñado por el CPI en ¿Puerto Rico es un narcoestado o estamos exagerando?), titulado “Análisis del Mercado de la Droga en el Área de Alto Tráfico de Droga en Puerto Rico e Islas Vírgenes”, del Centro Nacional de Inteligencia contra la Droga (NDIC, por sus siglas en inglés), el cual proyectó en el 2009 un alza de este trasiego por la vía marítima de bienes ilegales.
“Desde la publicación de dicho estudio, se ha convertido en realidad ese críptico escenario. Se ha citado, incluso, que más del cincuenta por ciento de los asesinatos en el país están vinculados de alguna manera u otra al negocio de las drogas. El trasiego de armas ilegales está íntimamente atado a dicha situación”.
La orden de García Padilla ubica militares “en lugares estratégicos” para interrumpir la cadena de distribución de armas y drogas ilegales mediante “la inspección de los cargamentos que ingresan a la Isla en cada uno de los puertos y aeropuertos”.
Órdenes anteriores
Los mecanismos para facilitar la movilización militar son similares en estas órdenes, aunque las últimas cubrieron los gastos del Fondo de Emergencia y la presente agrega hacer “compras de emergencia” para adquirir materiales y equipo. Se basan en el Código Militar (Ley 62 de 1969), que faculta al Gobernador a tomar tal acción, “cuando las autoridades civiles no pudieran afrontar las mismas y tal movilización sea necesaria para mantener o restablecer el orden público y garantizar la seguridad de vidas y propiedades”, explica la orden de 2009.
Calderón usó este recurso de forma general (OE-2004-38) para que la Guardia Nacional apoyara un plan de trabajo de la Policía Estatal, con cargo al presupuesto general, concentrándose en zonas de alta incidencia criminal, como San Juan.
Bajo la administración de Rosselló, su uso fue más intenso, militarizando los operativos policiacos Mano Dura Contra el Crimen (OE1993-08) y ocupando residenciales públicos.
En su penúltimo año, Acevedo Vilá hizo una orden cualificada (OE2007-01), para “estar en alerta máxima y preparados para responder de forma inmediata en caso de que sean activados para brindar apoyo a la Policía” luego de una alarma de la población cuando en los primeros quince días del 2007 se disparó la cifra de asesinatos, aunque habían bajado en los dos años anteriores.
Estas órdenes confieren a los guardias “carácter de funcionarios del orden público, con todos los poderes y obligaciones inherentes a tal carácter”, autorizan su compensación y otros gastos.
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