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Former Gov. García Padilla, Rosselló’s Lobbyist and Officials Opened Doors for LUMA
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Influential people with privileged access steer the company that manages Puerto Rico’s electric power transmission and distribution system.
Influential people with privileged access steer the company that manages Puerto Rico’s electric power transmission and distribution system.
El exgobernador Alejandro García Padilla telefoneó a legisladores de su Partido Popular Democrático para que se reunieran con Wayne Stensby, el polémico director ejecutivo de LUMA, la empresa que administra el sistema eléctrico de Puerto Rico.
The most recent version of Puerto Rico’s fiscal plan for its central government would chart the future of the country, giving some degree of certainty to citizens, businesses and investors to bet on the island’s dismal economy. Yet it is built on economic projections totally incompatible with the historical experience of places that have been destroyed by hurricanes the world over. The plan also clashes with what has been Puerto Rico’s economic trajectory. In the past 30 years, the economy has never reached annual growth such as that estimated for fiscal year 2019 by the financial team of Governor Ricardo Rosselló Nevares. The group is led by Christian Sobrino, governor’s representative before the Fiscal Control Board (FCB), chief economic adviser to the governor, president of the Government Development Bank and chairman of the Financial Advisory & Fiscal Agency Authority (AAFAF by its Spanish acronym); and Gerardo Portela, executive director of AAFAF and by virtue of his position, member of the boards of directors of all public corporations.
Pese a toda la inversión de tiempo y fondos públicos, todos los planes coinciden a rasgos generales en las medidas basadas en proyecciones de crecimiento de la economía de Puerto Rico no sustentadas, que demuestran el alto nivel de incertidumbre que permea el proceso. Además, los planes comparten un problema esencial: ninguno refleja realmente lo que será el futuro de Puerto Rico ya que será el Tribunal Federal y el proceso de reestructuración de la deuda lo que al final del día decida cuánto dinero habrá disponible para la operación del Gobierno y cuánto irá destinado al pago la deuda pública.
V2A fue la firma consultora encargada de asesorar a la administración del ex gobernador del Partido Nuevo Progresista Luis Fortuño en la implementación de la Ley 7. Ahora tiene un contrato por $409,500 para “apoyar” al “grupo de trabajo” nombrado por el gobernador Alejandro García Padilla en la producción de un plan de ajuste fiscal y económico.
Este miércoles, 3 de junio, la Comisión para el Desarrollo Cultural (CODECU), designada por el gobernador Alejandro García Padilla, presenta su informe final. El programa radial Te Cuento, de Radio Universidad de Puerto Rico, estuvo en busca de las reacciones de distintos sectores a esta iniciativa y nos cuenta los detalles en este ‘podcast’ Esperando al CODECU. En el programa se escuchan las voces de la productora teatral, actriz y directora Provi Seín (Producciones Aleph), del músico y director musical Sammy Morales (SM Quinteto, Música UPR), del artista plástico Chemi Rosado y de la directora ejecutiva de Ballet Concierto de Puerto Rico, gestora cultural y música, Zeida García Casillas. En el programa también participan el académico catalán Alfons Martinell, estudioso de las políticas culturales y afiliado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Mareia Quintero, vicepresidenta de la Comisión para el Desarrollo Cultural y profesora de la Maestría en Gestión Cultural, así como Margarita Ostoloza, ex senadora y profesora en la Facultad de Ciencias Sociales del recinto riopedrense. Las entrevistas fueron realizadas en colaboración con estudiantes de maestría de la Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
García Padilla usó el escenario de la empresa de uniformes militares Propper International, acusada por abuso laboral, acoso sexual y discriminación en contra de las trabajadoras, para dar su mensaje sobre la reforma contributiva.
Cuatro gobernadores posteriores a la muy criticada e intensa militarización de la “Mano Dura Contra el Crimen” de Pedro Rosselló – Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y ahora García Padilla – suscribieron órdenes ejecutivas para activar la Guardia Nacional.